El Senado se encaminaba a convertir en ley un proyecto que establece rebajas del 30 al 50% a la tarifa del gas de red en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras.
La iniciativa, denominada de “zonas frías” fue promovida por Máximo Kirchner y tratada rápidamente por el oficialismo en ambas Cámaras con el apoyo de legisladores de la oposición. Extiende a más de un centenar de municipios un beneficio que sólo alcanzaba a la región patagónica.
La rebaja del 50% será otorgada a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, los jubilados que no superen los cuatro salarios mínimos, a los beneficiarios de pensiones no contributivas y a los de otros subsidios estatales. El resto recibirá un descuento del 30%. Se estima que el nuevo subsidio alcanza a 3 millones de consumidores que suma al millón de beneficiarios ya existente en la zona patagónica.
El kirchnerista Rubén Uñac defendió la norma alegando que para determinar las zonas frías habían sido usados criterios “científicos”, lo que llevó a elevar a 17 las diez provincias beneficiadas originalmente con la rebaja. También afirmó que esa rebaja se financiará con un cargo del 4% incluido en la factura de los restantes usuarios y sin aportes del Tesoro.
El presidente del bloque del PRO Humberto Schiavoni rechazó el proyecto en forma personal porque los legisladores de Juntos por el Cambio fueron dejados en libertad de acción. El legislador misionero, cuya provincia no recibirá el beneficio, aseguró que el proyecto era de zonas templadas y permitirá a los beneficiarios pagar el gas una cuarta parte de lo que cuesta producirlo. También recordó que el Tesoro había pagado en 2020 6.700 millones de dólares en subsidios energéticos y que en 2021 se estima que pagará 9.500 millones.
Acto seguido la senadora neuquina Lucila Crexell calificó directamente la iniciativa de demagogia electoral.
“Cupo trans”
Previamente el Senado convirtió en ley por 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones un proyecto denominado de “cupo trans” que obliga a los tres poderes del estado a ocupar el 1 % de la totalidad de su planta de personal con travestis, transexuales y transgéneros. En estos casos el requisito de terminalidad educativa no puede resultar obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo público. Tampoco lo pueden ser los antecedentes penales. Los proveedores que contraten travestis o trans tendrán prioridad en las licitaciones del Estado y ventajas previsionales.