La política de seguridad debe considerar, en cualquier circunstancia, las motivaciones de la conducta humana; partiendo del ejemplo de la clase dirigente que, dada su figuración, siempre tiende a emular el resto de la sociedad. Especialmente en una crisis.
Sobre ese parámetro, es llamativo que Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo Saín, el impresentable ministro de seguridad de Santa Fe, hayan fustigado por irresponsables a quienes viajaron al exterior conociendo la existencia del coronavirus. Llama la atención porque habilita una pregunta que ellos ni nadie responde: ¿Si pretextando una cuestión particular Cristina Fernández pudo viajar por qué esperan que los demás no? Y de paso olvidan que esa gente no salió en vuelos clandestinos ni eludiendo controles fronterizos, viajó legalmenteporque autoridades del nuestro y otros países subestimaron la epidemia.
Interpretando dichos y silencios es preciso entender que existe un pacto miserable en la casta política por el cual, pase lo que pase con el covid-19, la culpa será de la sociedad, no de los políticos a cargo de gobernar.
Por ese pacto carecen de sentido las discusiones a nivel “militonto” de unos y otros sobre cómo hubiera manejado esta crisis el gobierno anterior, pues sería exactamente igual a como la casta política la está llevando ahora. Mauricio Macri o Cristina Fernández no hacen diferencia. En esto no.
El pacto quedó explicitado el 19 de marzo en los considerandos del Decreto 297/2020 sobre AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, donde puede leerse este grosero autoelogio de la casta política:
“Que, a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“…;
Léase bien ese párrafo. Miente al atribuir literalmente a la casta política haber obrado en todo el país con oportunidad y firmeza, que es decir correctamente.
E implícitamente, en el pesar por la insuficiencia, se desliza ya la acusación a la sociedad por no haber comprendido los esfuerzos gubernamentales.
De tal forma, los que hicieron de Argentina un cliché tercermundista, precario e irracional, pretenden ahora que los habitantes se comporten como ciudadanos ejemplares, más aún: ideales. Capaces incluso, al decir de Larreta, Saín y otros, de imaginarse lo que los gobiernos decidirán luego para cumplirlo anticipadamente. Y lo cínico del asunto es que, si llegado el caso empezamos a poner cientos de cadáveres en bolsas negras, dirán que es culpa de la gente.
Así, el apoyo de la oposición cambiemita al gobierno nacional no es espíritu republicano; han acordado un relato que garantiza la continuidad de la casta política como sistema. La nueva historia oficial quedó establecida en el mismo decreto al proclamar que se toman las medidas “imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos”. Posando juntos, gobierno y oposición se libran de analizar la realidad con severidad y se limitan a escudarse en la crisis.
Ningún político perderá por ella su cargo, esos sacrificios se reservan para los particulares.
Este acuerdo de coyuntura no significa que todas las facciones de la casta política persigan iguales objetivos. El kirchnerismo es un proyecto totalitario de corrupción estructural, la fase superior de la infiltración castrista al peronismo.
Hoy es 24 de marzo, conmemoramos el golpe de Estado de 1976. La paradoja del almanaque vino a complicar la estrategia diseñada en Cuba para el gobierno de Alberto Fernández y que, sin duda, ha sido “sinceramente” revisada estos días en La Habana. Porque las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que debían seguir estigmatizadas y mal valoradas por la población, de súbito son nuevamente apreciadas sin haber sido aún captadas ideológicamente como requiere el Plan Argenzuela.
Y tampoco experimentó todavía la sociedad esa desesperación en la anarquía con la que el temor alumbra el irracional deseo de una paz a cualquier precio, que es decir la tiranía. De ahí que un eventual estado de sitio por el coronavirus no les permita eternizarse sin más como dictadura.
El Decreto 297/2020 omite toda alusión al estado de sitio contemplado por el Art. 23 de la Constitución Nacional, omisión que -si las intenciones fueran transparentes- calificaría de grave error conceptual. Obsérvese que los constituyentes incluyeron esa posibilidad siendo los mismos que condenaron la suma del poder público en tiempos de Rosas. No se permitieron vivir acobardados por el pasado y dejaron opciones duras sobre la mesa del gobernante.
Ahora bien: ¿Sería útil declarar estado de sitio? No. En un país intencionalmente dañado en sus instituciones, degradado en su cultura y con miseria intelectual, el estado de sitio dispuesto por un gobierno desprolijo, comprometido con esa decadencia, sólo lograría mayor desprolijidad.