Dijimos tiempo atrás en esta columna, que el sórdido culebrón de los concubinos de Olivos –Fernández y su otrora “querida Fabiola”- ocupa en los medios el lugar que debería conservar el caso Loan. Los canales de televisión, tensos vigías en un principio, esfumaron de a poco su presencia hasta reducirla a cero.
No mejor juicio merece cualquier medio que haya dejado de reclamar por un niño sometido, posiblemente, a los peores crímenes: a la prostitución infantil o al homicidio para comerciar sus órganos.
Silencio doloso o, en todo caso, cobarde ante una clase dirigente, a la cual la desaparición de Loan enloda en distintos niveles y en distintos poderes del Estado.
Si un cachetazo –real o supuesto– en Olivos importa más que lo de Loan, andamos mal. El abismo de gravedad que separa una cosa de la otra, a nadie se le escapa. Baldón, pues, para los que tapan la importante con la trivial.
Cuando decimos que la clase dirigente, casta, o como se la quiera llamar, está comprometida en el caso Loan y en otros de igual gravedad, no cargamos las tintas. Veamos ejemplos bien concretos.
Muy poco después de lo de Loan, un diputado de la limítrofe Misiones fue expulsado de su Cámara por difundir pornografía infantil (pertenece a un partido peronista que hoy apoya a Milei).
Un senador de Corrientes, Diego Pellegrini –de la UCR– llevó en su automóvil a Laudelina, tía de Loan, a una fiscalía provincial para que fabulara que el niño había muerto atropellado por una camioneta. Mentira de la que se desdijo casi inmediatamente, diciendo que a cambio de ella se le había ofrecido una suma de dinero.
Debe subrayarse que Pellegrini es hombre de confianza del gobernador de su provincia, Valdés, quien, luego del delirio de Laudelina, afirmó que el esclarecimiento del caso era inminente. ¿Es tan ingenuo Valdés? No parece posible.
Además, uno de los detenidos más sospechados, es el comisario de la localidad en la que desapareció Loan, Walter Maciel. Añádase que la camioneta del invento de Laudelina, que habría dado muerte al niño, pertenece a un alto oficial de la Marina, Carlos Guido Pérez, de injustificable presencia en el lugar.
El trato del caso Loan ya sea por la policía de Corrientes o por su Poder Judicial fue de una lentitud de quelonio. La justicia federal, de la que se esperaba algo mejor, no ha logrado aún arrojar luz sobre el caso. Y si creyera que medió encubrimiento en los funcionarios policiales o en los de la justicia correntina, debería denunciarlo.
Quien ocupa el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se apersonó en Corrientes cuando el caso bullía e hizo, entonces, uso de un alto perfil mediático. Pero jamás volvió sobre el caso, perjudicando su imagen (que también, por otra parte, desdibuja su mileismo sin matices, lindante con la obsecuencia).
En épocas de normalidad, el desquicio del caso Loan, que incluye a un senador intentando desviar la investigación y a un gobernador que finge creer en tal maniobra, hubieran justificado la intervención federal de la provincia.
Pero este es el país de tales policías, de tales fiscales y jueces y de senadores y gobernadores de igual cuño. Es el que se ha acostumbrado a que lo peor de sí ocupe roles dirigentes. Es el país del Chocolate Rigau, que envuelve a todos los partidos y en el que, tan luego desde una cárcel, se dirige un “centro” de prostitución infantil.
Es el país en el cual, tirar de una cuerda, puede hacer caer toda la escenografía en la que esa canalla sigue dirigiendo.