La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, en la causa por la compra de dólar futuro y, de esta forma, no irá a juicio oral.
El Tribunal comprobó que "el hecho investigado no encuadra en una figura legal", por lo que "corresponde resolver el sobreseimiento de las y los imputados".
Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña se basaron en un informe pericial que demostró que las operaciones de dólar futuro no causaron ningún perjuicio al Estado.
Menos aún, según el peritaje, fueron beneficiosas: "Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del Banco Central y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.880.000 en 2015 y $67.448.520.000 en 2016".
Los camaristas consideraron que "en términos globales, el rubro en cuestión dio resultado favorable en ambos periodos", que fueron los investigados por las decisiones adoptadas durante el Gobierno que concluyó el 10 de diciembre de 2015.
"De las circunstancias expuestas surge que no se materializó un perjuicio patrimonial para las arcas del BCRA, como fruto de los contratos de dólar futuro dispuestos por sus autoridades en el periodo bajo estudio, sino redituaron ganancias a la autoridad monetaria nacional, coadyuvando a los resultados positivos de sus balances", insistieron los camaristas.
La lista de los sobreseídos incluye, además, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli; al actual, Miguel Pesce; y a otra decena de imputados, funcionarios del Ministerio de Economía y directores de la entidad emisora.
La parte resolutiva del fallo deja expresamente "sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas antes mencionadas".
El fallo recoge un concepto reiterado a lo largo del proceso sobre las decisiones políticas que no pueden ser sometidas a la evaluación judicial.
"No debe perderse de vista el punto referido a las misiones y funciones de un banco central federal como el de nuestro país, y su relación con las ganancias o pérdidas cuantificables que puedan circunstancialmente arrojar sus estados contables", subrayaron los camaristas.
"Tanto el BCRA como otros bancos centrales tendrían la función de principales reguladores de la estabilidad monetaria y financiera de sus países y de contribución a objetivos macroeconómicos más amplios, de acuerdo a las normas que los rigen", resumieron, citando las conclusiones del peritaje encargado cuando la causa ya estaba en camino al inicio del juicio oral.
La vicepresidenta fue procesada por primera vez en esta causa por el difunto juez Claudio Bonadio y hasta hoy, esa situación se mantuvo en todas las instancias judiciales, incluida la propia Cámara de Casación, que ahora cerró el expediente.
"El Poder Judicial en todo Estado de Derecho tiene la obligación constitucional y de derecho interno de entender y poner fin a contiendas, como en el presente caso, que se han mantenido a través del tiempo, produciendo incertidumbre entre los justiciables y creando desconcierto entre la comunidad jurídica", reconocieron los jueces Petrone, Figueroa y Barroetaveña.
Y agregaron: "La vigencia de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el respeto al debido proceso y su resolución en tiempo oportuno son los pilares que sostienen a toda sociedad democrática y consolidan la credibilidad de la justicia".