La prensa popularizó la expresión "el gobierno de los CEOs". CEO es la sigla en inglés de Gerente General, el máximo responsable de la administración de una empresa privada. El máximo responsable legal de una empresa es su Presidente, no su Gerente General.
Las sociedades anónimas están regidas por la Ley de Sociedades Comerciales (Nø 19.550) que las obliga a conformar un órgano de administración, el directorio, y permite otro de fiscalización, integrado por síndicos.
El directorio es nombrado por los accionistas, esto es, sus dueños. Pueden nombrar a uno de ellos o a un integrante de su familia o contratar a personas para que representen sus intereses. Los accionistas, a su vez, nombran a los síndicos. Quien tenga al menos el 5% de las acciones puede nombrar su propio síndico para que vele por los intereses minoritarios.
El directorio debe procurar que la firma se desenvuelva según los objetivos determinados por los accionistas. Aprueba los planes de negocios a llevar adelante. Todos los años revisa lo actuado y aprueba o reprueba. El directorio es el responsable de que la empresa no sólo dé ganancia, sino que se dedique a los negocios que el directorio determine de su interés y no otros, y que se cumpla la ley. Si esto último no sucede, tanto el presidente del directorio como sus integrantes son legalmente responsables (tanto civil como penalmente).
Los síndicos deben controlar que se cumpla el plan de trabajo, que los números que la gerencia dé al directorio sean fidedignos, que la mayoría no haya perjudicado a la minoría, que la gerencia no haya perjudicado a los accionistas y que se respete la ley. Son legalmente responsables.
El GG es el máximo responsable operativo de la firma; responde al Presidente. En algunos casos la misma persona cubre ambos roles.
El ingeniero Macri, mientras se desempeñó en el sector privado, fue presidente de diversas firmas. Un accionista en representación del directorio. Mientras la tarea ejecutiva del día a día la soportaba el gerente general. No era CEO.
MUNDOS DISTINTOS
El mundo privado y el público son distintos. Tanto es así que se rigen por áreas del derecho diferentes: el derecho administrativo y el derecho civil y comercial.
El área pública tiene requisitos adicionales por una razón: se maneja dinero ajeno y las obligaciones públicas tienen un alcance mayor.
Una empresa debe ganar dinero y sobrevivir, tiene objetivos de corto y mediano plazo (el próximo trimestre, el plan de negocios de tres años) y una idea vaga de sobrevivir por décadas o hasta que se venda o el negocio se acabe.
Una Nación es una historia diferente. Nosotros en particular tenemos el mandato expreso de la Constitución de ser y hacer para nosotros y para nuestra posteridad. La Nación Argentina no tiene fecha prevista de finalización. Tiene implícita la eternidad.
Los accionistas manejan su empresa a su elección, siempre que respeten la ley. Pueden hacer sembradoras, exportar cubiertas o importar urea. Es su plata.
Aún así, todo GG debe dar explicaciones. Ante el presidente, el directorio y los síndicos. A su vez, el directorio contrata auditorías para asegurarse que los balances reflejen la realidad. Una empresa grande ejerce controles:
a) auditoría interna, para que el GG se entere si tiene algún empleado infiel, si se respeta la calidad de los productos, si se respeten contratos y reglamentaciones internas; b) control de gestión para verificar el logro de los objetivos presentados al Directorio; c) el gerente administrativo se asegura que las facturas no se paguen dos veces, que el gerente de cobranzas no consigne como pagadas cuentas en mora o que los insumos se compren a precios de mercado; por último, d) tiene un departamento de legales para que revise los contratos antes de firmarlos.
Firmar un contrato inconveniente o no cumplirlo puede llevar a la ruina a una firma o ponerla en problemas.
Los daños a las ganancias no sólo provienen del dolo, sino también de la ineptitud o desidia o, simplemente, mala suerte. Sólo se exige que obren "con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios" (art. 59 de la ley 19.550).
Todos estos controles protegen a empleados, gerentes, directivos y accionistas por igual.
¿Qué tiene que ver esta forma de trabajar con el gobierno que actualmente administra la Nación? Nada.
SIN ATADURAS
Se ve un grupo de personas que se sacaron al directorio de encima. Nadie controla qué hacen, cuánto gastan ni si cumplen los objetivos impuestos por la Constitución. A años luz de un Gerente General que vela por los intereses confiados. A años luz de un CEO.
El objetivo a largo plazo es perdurar y gastar a cuatro manos. El sueño del pibe: hacer lo que quiero, con plata ajena, sin rendir cuentas.
La Constitución prevé numerosos órganos de control. Todos ellos dinamitados. El actual gobierno tuvo la oportunidad de reconstituir todos esos institutos. Eligió no hacerlo.
Alguien del área privada sabe que esos controles son necesarios, entre otras cosas, para no terminar personalmente en la cárcel.
El primer control lo ejerce el Poder Legislativo. Tiene dos obligaciones principales: a) estudiar el presupuesto y eventualmente aprobarlo, b) controlar su cumplimiento. Hace a medias lo primero y nunca lo segundo. El Congreso aprobó el endeudamiento salvaje de estos tres años.
Hoy padecemos una recesión brutal que empeorará. Empezó el 28 de diciembre cuando el Jefe de Gabinete se burló de toda la ciudadanía al notificar que, a sus instancias, el Congreso había aprobado un presupuesto falso el día anterior.
El Congreso ese mismo día debió pedir la destitución del Jefe de Gabinete y destituir al Presidente del BCRA. No lo hicieron, se fueron de vacaciones.
Tampoco funcionan: la SIGEN quien debería auditar ministerios y entes autárquicos; el Procurador del Tesoro que es quien debe revisar los contratos y defender los intereses económicos de la Nación. No lo hace, no lo hizo. Ejemplos: resarcimiento al Correo o el bono a 100 años.
La tarea de control de gestión (ver que se cumpla el presupuesto, los contratos, que se compre sin sobrecostos) corresponde al Jefe de Gabinete. Sí, el mismo que se burló de nosotros el 28 de diciembre.
Organismos dependientes del Poder Ejecutivo que deberían cuidar nuestro dinero del despilfarro y que el gobierno cubra las funciones indelegables. Finalmente, deben cuidar que el presidente no termine preso.
La Auditoría General de la Nación depende del Congreso. Es quien revisa contratos, inventarios, calidades de servicios o materiales. No fue activa estos tres años.
Como última instancia nos quedan los fiscales y los jueces. La última Procuradora está procesada por malversación de fondos públicos. Los jueces, lejos de proteger los intereses de la Nación, se dedican a encubrir a la casta política de la que forman parte. Son los fiscales y los jueces los que permiten esta presión impositiva asfixiante.
La quietud de los organismos de control permite que la clase política gaste el doble de lo que deba gastar -el 48% del PBI cuando debería ser el 22%/25%- y no cubra ninguna de las obligaciones constitucionales.
La ausencia de controles permite que una caja de puré de tomates cueste $ 24 y no $ 12 (1), nos obliga a ir a las 6 de la mañana a pedir turno a un hospital público, logra que miles de locales minoristas cierren al no poder afrontar impuestos astronómicos.
Es hora de que los políticos tengan miedo. Tengan miedo de que si roban o si no cumplen con sus funciones les pase algo, lo que sea. Mínimamente que pierdan el dinero malhabido.
La economía no crece desde hace seis años. No crece porque no hay inversiones. Los argentinos no invertirán para que la clase política se apodere de su esfuerzo.
Los políticos se quedan con nuestro dinero porque pueden. Y pueden porque no hay un sólo organismo de control que funcione.
* Licenciada de Economía UBA, Master en Finanzas, UCEMA. Posgrado Agronegocios, Agronomía UBA.
(1)
http://www.laprensa.com.ar/468205-Falacias-repetidas-por-el-Sr-Piumato.note.asp