La Diputada (PRO) por Buenos Aires, Patricia Vázquez, anunció un proyecto para eliminar la renovación de las licencias de conducir. Aduce que es un trámite recaudatorio, burocrático, que no hay evidencia estadística que relacione Seguridad Vial con plazos de renovación. O, involuntariamente, cae en la falacia ad ignoratiam: bajo un razonamiento erróneo, por una falta de prueba, descarta la posibilidad. O, adrede, directamente busca el sofisma.
Cualquier especialista, y también persona de sentido común, sabe que uno de los pilares para mantener elevados niveles de Orden y de Seguridad Vial es la correcta capacitación y destreza al volante de los conductores. Por otro lado, el único objetivo del examen previo a la entrega/renovación de las licencias de conducir es verificar si el aspirante/renovador cumple con niveles mínimos necesarios. Sino, ¿qué sentido tendría?
En el interior del país, aunque hayan jurisdicciones adheridas a la Ley Nacional, los procedimientos operativos de algunos municipios para la entrega de licencias son insatisfactorios con su objetivo, es decir, no cumplen con los puntos previstos en el párrafo anterior. Desde este punto de partida -personas con licencia que ignoran la normativa vigente y respectivas actualizaciones- y estados municipales que han habilitado conductores sin mínima preparación-, con estadísticas que acusan una situación de completa inseguridad y desorden vial, eliminar la renovación de las licencias es atentar directamente contra la población permitiendo que la ignorancia en normativa y falta de capacidad de conducción se eternicen en las calles y rutas.
El actual sistema no permite ni contener esta situación, un sistema más laxo… para qué explicar.
Coincido plenamente en que deben reducirse recaudaciones innecesarias y muchos estamentos y procedimientos estatales deben desburocratizarse. Pero, por tales premisas, jamás se debe favorecer la inseguridad y el desorden.
Vázquez, invocando el federalismo, podría pedir que otras jurisdicciones legislen de manera diferente. Ahora bien, por la naturaleza del objeto que regula la Ley de Tránsito -el transporte-, y el permiso que emite -licencia nacional- la legislación de tránsito y seguridad vial debe tender a unificarse en todo el territorio nacional. Sino, hay tantas normativas como jurisdicciones, con una sola licencia que sin la competencia real necesaria, habilita a conducir en otras cuyas reglas pueden ser diferentes.
Siendo realistas, la Ley Nacional N° 24.449 y todas las normas que, jurisdiccionalmente en provincias y municipios adhieren o complementan, deben ser reformadas íntegramente. Ésto, siempre y cuando, se haga bajo un trabajo consciente, no oportunista, y sin apuros por “demostrar gestión” o agendas políticas.
Que la simplificación no desdibuje ni destrate los objetivos de las formalidades, menos aún, en temas tan delicados cuyos malos resultados implican la muerte de personas.
David San Román
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