El Gobierno pasó sin medios tonos de su peor semana a su mejor semana: pudo mostrar la cifra de inflación más baja de los últimos dos años, resolvió la cuestión amenazante del swap monetario con China, y consiguió que un Senado donde se encuentra en franca minoría le aprobara ajustadamente la ansiada Ley Bases; como consecuencia, los principales indicadores financieros revirtieron una inquietante tendencia negativa y remontaron en la buena dirección. Una formidable batahola entre grupos de revoltosos y fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso funcionó además como oportuno argumento publicitario a favor del Gobierno, que pudo señalar la coexistencia de dos Argentinas: la de la discusión democrática dentro del palacio legislativo y la de la violencia en las calles contiguas.
Pero, como casi siempre ocurre en este bendito país, nada es, o es del todo, lo que parece. Varios analistas pronostican un doloroso repunte inflacionario en junio y julio, cuando se liberen varios precios -como las tarifas de los servicios o las cuotas de la medicina prepaga- que todavía permanecen pisados. Todavía no sabemos qué condiciones pusieron los chinos, que nunca dan puntada sin hilo, para renovar su swap, y se habla de un próximo viaje de Milei a Beiyín. El dólar libre se apartó de los demás indicadores y siguió subiendo. Dentro del Senado cada voto conquistado por el oficialismo, y no sólo entre los opositores, tuvo su precio, a veces en términos de beneficios para las provincias representadas por los senadores, a veces en términos de beneficios personales, raras veces por convicción. Y la violencia frente al Congreso demostró su utilidad para quitar de los titulares del día siguiente el contenido de la ley aprobada, y volcar la opinión en favor del Gobierno al poner dramáticamente en escena la clase de discordia ciudadana que todo el mundo quiere dejar atrás.
Cronistas de medios con simpatías y antipatías con el gobierno coincidieron sin embargo en señalar desde temprano, antes de que estallaran los disturbios, excesos de celo en el accionar de las fuerzas de seguridad. Dos víctimas del conflicto -un diputado al que agentes uniformados le arrojaron gas pimienta en la cara mientras conversaba con ellos, y un periodista al que unos vándalos le incendiaron el auto- usaron exactamente las mismas palabras para describir lo que habían vivido: “Esto estaba orquestado”. ¿Por quiénes? Misterio.
Misterio probablemente insoluble, porque los desmanes fueron funcionales a la retórica de las dos Argentinas y les proporcionaron abundante letra a los conductores de las señales de noticias que las representan.
Más inquietante, por lo desmesurada, fue la caracterización de los episodios callejeros como “sedición” e “intento de golpe de estado” que propuso la ministra de seguridad Patricia Bullrich e hizo propia el fiscal Carlos Stornelli, que ahora tiene ante sí el desafío de encuadrar en esos tipos delictivos, por ejemplo a una familia de vendedores de empanadas, tres personas que representan el 10% de los detenidos por el mayor despliegue de seguridad que se haya visto jamás en la zona del palacio legislativo. La mujer que prendió fuego a unas bicicletas aparentemente fue apresada, pero nada se supo de los incendiarios de autos. Algunos cronistas aseguran haberlos visto confraternizar con los guardianes del orden, pero eso no fue confirmado.
El triunfo en el Senado, pese a los generosos incentivos distribuidos en el hemiciclo, fue agónico y por penales, para usar el lenguaje de los relatores deportivos. Le tocó a la vicepresidente la responsabilidad de desempatar una votación pareja, y Javier Milei tuvo que demorar su partida hacia Europa hasta que Victoria Villarruel quedó liberada para sustituirlo en el ejercicio de la presidencia.
Conviene recordar que para lograr la aprobación de la llamada Ley Bases (leer Ley Omnibus) el gobierno resignó más de la mitad de sus artículos.
Aparte de las polémicas suscitadas por las alícuotas previstas en la Ley Bases para los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, el punto más controvertido de todo el proyecto es el llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), cuyo articulado cubre el 33% del empequeñecido paquete legislativo.
Para sus detractores, en general políticos, se trata de un nuevo “estatuto legal del coloniaje” que entrega los recursos mineros y energéticos nacionales a la voracidad extranjera; para sus defensores, en general empresarios, se trata de un instrumento imprescindible para atraer inversiones de la magnitud exigida por las actividades extractivas.
El régimen otorga a los grandes inversionistas, nacionales o extranjeros, beneficios tales como estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por un lapso de 30, y en algunos caso 40 años; podrán si lo desean importar sus insumos libres de impuestos, y no están obligados a comprarlos en el mercado nacional, aunque la versión revisada menciona un débil compromiso para destinar un 20% de la inversión a la adquisición local.
La normativa busca dar todas las garantías al capital, incluidas las jurídicas al someter cualquier diferencia contractual a la decisión de tribunales extranjeros, asegurar su renta, y no imponerle obligación alguna en términos de abastecimiento del mercado interno.
Para el Gobierno se trata, evidentemente, de una manera rápida, probablemente la más rápida pudieron imaginar, de acumular divisas, tanto por vía de las inversiones en sí, que tienen un plazo de dos años para acogerse al RIGI; por vía de la exportación de lo extraído, al menos durante los primeros cuatro años y en porcentajes decrecientes, y por vía del ahorro de divisas al cesar la necesidad de importar energía.
Estos beneficios financieros para el Estado podrán ser intensos pero acotados en el tiempo, porque a partir del cuarto año los inversionistas no estarán obligados a liquidar divisas en la plaza local, ni a vender nada de lo que extraigan en el mercado interno. Lo cual no quiere decir que no vayan a hacerlo, pero sí que lo harán a precios internacionales.
El RIGI no será un estatuto colonial como dicen sus detractores, pero consagra de alguna manera la asimilación de la economía argentina, y también de su sociedad, al contexto latinoamericano, del que siempre fue distinta en los dos aspectos.
La revisión de los senadores restringió el RIGI a los sectores de “forestoindustria (sic), turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.” Lo del turismo es una novedad, detrás de la cual se adivina el consejo de Daniel Scioli, y me hizo acordar a las grandes cadenas hoteleras estadounidenses que operan en México. El anfitrión pone las playas, el sol, los mariachis y los chiles, y los inversionistas el capital; el capital se lleva la renta, y a México le quedan empleos de mucamas, cocineros y camareros (y mariachis), y la provisión de alimentos frescos. Allá vamos, ése es el modelo
Un modelo en el que, como ocurre en el resto de la región, la clase media no impone el tono de la sociedad. No es casualidad que haya sido la más agredida durante el primer semestre de Milei, la que percibió con mayor nitidez el agudo deterioro de su calidad de vida. Es cierto que la clase media viene declinando lentamente desde fines de la década del 70, pero también es cierto que Milei, detrás de su novedosa fachada, representa la reiteración de un modelo económico y social cuya implantación viene intentándose desde entonces, con sucesivos fracasos. La clase media, por sus características la más sensible a la manipulación ideológica, nunca supo articular una defensa política de sus intereses, y anduvo a los tumbos entre el antiperonismo de confitería y el izquierdismo de café.
Uno se pregunta, legítimamente, si el que ahora proponen Milei y Caputo es el único modelo posible. En teoría, la inversión externa no debería ser imprescindible, porque los argentinos tenemos capital acumulado en cantidad suficiente como para poner en marcha el motor de la economía y hacerlo andar sin pausa, y somos capaces de generar divisas en todos los frentes: en la producción agropecuaria y en la cinematográfica, en la música popular y en la industria del conocimiento, en la tecnología y en la medicina, y donde se quiera. Casi no hay actividad en el mundo en la que no haya uno de los nuestros entre los diez mejores. ¿Hay necesidad de ofrecer condiciones en algunos aspectos vergonzantes, hay necesidad de resignar recursos valiosos para atraer capitales que somos muy capaces de crear con nuestro trabajo y nuestro talento y procesando esos mismos recursos?
El problema está más bien en la falta de confianza en la clase dirigente argentina, que tiene una larga tradición de haber estafado a propios y ajenos borrando con el codo lo que escribió con la mano. Todos recordamos dolorosamente la ley de intangibilidad de los depósitos que precedió al saqueo de los ahorros hace quince años. Ningún argentino va a invertir un peso en la Argentina mientras sigan gobernando los mismos, y no hablo sólo de la política. Digamos que el RIGI es la forma de recrear confianza que se le ocurrió al gobierno de Javier Milei, y si bien es cierto que algunos se frotan las manos porque les ofrece facilidades y garantías operativas infrecuentes, también es cierto que los críticos de estas políticas no han sido capaces de presentar a la sociedad alternativas más o menos creíbles.
“La mejor noticia es que la gente decidió que este es el único camino para ser un país mejor”, se entusiasmó el ministro de Economía Luis Caputo. La verdad es que la gente no decidió nada: simplemente no tiene opciones. No debe sorprender entonces que el temperamento ciudadano, que en otras ocasiones habría saltado como leche hervida ante propuestas como el RIGI, ahora las tolere resignadamente. No hay entusiasmo pero tampoco rechazo, aunque El País de Madrid y otros medios progresistas del mundo quieran mostrar como “repudio social” los disturbios frente al Congreso. Lo que hay es expectativa: después de varias décadas infames suena una música que en lo inmediato parece distinta, y el público quiere darle una oportunidad.
Junto al tema de la confianza está la cuestión fiscal. Desde el sitio Lógica, dedicado al análisis de esta materia, Matías Olivero Vila reconoce que “todo régimen especial genera distorsiones, por lo cual debería aplicarse en forma muy excepcional, como último recurso (mal necesario) y por tiempo limitado.” Pero al mismo tiempo afirma que “las alícuotas y demás institutos del RIGI calificarían como un régimen impositivo estándar en el marco internacional.” Y que debería “tomárselo como un primer paso hacia un RIGI de alcance general, a la brevedad posible.” Respecto del sector empresario local que se siente amenazado por las ventajas que el régimen propuesto otorga a los grandes inversores, les propone no tanto oponérsele “sino apalancarse en él para lograr que el tratamiento del RIGI se aplique a todas las empresas.” Es decir, que bajen los impuestos.
Los inversionistas internacionales esperan que la ley sea sancionada y promulgada para conocer su redacción final antes de emitir opinión, con palabras o con decisiones. En el ámbito local, el sector relacionado con la energía no puede ocultar su contento. “Argentina necesita inversiones para desarrollar su enorme potencial energético exportador. El Senado dio un primer paso”, reaccionó por Twitter el gerente general de PanAmerican Energy, Marcos Bulgheroni. Comentarios similares se escucharon en Pampa Energy de Marcelo Mindlin, y en la semiestatal YPF, donde están esperando desde hace rato la sanción de esta ley para encarar, en colaboración con el grupo malayo Petronas. la licuefacción de gas, paso imprescindible para la exportación de ultramar.
La semana rutilante de Milei culminó con matices agridulces: dulce fue la liberación de 800 millones de dólares por parte del FMI para pagarse a sí mismo un vencimiento argentino, y dulce la participación del presidente como invitado de Georgia Meloni en la reunión del Grupo de los 7 en Italia. El sabor agrio lo aportaron la calificadora Fitch y el propio FMI, que expresaron casi al unísono sus reservas sobre el rumbo económico del gobierno.
Ficht, preocupada por la capacidad argentina para honrar sus deudas, dijo que “lograr un ajuste duradero suficiente para acumular reservas y recuperar el acceso a los mercados también puede requerir apoyo político y reformas más amplios, lo cual aún está por verse, mientras que las crecientes tensiones en la nueva combinación de políticas aumentan la incertidumbre.” El FMI insistió en la necesidad de mejorar la calidad del ajuste, mantener el impuesto a las ganancias, reducir los subsidios, levantar el cepo cambiario y asegurar tasas de interés positivas.
Lo que Ficht de manera más clara y el Fondo usando su acostumbrado lenguaje alambicado están diciendo es que hasta ahora han visto medidas audaces de inesperada eficacia pero de dudosa sustentabilidad, y que en el futuro inmediato les gustaría ver un programa económico comprensivo, sustentable, apuntado al crecimiento y el desarrollo, que le permita al país acumular reservas pero también mejorar las condiciones de vida de su población.
El alejamiento del secretario de política económica Joaquín Cottani, estrechamente ligado a Domingo Cavallo, reflejó el escepticismo coincidente del ex ministro y fue otra nota agria sobre el fin de semana.
Si la Ley de Bases culmina sin tropiezos su trámite legislativo en la cámara baja, y el 9 de Julio se firma en Tucumán el Pacto de Mayo (Argentina: no lo entenderías), habrá llegado para el equipo capitaneado por Milei la hora de ordenar el gabinete, completar con funcionarios eficaces las vacantes que siguen sin cubrirse, y empezar a gobernar. Lo que viene se llama segundo semestre, y su nombre evoca amargas frustraciones.