Milei: agravios y amenazas a quienes no comparten su visión y sus políticas

El presidente de la Nación Javier Milei acaba de presentar el presupuesto general de recursos y gastos 2025. Lo hizo en un marco diferente al habitual procurando un hecho político al presentarse en persona y hablar en el recinto ante un grupo de legisladores integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, aunque formalmente no se trató de una Asamblea Legislativa, ya que la manda constitucional indica que debe ingresar por la Cámara de Diputados. Viene Milei de conseguir dos hitos en el ámbito legislativo donde no cuenta con mayoría, primero consiguió la aprobación de la llamada Ley Bases por parte del Congreso. Lugo, aunque a lo Pirro, consiguió un número de votos que en Diputados impidió que se cayera el veto presidencial a la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones votada oportunamente por ambas cámaras.
No es poco para una administración que llegó al gobierno sin partido, sin territorio con programa y votos prestados como consecuencia de una disfunción sistémica. Visto como un logro también lo condiciona, porque a la buena voluntad de legisladores y estructuras políticas opositoras deberá responder con una actitud similar.

AMOR CON AMOR SE PAGA
Sin embargo no parece haber cambios en las actitudes provocadoras o agresivas del primer magistrado ya sea a la oposición política o al periodismo incluso con señalamientos personales. Acaba de verse en el acto de presentación del presupuesto en que nuevamente el mandatario recurrió a invectivas, agravios y amenazas a quienes no comparten su visión y sus políticas.
Pareciera que nos acercamos al punto de la naturalización de dichas conductas como algo normal propio de un carácter y un estilo o también esperable de un presidente sin experiencia ejecutiva, sin partido y sin territorio, que recurre a su modalidad agresiva para hacerse escuchar y porque su figura se construyó precisamente desde las redes sociales donde campea un ambiente generalmente hostil.

DIVISION DE PODERES
El sistema republicano se asienta en el principio de la división de poderes en contraposición con la concentración que imponen los mecanismos autocráticos. También se basa en el reconocimiento de la soberanía popular como fuente de legitimidad política al contrario de los modelos monárquicos o aristocráticos. Nuestro modelo constitucional que fue motivo de largos y duros enfrentamientos y luchas civiles adoptó aquellos principios fundamentales de la república democrática en 1853.
Conviene también hacer una distinción, la soberanía popular reconoce la inalienable entidad del voto libre y garantido de los ciudadanos que conforman el pueblo de la nación. Sobre este último tópico, durante varias décadas existió controversia fundamentalmente basada en la falta de certeza de algunas franjas de la sociedad, fundamentalmente sus élites, acerca de la capacidad intelectual y la formación educativa y cultural de las mayorías populares para ejercer el sufragio.
Guerras civiles, revoluciones y conflictos sociopolíticos fueron expresión contundente de dicha contradicción, que se saldó recién en los primeros lustros del siglo XX al consagrarse la ley de voto universal, secreto y obligatorio impulsado por el presidente Roque Sáenz Peña en acuerdo con el líder de la oposición política, Hipólito Yrigoyen que a la sazón sería algunos años más tarde en 1916 el primer presidente elegido efectivamente en comicios populares transparentes y libres.

CONTROL RECÍPROCO
Pero el régimen republicano y de separación y equilibrio de poderes, prevé también que los mismos se controlen recíprocamente. De acuerdo con el modelo presidencialista y de clara división de funciones de los órganos públicos del poder, el Congreso tiene a su cargo el poder legislativo aunque no solamente legisla sino que a su vez controla a los otros dos poderes, igual que lo hacen los otros sobre él a través de un inteligente y complejo mecanismo que algunos doctrinarios denominaron pesos y contrapesos. Volvemos al Congreso, constituido por dos ramas, es decir bicameral, como derivación de la forma de estado federalista en una de esas cámaras, el Senado, reposa la representación igualitaria de las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
La otra rama, es decir la Cámara de Diputados es la que se compone por la representación directa y proporcional del pueblo (aunque resulten elegidos en consonancia al mecanismo de atribución de representantes según la cantidad de la población de cada una de ellas). Es decir que tanto el Congreso como el presidente, son los mandatarios de un poder conferido por la ciudadanía en base al principio de soberanía popular. Ello los asemeja entre ellos pero los separa del Poder Judicial, que según nuestro sistema carece de carácter electivo.
Volviendo sobre el concepto de que los poderes ejecutivo y legislativo son producto de la intervención del pueblo de la nación en el mecanismo de elección, resultan ser la expresión más acabada y fiel de la voluntad popular expresada en comicios.
Sobre este punto, conviene detener el análisis y reflexionar acerca de las constantes invectivas que el actual titular del Poder Ejecutivo, profiere cada vez que tiene la convicción o sospecha de que existe una conspiración en su contra vertebrada desde el Congreso, al que reiteradas veces caracterizó como “nido de ratas”.
Resulta además de preocupante altamente nocivo para la salud de la república que su jefe de Estado, primer mandatario, que no es un “rockstar” ni un “influencer” ni un adolescente tardío y rebelde, naturalice expresiones agraviantes para uno de los dos poderes públicos que además reviste la misma jerarquía institucional y política que el que aquél encabeza.
Lo largos años de lucha y sufrimiento del pueblo en pos de la conquista de la democracia política como sistema de gobierno pero también como forma de vida en la que los principios del pluralismo, la libertad y la tolerancia merecen que aquel que resultó electo por voluntad soberana de la mayoría expresada en la segunda vuelta de la elección de 2023, se conduzca con decoro y respeto hacia el otro órgano en el que reposa la representación popular.
Los agravios a sus integrantes, diputados y senadores, lo son por carácter transitivo a sus mandantes y representados: los ciudadanos y ciudadanas que formamos parte del cuerpo social de la Nación.