No deja de ser una ironía que quiera convocarse al Ejército a brindar apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos, mientras se mantiene vigente el vaciamiento de sus recursos humanos y materiales y la persecución judicial de sus integrantes. Un contrasentido que podría mover a risa si no fuera porque encierra un peligro.
El presidente Mauricio Macri, en el acto por el 208º aniversario de la creación del Ejército argentino, sólo habló de que la fuerza brindara "apoyo logístico", sin aportar más detalles. El resto entra en el terreno de la especulación o el trascendido.
Hay quienes denuncian, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, que se trata de un primer paso para involucrar a las Fuerzas Armadas. Otros en cambio aseguran que el propio gobierno no lo tiene aún claro y que las características de ese respaldo se están discutiendo sobre la marcha.
Si este último fuera el caso, se plantea la pregunta de qué fue lo que llevó al presidente a aceptar voluntariamente el costo político de ese anuncio sin saber todavía para qué convoca a los hombres de armas.
El interrogante abre, a su vez, dos posibilidades: o es simple torpeza, que deja al equipo de gobierno como un hatajo de improvisados que no hace más que inyectar vida a una oposición inánime, como sucedió con el FMI; o actúa bajo presiones externas, en cuyo supuesto el anuncio del lunes se podría interpretar como una respuesta de compromiso, un equilibrio entre no hacer nada y hacer todo.
A abonar esta última teoría vienen los ejemplos de Brasil, México y Colombia, que ya apelaron al Ejército para esa tarea, y que esgrimió como antecedente el ministro Aguad. Las decisiones simultáneas en varios países no suelen responder a las casualidades.
Pero si, en cambio, nada de esto es lo que ocurre, si es válida la primera hipótesis, la que abonan los organismos de derechos humanos (esto es, que se trata de una estrategia del propio gobierno que se irá desvelando de a poco), entonces se demostrará que, incluso cuando todo cambia -desde limitar la intervención militar (Kirchner) hasta reclamarla (Macri)-, puede que en realidad nada cambie.
Sospechoso por donde se lo mire, lo cierto es que las palabras de Macri solo prometen dos perdedores: el propio gobierno y, mucho más, el Ejército.
Para el primero, el costo es bajo. Para el segundo, dependiendo del grado de intervención que tengan, puede ser otra trampa para perpetuar su agonía.
Ya se vio en Brasil que, ni bien los uniformados pusieron un pie en las favelas y empezaron a censar a los vecinos, los organismos de derechos humanos les abrieron una denuncia por inteligencia interna. Y si bien es cierto que Brasil tiene antecedentes de mayor respeto por su marco regulatorio, lo que reduce el espacio para que esas denuncias prosperen, la Argentina es fluctuante y se deja llevar por cualquier viento político.
Aquí ningún marco regulatorio podrá nunca ser suficiente. Siempre existirá la posibilidad de que otro gobierno altere las normas en forma retroactiva y procese a quienes se expusieron y participaron.
Un memorioso recordaba en las últimas horas que el general Ricardo Brinzoni, comandante en jefe del Ejército en el 2001, al ser convocado por el entonces presidente Fernando De la Rúa para intervenir ante el caos social, exigió un documento firmado por todos los partidos políticos para dar cobertura a la actuación del Ejército.
Una exigencia que habría puesto, a sabiendas de que no prosperaría, para preservar a su fuerza. Pero no hay que dejarse engañar: ni siquiera esa proeza política sería garantía de nada. Basta pensar en el respaldo cívico y político que tuvo el golpe del 76.
Si hay algo que la historia demostró con creces es que el Estado de derecho puede regir para todos menos para los militares en nuestro país. De eso trata, precisamente, el documental Será venganza que produjo el Centro de Estudios Salta y que tanto atrae la atención en las redes sociales por estas horas. La evidencia está demasiado fresca. Nadie en su sano juicio aceptaría correr ese riesgo.