Washington - Estados Unidos pedirá la pena de muerte para el supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro sospechosos de los ataques, a los que trasladará de Guantánamo (Cuba) a Nueva York para juzgarlos en tribunales federales.
Mohamed y los otros cuatro detenidos -Walid bin-Atash, Ramzi Binal-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi- están acusados de orquestar los atentados de 2001 contra Washington y Nueva York en los que murieron unas 3.000 personas.
"Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S", afirmó el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder.
El funcionario adelantó, además, que otros cinco sospechosos de terrorismo, detenidos también en Guantánamo, serán juzgados por comisiones militares.
Ese segundo grupo incluye a Abd al-Rahim al-Nashiri, supuesto responsable del ataque de 2000 contra el destructor estadounidense Cole en Yemen, en el que murieron 17 soldados estadounidenses y otros 47 resultaron heridos.
Los sospechosos que sean trasladados a Nueva York serán juzgados cerca del lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas, destruidas durante los atentados de 2001.
"Tras ocho años de retrasos, por fin los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 afrontarán la justicia", señaló Holder.
CAMBIO POLEMICO
La decisión de trasladar a los acusados de Guantánamo al territorio estadounidense fue criticada por la oposición republicana y por expertos independientes, quienes temen los riesgos que implicaría para la seguridad del país.
"Sin duda se trata de un cambio profundo sobre cómo manejamos la guerra contra Al Qaeda", opinó Glenn Sulmasy, profesor de derecho en la Academia Federal de la Guardia Costera y autor de un libro sobre la justicia en casos de seguridad nacional.
"Es verdaderamente sorprendente que los cinco autores intelectuales, si se les puede decir así, de los ataques en Estados Unidos sean enjuiciados en cortes federales tradicionales y abiertas".
El traslado de los procesos plantea una exigencia considerable a la política legal y antiterrorista de Obama. Sucede que si los procesos enfrentan reveses legales, el Gobierno chocará con la desconfianza de quienes nunca quisieron que se hicieran en tribunales civiles.
Por su parte, los legisladores podrían molestarse de que el presidente lleve a sus estados a este tipo de sospechosos y actuarían en represalia contra otros intereses de Obama. (EFE y AP)