Esta semana Javier Milei expulsó de sus cargos al director de la Anses, Mariano de los Heros, y a la embajadora en la OEA, Sonia Cavallo, que se sumaron al centenar largo de funcionarios cesanteados por el presidente en poco más de un año de gestión.
La constante renovación del plantel en lo más alto de la burocracia estatal es dramatizada una y otra vez por los medios que parecen sobrevalorar su real dimensión política y el escenario sin antecedentes en el que esas decisiones se insertan. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Estado y sus operadores vienen retrocediendo en el balance del poder y las defenestraciones a repetición forman parte de ese proceso.
Así, la destitución de un jefe de gabinete es considerada por lo general en cualquier parte del planeta causa o consecuencia de una profunda crisis política, pero en la lógica del actual gobierno eso no ocurre. ¿O alguien se acuerda de Nicolás Posse echado sin contemplaciones, ni explicaciones por el presidente?
Otra de las causas de la fragilidad de los funcionarios es la singularidad del gobierno de Milei en cuanto al armado del gabinete. No es una experiencia corporativa más en la que para agricultura se convoca a un miembro de Mesa de Enlace y para Industria a alguien respaldado por la UIA. El único poder del que los funcionarios disponen es el de su desempeño y cuando cometen un error o se salen de la “agenda” presidencial las consecuencias son inevitables.
Una de las medidas más impactantes de la actual gestión fue la baja temporaria de las retenciones a las agroexportaciones. El anuncio no lo hizo el funcionario del sector, sino el propio ministro de Economía. ¿Puede un funcionario de rango menor anticipar un cambio económico estructural como el de la reforma del sistema previsional sin avisar al presidente?
La situación de la burocracia estatal es tan frágil que ni siquiera puede alegar en su defensa que el súbito despido de un secretario perjudica la gestión. La secretaria de Minería fue expulsada en abril pasado y ninguno de los proyectos de un área con fuertes expectativas de expansión se paralizó por ese motivo.
Más allá de las particularidades de cada caso, los despidos dispuestos por el presidente tienen un denominador común: el ejercicio irrestricto y discrecional del poder. En cada oportunidad Milei ratifica su autoridad. Eso ocurrió, según su propia explicación, en el caso de la embajadora en la OEA que fue licenciada por motivos estrictamente políticos: la campaña de su padre en los medios por una devaluación. Ni un anuncio equivocado, ni una votación injustificable de la ex embajadora; una pulseada que terminó mal para el creador de la convertibilidad y su hija.
Algo similar sucedió con Victoria Villarruel. Ante la menor sospecha de deslealtad o de que alguien del oficialismo tiene un proyecto de poder propio la reacción es el escarmiento público, algo que los afectados no ver venir porque todavía tratan de entender al presidente con un manual que caducó.