Un nuevo planteo fue presentado al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por el "inmoral" y "absurdo" homenaje que se rinde a terroristas en el porteño Parque de la Memoria. Es el segundo cuestionamiento que se reactiva en los últimos días por incluir en dicho monumento a los autores de diferentes ataques perpetrados por organizaciones armadas en la década del setenta, durante gobiernos constitucionales.
En este caso, se pide que sean removidas de ese memorial, erigido en 2007 en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires, 52 placas con los nombres de integrantes del ERP que murieron mientras atacaban el Batallón Depósito de Arsenales 601 "Coronel Domingo Viejobueno", en la localidad de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.
La petición fue presentada el jueves último por la abogada Victoria Villarruel, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), reactivando un reclamo que formuló varias veces desde hace diez años sin obtener respuesta. El expediente fue registrado con el número PV-2019-23368369-GCABA-MGEYA, y una copia del mismo fue dirigida al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
Villarruel recuerda que un ex integrante de la estructura del PRT-ERP, Gustavo Plis-Sterenberg, ofrece en su libro Monte Chingolo - La mayor batalla de la guerrilla argentina una lista completa de los muertos del ERP en combate, y allí cuenta en detalle "las circunstancias específicas en las que varios de los guerrilleros murieron, mientras disparaban contra los militares y soldados que defendían el cuartel".
La petición efectuada a Rodríguez Larreta recuerda que una leyenda que encabeza el monumento del Parque de la Memoria indica que los nombres allí grabados comprenden "a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos - desaparecidos y asesinados y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad".
"Sostener -dice la abogada- que quienes resultaron muertos mientras atacaban una institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno democrático, murieron combatiendo por `ideales de justicia y equidad' es una inmoralidad, una aseveración absurda e irracional, un agravio a la Constitución Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar frente a una interrupción del orden constitucional".
También afirma que "semejante homenaje resulta muy cercano a la apología del delito, si fue llevado a cabo a sabiendas de las causas de los respectivos decesos".
Hacer pasar a los victimarios como héroes o como víctimas inocentes, y a los oficiales, suboficiales y soldados que defendieron el cuartel como responsables de un acto de terrorismo de Estado, señala, es "una inversión de valores (que) repugna a la conciencia moral y jurídica".
Tras analizar una serie de fundamentos jurídicos, Villarruel concluye que "ni el objeto ni la causa ni la finalidad del acto que dispuso la inclusión de los citados nombres en el monumento del Parque de la Memoria son razonables, ni morales, ni persiguen un fin público. Ni siquiera se ajusta a los fines queridos por la ley de creación del monumento. Antes bien, son falsos, absurdos, contrarios a la ética y al interés público, en cuanto promueven la apología de quienes atacaron una institución de la Nación Argentina durante un gobierno constitucional".
La presentación va más lejos al cuestionar la naturaleza misma del monumento. "Resulta de una injusticia irritante -dice- que quienes murieron defendiendo a una institución legítima no tengan una sola placa de homenaje y, en cambio, sí la tengan quienes, desde la ilegalidad, perpetraron el ataque". La misma valoración le merece el hecho de que "las víctimas ocasionadas por esta organización armada tampoco sean incluidas en memorial alguno ni cuenten con un lugar donde honrarlas".
Hace diez días, integrantes de la promoción 93 del Colegio Militar de la Nación, a la que pertenecían los mayores post-mortem Humberto Viola y Miguel Keller, informaron que volverán a presentar un pedido ya formulado el 20 de mayo último para que las autoridades de la Ciudad remuevan del Parque de la Memoria los nombres de siete guerrilleros involucrados en el asesinato de ambos militares.
Los reclamos se reactivaron después de conocerse la explosiva denuncia penal por la falsificación de víctimas de la represión ilegal del Estado y el cobro indebido de millonarias indemnizaciones por los montoneros abatidos mientras atacaban un cuartel militar en Formosa. La denuncia es contra los funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos y los particulares involucrados en ese fraude y fue presentada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, uno de los caídos en la defensa del regimiento.