En medio de una guerra comercial mundial sin precedentes en el frente externo y un rebrote inflacionario en el interno, el Gobierno devaluó el peso en un 25% hasta redondear una pérdida de valor del orden del 80% desde que asumió hace 15 meses, anunció una tímida liberación del mercado cambiario, e incrementó el endeudamiento argentino en 32.000 millones de dólares, según cifras oficiales. Aquí hay varias malas noticias y una buena.
La buena noticia, casi anecdótica, es que, al menos por un tiempo, con suerte hasta las próximas elecciones, el gobierno dejará de despilfarrar dinero para planchar el tipo de cambio: según cálculos de observadores privados, desde diciembre de 2023 quemó unos 26.000 millones de dólares, algo menos de lo que ahora recibe como nueva deuda, en el altar del dólar quieto. Quemó es una manera de decir porque esos dólares no se hicieron humo sino que fueron a parar al bolsillo de alguien.
Las malas noticias tienen que ver con que ningún endeudamiento es bueno, en principio porque succiona los recursos vitales de la nación –la economista Iris Speroni se ha cansado de mostrar cómo el servicio de la deuda es la principal causa del déficit fiscal–, y en segundo lugar porque los condicionamientos asociados con esos préstamos restringen la capacidad de decisión soberana de la Nación. El que debe nunca es del todo libre.
La renovación del swap con China mostró, además de la proverbial paciencia oriental, al menos una dosis de pragmatismo en un gobierno que optó por asociarse al lado perdedor de la historia, renunciando a atravesar las puertas que se le habían abierto en el BRICS y alineándose con unos Estados Unidos empeñados en recuperar a las trompadas un lugar de potencia hegemónica imposible en un mundo que marcha hacia la multipolaridad.
Pero al ampliar su endeudamiento especialmente con el Fondo Monetario, brazo financiero armado de los Estados Unidos, a niveles extravagantes y sin precedentes en el mundo, la soberanía de la Argentina sobre sus recursos naturales y humanos queda seriamente sujeta a la voluntad de Washington.
La inminente visita del secretario del Tesoro Scott Bessent, alguien capaz de hacer chistes con la voladura por los Estados Unidos del gasoducto ruso-europeo NordStream 2, es la segunda salida al exterior de este funcionario: la anterior fue a Ucrania y… bueno, no quiero alarmar al lector.
Otra mala noticia vinculada con este anuncio es que no se inserta en plan o programa económico alguno, porque el Gobierno no lo tiene. La administración Milei exhibe a lo sumo una política financiera cuyos dos pilares fundamentales mostraron su endeblez en una misma jornada: la inflación retomó su marcha ascendente y el esperado auxilio financiero externo evidenció que, más allá de las cifras dibujadas, el déficit fiscal no está en modo alguno controlado.
Al no existir un programa económico que enmarque o dé sentido a las decisiones financieras es imposible entenderlas más allá de sus efectos contables. El Gobierno no sólo no nos dice para qué nos endeuda (y no puede decirlo porque significaría reconocer que el plan puesto en marcha hace un año fracasó), sino que tampoco nos dice cómo vamos a pagar esa deuda y sus intereses, cómo vamos a crear la riqueza necesaria para mantenernos, para crecer y para pagar.
Es claro que el nuevo endeudamiento gestionado por el gobierno de Milei no fue concebido para resolver nada estructural, ni para poner en marcha un plan de crecimiento y desarrollo de mediano o largo plazo, sino para afrontar el desafío electoral de octubre. El gobierno logró asegurarse regalitos para todos: AUH reforzada para la clase baja, dólares electrónicos asequibles desde el celular para la clase media, y una plétora de oportunidades financieras para los happy few.
Más allá del cotillón, esta gestión no ha significado para la economía nacional más que destrucción de empresas y de empleos, y empobrecimiento general de la población. La microeconomía está destrozada, la gente apenas si compra porque lo que gana no le alcanza siquiera para cubrir sus necesidades básicas, y los pocos productores y comerciantes de bienes esenciales que lograron sobrevivir enfrentan ahora la amenaza de las importaciones.
¿Quién y cómo se supone que va a pagar la deuda vieja y la deuda ahora contraída, ninguna de las cuales sirvió ni va a servir para nada? ¿Los cuatro o cinco proyectos de inversión atraídos por el RIGI, hasta ahora mayormente nacionales y que por otra parte no dejan nada o casi nada en el país? ¿O más bien cosas como el litio, el cobre y esos minerales raros a los que había echado el ojo la general Laura Richardson, y que su país necesita ahora que renunció a comprarlos en China?
Se da por supuesto que no hay nada malo en venderle esas materias primas a los Estados Unidos o a quién sea, aún cuando sería preferible sumar nosotros valor agregado a esos recursos. El problema reside en que el producido de esas exportaciones no va a ir al desarrollo de nuestra industria, o nuestra infraestructura, o nuestra capacidad científica y tecnológica. El producido de esas exportaciones va a ir al pago de la deuda, y nosotros, como país, vamos a seguir sujetos a las decisiones de otros, sirviendo a sus intereses, exportándoles materias primas sin procesar.
Tal vez no lo hayamos advertido y allí resida efectivamente el plan y el programa del gobierno de Milei: devastar la Argentina como Zelenski lo hizo con Ucrania, aunque sin sangre, y dejarla postrada a merced de sus acreedores. Sus consejeros, por lo pronto, se parecen mucho a los que rodearon en su momento estelar al presidente ucranio, lo encumbraron en la escena internacional, lo condujeron al desastre y lo apremiaron de manera humillante al pasarle la cuenta.