Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros acusados por asociación ilícita y fraude al Estado en obras pública en la provincia de Santa Cruz.
El pedido involucra además al ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, ambos detenidos, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
La Fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas de los imputados.
Una vez cumplido ese paso, el juez mandará la causa a sorteo de un tribunal oral, algo que se prevé para antes de fin de año, explicaron fuentes judiciales.
Cristina Fernández de KIrchner ya fue enviada a juicio en otra causa penal por la venta de dólar futuro al final de su gestión, que investigó el juez federal Claudio Bonadio.
En la investigación a cargo de Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública con un embargo de 10.000 millones de pesos.
Además también habían sido procesados De Vido, López, Kirchner y Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández presuntamente direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
En total se relevaron 52 contratos con irregularidades, sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal.
Ercolini está a cargo de esta investigación que según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades, Hotesur y Los Sauces.
Ambas investigaciones quedaron ya a cargo de Ercolini y en la primera, Hotesur, el juez debe definir las situaciones procesales de Cristina Fernández y los demás indagados, mientras que en Los Sauces ya están procesados también por asociación ilícita la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros imputados.