“Te incendian el país”, la frase con que los argentinos han decidido hace rato rendirse ante los saqueadores del gasto público y los estafadores y vividores del estado, es el poderoso anestésico que ha paralizado a la sociedad nacional, que se usa para anular todo intento de recuperar la viabilidad de la economía local, y de reinstaurar la honestidad y la seriedad en el manejo de la res pública, para encubrir a todos los socios mafiosos del estado de todos los niveles y todos los gobiernos y para perpetuar la miseria nacional. También para encubrir la gigantesca corrupción que se esparce desde la política argentina y se extiende a toda la sociedad, incluyendo la tragedia de la droga, finalmente otra mafia asociada de la actual dirigencia.
Basta que cualquier economista, político o analista proponga bajar o controlar el gasto del estado, para que alguna periodista con su mejor gesto beatífico y sensible pregunte: “¿y qué hace con la gente?”, dando por sentado que bajo el genérico de “gente” no corresponde incluir a los que tienen que pagar por la fuerza los efectos y los costos de la generosa sensibilidad exprés del comunicador.
Esa misma pregunta, aunque hecha por los miembros del trágico “círculo rojo”, no por la famiglia Moyano, fue la que inspiró a Macri su gradualismo, encarnado en su momento en la figura de Alfonso Prat Gay, su sensible ministro de la primera etapa, y por la ministra Stanley, madre espiritual del movimiento sindical piquetero, garantías de fracaso con ese o cualquier otro gobierno.
FALACIA
La pregunta guarda un propósito definido, no es ni inocente ni fruto de la inexperiencia o del buen corazón del entrevistador o comentarista. Tiene por objeto que el interlocutor se enfrente a la disyuntiva de optar por contestar que procederá a bajar el dispendio colosal de inmediato – y entonces espetarle que habrá millones de personas sin trabajo que se dedicarán a quemar el país – o responder que cualquier cambio será gradual, que es la manera de mandar la propuesta al frízer hasta su neutralización total.
Semejante pregunta es, en sí, una falacia y una triquiñuela. En primer lugar, porque parte de la suposición de que el fenomenal gasto del estado se aplica linealmente a favorecer a los más pobres y necesitados, una generosa, estúpida y desinformada opinión. En segundo lugar, porque al menos entre los políticos y sus costosos equipos de asesores, y aún entre el periodismo sensible, hay una gran ignorancia sobre el funcionamiento de las burocracias, el manejo de los presupuestos, su contabilización y el sistema de adjudicación y ejecución de partidas. Y hasta la ignorancia de las mayores autoridades de cada área de sus presupuestos en detalle, su personal y sus adjudicaciones, compras, licitaciones etc. Cuando no la ignorancia en general de las funciones, conocimientos y capacidades que debe tener cualquiera, en el área pública o privada, que se precie de ser jefe, gerente, director, secretario, ministro o CEO de cualquier cosa. Dicho en otras palabras, además de los intereses políticos, de la corrupción, de los negociados y negocitos de los funcionarios, casi ninguno sabe lo que debe hacer para sanear la administración ni tiene las condiciones para hacerlo, asumiendo que le convenga hacerlo.
"QUE HARA CON LA GENTE"
Hace falta muchos años de experiencia y conocimiento para enfrentarse al dispendio y exceso de gastos con justicia y eficacia. De lo contrario, se cae en el peligro de considerar, tal como se escucha a menudo, que sólo hay dos o tres sectores para cortar, y todos son sectores neurálgicos. Cuando usted escuche esa afirmación, lectora, abandone la charla: le están mintiendo, o el que se lo dice desconoce cómo funcionan las organizaciones humanas y no vale la pena escucharlo.
Entonces, ante la pregunta “¿qué hará con la gente?”, se debe responder que se presentará un plan integral que abarque todas las administraciones nacionales, provinciales y municipales, que serán analizadas en sus funciones, tareas, estructuras y gestión con el criterio de presupuesto en base cero, y que se irán tomando las medidas correspondientes para adecuar los gastos a lo que el país permite. Que todo ajuste de egresos de cualquier área se hará primero sobre los gastos y costos no inherentes al personal, y luego continuará con el personal de mayores remuneraciones totales. Y que todo quien deje de percibir su ingreso a causa de esta decisión será compensado como fija la ley y además se determinarán mecanismos para compensar temporal o parcialmente al personal desplazado. Las empresas del Estado serán sometidas a igual tratamiento, pero algunas, como Aerolíneas, Telam o la TV pública, serán cerradas, directamente. No muy distinto a lo que pasa en cualquier empresa privada de las muchas que se han fundido o se fundirán a este paso.
POPULISMO
En términos de la discusión y el debate que puede plantear esta respuesta, habrá que sostener que mantener el presente estado de cosas, también implica mantener el actual estado de desastre que presenta el país, directamente atribuible a los abusos presupuestarios basados en esa sensibilidad falsa, y que se profundizarán hasta la ruina de no retroceder de inmediato. Será preferible defender esa posición en un debate, primero ante un circunstancial entrevistador y luego ante toda la sociedad, a volver a caer en el error del gradualismo, y menos en el error del facilismo político y económico, también lleno de incapacidad, que ha traído al país hasta aquí. Lo que habitualmente se llama populismo, la coima al votante, el choripaneo presupuestario, no es solamente una estrategia para captar votos y apoyo. Es también una confesión de incapacidad y de ausencia de propuestas de quienes no tiene la formación, la experiencia y la aptitud necesaria para encarar las reformas que hagan falta. O, como dice la tribuna, de quienes nunca han pagado una quincena.
Cuando se habla de la debilidad mortal del peso argentino, o sea de la inflación, del déficit sistémico que ya es una herramienta, del gasto delirante, a muchos expertos nacionales se les ocurre ideas como la dolarización, cada vez una posibilidad más lejana, o de una dolarización seguida de un mecanismo que impida el déficit, el gasto rampante, la emisión. Va llegando la hora de tomar el toro por las astas: el problema argentino es el gasto excesivo en sus diversos formatos, que obliga a endeudarse, a emitir, a falsificar la moneda hasta su extinción, lo que provoca una inflación eterna, un costo creciente y paralizante, que terminan en desempleo y miseria. El cepo es consecuencia y también parte de ese proceso. Si eso se cambia, del modo que fuera, ya no es necesario buscar otras monedas que generen confianza, o si se busca dolarizar, será para confirmar ese cambio, para garantizar que no habrá cómo volver a un gasto irresponsable, infantil e inepto. O corrupto. No como pivote para un cambio.
Si esa pelea dialéctica se pierde, la triste verdad es que no tiene sentido pretender ser elegido para gobernar un país que no lleve adelante esas premisas, salvo que sea para desvalijarlo. Si, en cambio, se pudiese acordar sobre los pasos previos arriba esbozados, se puede proceder a desarrollar varias metodologías para casos específicos sobre las que la columna se ha expedido largamente en el pasado, y que ampliará en el futuro, acaso con otro formato, que son las bases de acciones posibles a llevar adelante con relativa facilidad técnica y política. Tan pronto quien gobierne tenga la vocación de hacerlo.
MEDIDA CLAVE
Se puede partir de una medida que no requiere legislación del Congreso, ni de los gobernadores. Todo gasto que implique salarios, remuneraciones, viáticos, jubilaciones, subsidios, planes, ayudas, se abonará única y exclusivamente a cada individuo de forma directa, y se transferirá a una cuenta bancaria de ahorro a su nombre. Nadie que reciba alguna compensación o pago del estado puede percibirla de otra forma, y de ningún modo se permitirá imputar al presupuesto gastos de ese tipo que sean entregados con cualquier formato a organizaciones sindicales, seudosindicales, políticas, ONG, empresas, u otros organismos públicos o privados, en especial los pagos en forma colectiva a ser repartidos de otra manera. Tampoco se efectuarán pagos por esos conceptos a ningún tercero que sea designado o se autodesigne para percibir esos pagos en nombre de terceros. Esta norma no tendrá excepciones.
Si se piensa en analizar en mayor detalle lo que cada uno recibe del estado, este tipo de norma es indispensable y básica, ya que en su defecto cualquier disposición será eludida y será inocua. Pero hay un agregado:
El listado se pondrá a disposición del estado, de la justicia y de todos los legisladores y jueces, y se consolidará por grupo familiar. De ese modo surgirá con claridad lo que recibe cada individuo o familia. Parece un tema menor. Sin embargo, ese listado permitirá confirmar algo que hoy se supone, pero no se puede probar porque se escamotea deliberadamente la información: detrás de los reclamos por “la pobre gente” que se quedará sin subsidios o planes o “trabajo” se oculta que un sector muy pequeño se lleva la mayoría de ese gasto, como si hubiera una pirámide invertida, en que una distinguida minoría se lleva la mayor parte de gasto, subsidios, sueldos, compensaciones o planes. Sólo ese análisis y esa publicidad ayudará a bajar el déficit sin dañar a mucha gente. No muy distinto a lo que ocurre en la administración pública, en la que un pequeño grupo de inútiles multipartidarios se llevan por lejos la mayoría del gasto. Justamente ese ocultamiento deliberado permite, en nombre de la solidaridad de 30.000 pesos, permitir generosidades de 500.000 o más.
Ninguna organización formal o informal que agrupe con cualquier diseño a trabajadores, planeros o subsidiados del estado recibirá cifra alguna por ningún concepto. Se cae de obvio, como es fácil de comprender. Y sirve de paso para oponer a las masas de periodistas, políticos o referentes sociales sensibles y llorones.
VICTIMAS IMPOSITIVAS
Se dirá -seguramente lo dirán los súbitos defensores del derecho a la privacidad, tal vez algún otro periodista-, que este tipo de listas vulnera el derecho a la privacidad y estigmatiza a los pobres. Entonces qué se puede decir de la AFIP que embarga sin sentencia, cancela posibilidad de facturar, exhibe públicamente los datos y situación de sus contribuyentes, atrasos, etc. O del mismísimo Veraz, que transforma a alguien en un paria por mera denuncia. O de tantas otras situaciones, incluyendo escraches o cancelaciones públicas de todo tipo. ¿O no tienen derecho las víctimas impositivas a saber quiénes perciben sus dádivas directas? ¿Quién es el estado para repartir sin recibo ni constancia? Nada más que el simple análisis de este listado ahorraría miles de millones a los contribuyentes.
¿Realmente hay derecho a que un seudo comunicador público pregunte cuál sería el destino de la “pobre gente” de Aerolíneas, o Telam, o la TV Argentina? ¿O habrá que subsidiar la propaganda o a los contrabandistas? Cada uno de los grandes privilegiados en Aerolíneas o TV Argentina vale por cientos de sueldos de la verdadera “pobre gente” que trabaja, ponele, como diría un tuitero joven de 50 años. Hay evidentes casos indefendibles, que ni siquiera ameritan una discusión.
¿Hay alguien que no comprenda que todos los pagos de la ANSES deben ser analizados uno por uno, y no solamente las jubilaciones regaladas, (que en el colmo de la injusticia son las que están más compensadas por inflación vía ajustes, regalos, bonos especiales, etc. sin tener ni lejos los aportes suficientes) La cantidad de pagos que realiza la ANSES son incontrolados, inescrutables, desde el subsidio a la garrafa a las AUH, más las compras de bonos que hace al estado, más el saqueo del fondo de garantía. ¿Se le podría explicar a los “sensibles” que eliminar el despilfarro ahí y parar las injusticias, los fraudes y el robo de las jubilaciones especiales y duplicadas no va a herir a “la pobre gente” sino que va a beneficiar a jubilados legítimos que no son de clases privilegiadas, sino que son más “pobre gente” que los acomodados? (Además de dejar de equivocar el análisis del gasto jubilatorio, que no es igual al gasto de ANSES).
SINDICATOS DE MILLONARIOS
Tarea imprescindible, pero impopular desde el punto de vista de los que preguntan “¿van a bajar el gasto de golpe? es la revisión del sistema de obras sociales, regaladas por Onganía a los “pobrecitos sindicalistas” y una reforma que elimine el sindicato único por actividad y que permita la asociación en sindicato por empresa o grupos de empresas similares de cierto tamaño. Eso tampoco perjudicaría a nadie, salvo a los jerarcas (monarcas) sindicales. ¿También son parte de “la pobre gente”?
No es aceptable que en el país haya una suerte de sindicato de piqueteros y desocupados, representados por señores millonarios que se han autoatribuido la representatividad de esos sectores, y que muchas veces se ocupan de repartir los “beneficios a sus asociados” otra barbaridad aberrante. Hasta se debe excluir la farsa de que hay una contraprestación que se les reclama para no dar la excusa de sindicalizarse, como están empezando a hacer los presos, actos de locura intolerables que sólo un hato de incompetentes o ladrones puede permitir. O puede defender, para ser claros.
Otro punto a corregir urgentemente, que también costará popularidad se supone, o más preguntas de los solidarios periodistas teóricamente imparciales, es el del accionar de las provincias y concomitantemente de las intendencias. No existe en ninguna de ellas el más mínimo control de presupuesto, de gastos y ni siquiera de comprobantes. Y habrá que recordar que representa un alto porcentaje del déficit del país, mucho más alto que la mayoría de las erogaciones que se discuten. Es obvio que, si se permite a los gobernadores y sus provincias seguir con pauta libre y con sobres libres, no habrá cambio que se proponga que no sea fuertemente cuestionado por muchos medios. Y ni hablar si lo que se propone es una eliminación y baja de impuestos o una agrupación zonal de las satrapías, perdón, de las provincias.
Se recordará que ya la gestión fiscal de Cavallo, que tuvo mucho éxito en controlar el gasto en Capital Federal, sufrió el contrapeso fatal de las provincias, que se desmadraron en su gasto y en su deuda. Basta ver el número de empleados del estado en la Nación y en las Provincias, para comprender que la disyuntiva es resolver este falso federalismo declamado de los sátrapas provinciales o seguir igual que hasta ahora. O basta ver hoy su esquema impositivo y presupuestario.
LA PROVINCIA
Seguramente todos estos temas y estas elementales medidas para empezar a desmalezar el camino, requerirá mucha prédica, mucha lucha, y también mucha capacidad y conocimientos específicos. Pero son urgentes, e ineludibles. Si un candidato o un partido no se sienten capaces de sostener el desafío, es mejor que abandone ya. No hace falta un nuevo contingente de vagos e inútiles en la Administración Pública, relatores de la realidad. Y el debate empieza por contestar clara e inequívocamente esa pregunta sobre “la pobre gente”.
La columna ha analizado en varias etapas y en detalle muchas medidas y estudios que se requieren para comenzar a resolver el intríngulis nacional, como seguramente lo han hecho muchos. Y entre sus principales medidas a tomar figura por caso, en letras luminosas, la prohibición de tercerizar o subcontratar cualquier tarea de cualquier tipo en la Administración, uno de los grandes agujeros por donde se escapan fortunas que no solamente son estafas en cuanto no se exponen las contrataciones adicionales de personal con formato oculto, sino que han enriquecido a miles de socios, testaferros y devolvedores en especial en la Provincia de Buenos Aires. En rigor, cada repartición, observatorio, secretaría, subsecretaría, requiere un análisis exhaustivo de sus presupuestos y su misma existencia, que excede a la cuestión de personal y cuya solución no implica lastimar a ningún trabajador decente sino impedir el saqueo al que es sometida Argentina con la excusa de proveer trabajo u otras mentiras, que surgen cuando se estudian las matemáticas del gasto. Presupuesto en base cero, imprescindible después de tanta tranza acumulada.
Con gusto la columna ofrece publicar un manual o tutorial amplio y concreto sobre la metodología, los pasos y el herramental a usar para bajar el gasto desaforado y para la lucha contra el saqueo, que está siempre en contra de la verdadera pobre gente que son quienes trabajan, producen, invierten y arriesgan. Pero primero quien intente gobernar debe asumir públicamente el compromiso, el desafío y aún el desgaste, y la pérdida de apoyo de aquellos sectores que esperan y buscan un mesías que produzca el milagro de que se elimine la inflación, pero sin bajar el gasto que les conviene, y sin que se les quite el subsidio que los beneficia, en especial el tarifario, y se los exima de los impuestos que les molestan, como ahora pretende el sonriente Massa. Y por supuesto, lograr que se obligue a los propietarios a que les alquilen su propiedad sin ajuste ni garantía y también poder cambiar el auto a plazos, pero sin alterar el déficit de fondo ni el nivel de gasto, para no afectar lo que les conviene y para no herir la sensibilidad de los comunicadores gradualistas y funcionales, acaso.
Existe una traba implícita en este planteo: no hay quien disponga de las estructuras, el conocimiento, el método y el coraje necesarios para semejante tarea, más allá de las declamaciones y arengas. Y un riesgo implícito: que la sociedad, enredada en su propia sensibilidad exprés y la ventaja que cada uno quiere defender, por conveniencia o por estar atrapado en su pequeña ideología de entrecasa, no esté dispuesta mayoritariamente a apoyar a quienes emprendan este camino. Y otra pregunta adicional: los políticos, que han aprendido a vivir con y de este sistema, ¿querrán que cambie algo?
“Te incendian el país”. Además del vergonzoso chantaje y el miedo que la frase conlleva, ¿el país no es ya un campo yermo, arrasado por el fuego?