En 2001 había Estado, pero no Gobierno. En 2015 hay Gobierno, pero no Estado; quedó reducido a escombros después de una década de manejo autocrático del poder, grave deterioro institucional y corrupción a escala nunca vista. Paradójicamente, se cree que la actual gestión es estatista porque dicta precios máximos y engrosa con amigos la administración pública.
En 2001 el presidente tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. La crisis fue superada por el Congreso y los partidos políticos, que hicieron el feroz ajuste (devaluación y licuación de deudas) que él había demorado. Dejaron un tendal de pobres, pero también restablecieron lentamente la tranquilidad y pusieron las bases de la recuperación de los cuatro o cinco años siguientes.
En 2015 a la presidenta Cristina Fernández se le muere el fiscal que la había acusado penalmente.
Primero se paraliza y después empieza a dar palos de ciego y lanzar acusaciones al voleo, para finalmente quedar sumida en la impotencia y las sospechas. En este caso, sin embargo, no hay Congreso para sacarla del pozo, sino un grupo de diputados y senadores que votan lo que ella les manda.
Literalmente, lo que les manda, sea el ascenso de Milani o el pacto con Irán. Su prestigio público es computable en cero.
Así como no hay Congreso, tampoco hay partidos para aportar una solución. El peronismo sólo atina a proyectar una imagen patibularia y respaldar las delirantes teorías de la Presidenta sobre una conspiración para desestabilizarla impulsada por el señor Magnetto. La UCR se suicidó el día que Raúl Alfonsín firmó el Pacto de Olivos con Carlos Menem y fue enterrada el día que Raúl Alfonsín le dio la espalda a de La Rúa y creyó que se podía salvar como socio de Eduardo Duhalde.
La Justicia, por su parte, está bajo asedio de la Presidenta que quiere colonizarla para evitar problemas cuando baje al llano. Quiere fiscales amigos para congelar las investigaciones sobre Hotesur, Ciccone, Lázaro Báez, Jaime, De Vido, etcétera. Conclusión: sólo ella -que, como Luis XIV, cree ser el Estado- estaría en condiciones de resolver el problema de la muerte de Nisman, mientras el grueso de la dirigencia y la sociedad la mira con escepticismo pontificar por cadena nacional desde su silla de ruedas.
La oposición se queja en voz alta por el desquicio institucional, mientras el oficialismo se queja en voz baja por la falta de liderazgo. Una amplísima mayoría de ciudadanos cree que nunca se descubrirá la verdad sobre el caso Nisman, como no se descubrió sobre la AMIA, ni sobre la embajada de Israel, ni sobre Rucci, ni etcétera, etcétera. Que la impunidad se repetirá.
La diferencia en esta ocasión reside en que la crisis parece haber llegado a su última etapa, esa en la que se presenta como una disolución del sentido. Ni las instituciones, ni la política parecen ya tener sentido y el Gobierno está exhausto, sin ideas. Quedó reducido a un espíritu faccioso y enconado que, lejos de resolver el problema, lo agrava. Hace piruetas sin red. Así, la transición se complicó más de lo imaginado hasta por el más pesimista. Ni los "buitres" lo hubieran hecho mejor.