A diversos autores se ha atribuido la trillada frase según la cual “la política es el arte de lo posible”. Autoría incierta pero palpable banalidad apenas se reflexione un instante en tal pretendida definición. En efecto, cualquier arte es solo arte de lo posible. No podría ser de otro modo si tenemos presente que todo arte intenta reflejar una idea sobre una
Sin ser tampoco una definición propiamente dicha es, al menos,
LA IMPOTENCIA
Todo indica actualmente que si el Gobierno encabezado por Javier Milei corre alguno de tales riesgos se trata presumiblemente del segundo. Veamos: lo está en juego hasta hoy es modificar la constitución real del país (vid. Ferdinand Lassalle, ¿Qué es una Constitución?), actualmente de naturaleza capitalista-prebendaria, corporativa y proteccionista, en dirección hacia una de índole capitalista-competitiva y globalmente aperturista.
Sin duda esta transformación puede, en principio, abordarse al margen de la parafernalia procedimental requerida para las reformas de la Constitución formal. De hecho puede ser formalizada tanto mediante otro tipo de recursos extraordinarios (Decretos de Necesidad y Urgencia, megaleyes) como a través de modificaciones sucesivas y sistemáticas de la legislación ordinaria –incluyendo la apelación a formas de democracia semidirecta-, dejando intacto el texto escrito de 1994.
Ante semejante pretensión, sin embargo, restan en pie dos posibles límites a la voluntad palingenésica del Gobierno: uno es el de carácter judicial que, dado el control de constitucionalidad difuso que nos rige podría en cualquier momento paralizar tal proceso generando crisis de gobernabilidad, y otro relativo a la fuerza real, fáctica de que disponga el Gobierno no solo para acometer, sino, sobre todo, para sostener en el tiempo empresa semejante. Estamos aquí más allá de las fronteras de lo jurídico, en plena
EL ZEITGEIST
En este punto resulta significativo analizar la coyuntura en el marco del
Jamás, desde la Guerra de Secesión, los EEUU han estado tan próximos como hoy a una contienda interna armada. Nunca como en la actualidad ha estado España tan desgarrada con el renacer de los fantasmas del ’36. En muchas décadas, en realidad desde 1964, no hubo violencia significativa entre derechas e izquierdas en Brasil como la registrada a comienzos de los ‘20. Ni la derecha dura tuvo el acceso a los gobiernos de Italia, Hungría o los Países Bajos de que hoy dispone, ni se situó en segundo lugar en las encuestas como en la Alemania de hoy. Tampoco nunca la izquierda raigal tuvo una conciencia de sí tan coherente como la que se manifiesta en el wokismo, ni llegó a proyectarse bajo tal modalidad sobre áreas del mundo político-intelectual como hoy lo hace, especialmente en los países centrales.
Todo ello sin omitir la referencia a pueblos ajenos a nuestra área cultural, y por ello difícilmente homologables, pero en los que inocultablemente tienden a prevalecer las tendencias favorables a la autoridad política, la defensa cultural y la libertad económica que distinguen a la Derecha. En esta perspectiva entendemos que
EL PACTO DE MAYO
En tal marco cabe aludir a los dos documentos planteados por el Presidente en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa y a su significación funcional. Los diez puntos del “Pacto de Mayo”, por un lado, constituyen un esqueleto doctrinal que refleja el aludido cambio de régimen votado por el país el 19 de noviembre, voto en el cual confluyeron ciudadanos que registraban, y en alguna medida quizás todavía registren, afiliaciones partidarias diferenciadas. La suscripción de tal acuerdo el próximo 25 de mayo implicaría dar a luz un instrumento heurístico orientativo respecto del nuevo orden que se procura consolidar Sin tratarse de un texto constitucional propiamente dicho resultaría un dispositivo difícilmente soslayable en la interpretación de los ejes de nuestro plexo jurídico y toda actividad jurisdiccional realista debería tomarlo en cuenta.
Distinta resultará la función de lo que Milei ha llamado, colectivamente, “proyectos anticasta”. Aquí sí estamos frente al esfuerzo consciente y deliberado por mutar la Constitución real del país, ya que casi todos ellos implican despojar de recursos financieros, simbólicos o institucionales a las diversas oligarquías cuya prevalencia ha caracterizado al régimen capitalista-prebendario, corporativo y presuntamente autarquizante al que antes aludimos. En esta perspectiva se inscriben, entre otros, los proyectos relativos a la desregulación de las obras sociales, a la primacía de los convenios laborales por empresa sobre aquellos suscriptos por sector, a la eliminación del financiamiento público de los partidos, a la modificación de las estructuras directivas de los sindicatos, a la penalización de todos los responsables de la emisión monetaria ilegítima, a los esbozos de reforma electoral, etc.
TAREA HISTORICA
En este catálogo pueden reconocerse sin dificultad los elementos componentes del voto de noviembre. Todo esto es parte de lo necesario. La capacidad política de Milei, su