La columna no se ocupará de la marcha de esta semana sobre el tema. Es evidente que los partidos, sindicatos, periodistas y buena parte de las orgas que apoyaron la marcha, o no saben demasiado de educación, o no quieren que haya una población educada, o tienen otros intereses que no son necesariamente pedagógicos. Cualquiera fuera el final de este sainete, el resultado no aportaría ni una mínima mejora en el paupérrimo nivel de conocimiento nacional.
Este espacio, aun aceptando la nula especialización del autor en la materia, intenta invitar a reflexionar sobre el daño que todo lo que todo el arco político, judicial y ladrones anexos le está infligiendo a la ciudadanía derramando una colección de palabras sin significado, como si en serio alguien creyera que se está realmente educando a la juventud y ayudándola a progresar, cuando en rigor se la está hundiendo en la sumisión y la pobreza y engañando a toda la sociedad con el discurso aprendido de que se está impartiendo una educación útil, (en cualquiera de las tres etapas) cuando en realidad se está fraguando un cúmulo de profesionales inútiles en su gran mayoría y de estudiantes ignorantes frustrados en su totalidad.
Para limitarse al último medio siglo, habrá que recordar la decisión del dictador Lanusse, cuando, creyendo que democratizaba la educación superior, tuvo la feliz idea de crear una universidad en cada barrio, o algo similar, como si fueran plazas secas. Suponía que de ese modo, pondría “la universidad al alcance del pueblo”. Un error pedagógico y económico.
Al creer que de ese modo evitaba el desplazamiento de los estudiantes desde sus zonas de residencia, con el esfuerzo consecuente en varios sentidos, condenó al sistema a tener que financiar un claustro de profesores, un sistema de soporte administrativo y de no docentes, un complejo edilicio, y una infraestructura de soporte de conocimientos, laboratorios, bibliotecas y demás.
También lo condenó a un deterioro de su calidad real y percibida, en cuanto fue en sentido opuesto a todas las universidades del mundo, que concentran el conocimiento en pocas casas de estudio para garantizar justamente la plataforma de calidad docente, imposible de sostener en ese esquema fragmentado.
También colaboró al descalabro económico y pedagógico al inaugurar ese raro criterio de popularización de la educación que terminó en todo tipo de exageraciones, (culminando en la Universidad de las Madres, de la que ningún graduado, si tal cosa existiese, se atreverá a exhibir el título para conseguir un trabajo) y que obligó al financiamiento estatal de un sistema universitario irracional, ineficaz y mentiroso.
Debe recordarse que hace medio siglo también, la universidad pública cobraba un arancel a los alumnos que reprobaban y debían rendir nuevamente, y hasta sancionaba a quienes reprobaban materias sistemáticamente.
Y también debe recordarse que la UBA, la universidad de excelencia, contaba con la mayoría de profesores y ayudantes de cátedra de altos niveles empresarios que trabajaban ad honorem. No. No hacían huelgas ni marchas. Devolvían como corresponde lo que la casa de estudios les había dado.
Siguiendo con el recuerdo, el paso siguiente fueron las marchas de los padres de alumnos –que no eran los pobres, ni las clases más desprotegidas, curiosamente- que, como el miércoles, salieron a la calle en patota a clamar por la eliminación del examen de ingreso, un requisito que con diferentes formatos tienen todas las universidades del mundo civilizado no desprestigiado, públicas y privadas.
Y como si eso fuera poco, en un paso inmediato se eliminaron los cupos, es decir que no sólo los ciudadanos tenían el derecho a educarse gratuitamente, sin obligación académica alguna, sin pasar por prueba de suficiencia alguna, sin requisito alguno, sino que podían estudiar lo que quisieran a cargo de la sociedad, sin importar si su carrera era necesaria o no, o si cursaban aunque fuera sólo una materia de la misma. O ninguna.
Esta combinación de barbaridades llevó a la creación del CBC, o Ciclo Básico Común. En ese curso de un año, supuestamente se prepara a los alumnos (que no se tomaron el trabajo de prepararse durante los 5 años de secundaria también gratuita) para capacitarse para entrar en la universidad. ¿Cuánto insume en recursos económicos, docentes, administrativos y anexos ese esfuerzo del estado?: se estima que más del 50% del presupuesto total de la casa de estudios. (Ni siquiera piense en el costo de toda la educación secundaria gratuita que produce masivamente esta clase de analfabetos funcionales)
Otra vez, al revés de las grandes universidades mundiales, independiente de su condición de públicas o privadas, se invierte la mayoría de los recursos y gastos en ese superfluo año de formación en detrimento de los cursos de los años superiores, donde se requiere justamente concentrar los esfuerzos económicos y pedagógicos.
Con un leve detalle adicional. Más de la mitad de ese alumnado del CBC, como mínimo, no se toma el trabajo de cursar una sola materia de primer año, y menos del 30% (con suerte) de ese total, llega a completar las materias de primer año. Derechos generosos garantizados por la Constitución y las marchas, o sea por usted, con su dinero, estimado lector.
Alegremente los legisladores, los entes de todo tipo públicos y privado y la sociedad en general, clama por el riesgo que implica que se suprima la gratuidad de la educación universitaria. Una hipócrita actitud, porque la mitad al menos de esos cuantiosos marchistas físicos y mediáticos ignora deliberadamente que la educación que se está ofreciendo hoy carece de valor alguno y no cumple ninguna de las expectativas que supone cubre. No sirve para nada. (La otra mitad lo ignora por ignorancia lisa y llana) Es como una falsa vacuna, como una vacuna rusa contra el Covid.
Con el agravante de que nadie en el Gobierno ni en otra parte está pensando ni hablando sobre la intención de suprimir la enseñanza universitaria gratuita. Un temor de ignorantes. O de mala fe. Se ha transformado una discusión presupuestaria en un supuesto intento de eliminar la imprescindible enseñanza superior gratuita que tanta falta haría. El término haría quiere decir que lo que tiene el país hoy es gratuito, pero no es enseñanza, es una vil parodia trágica.
Para dejar todavía más clara la estafa educativa, es relevante destacar que cualquier intento de medir la eficiencia de la educación, o la cantidad de egresados, y hasta los egresados por año en cada disciplina contra los que iniciaron la carrera, es ocultado, amañado, falseado, deformado, tergiversado o descalificado. Todo intento de medir la eficiencia de la enseñanza, (en esto también se asemejan los tres ciclos) es descalificado o condenado a priori, o en su defecto deformado en los datos que se publican, si se publican. Una estafa perfecta. Seguramente ya aparecerá un artículo de la Constitución prohibiendo evaluar la eficacia del sistema. La política es especialista en la estupidez.
Hasta los datos de inscripción son un secreto, o son esfumados de algún modo. El número de alumnos, aunque no rindan ni siquiera el primer parcial de la primera materia, es fundamental para justificar los gastos. Gastos que nunca favorecen ni al alumnado ni a los docentes, curiosamente. Como en la mayor parte de todo el gasto nacional, provincial y municipal. Para cualquiera que haya asistido un mes a una Facultad esta situación es harto evidente.
El CONICET, que tiene una gran cantidad de profesionales respetables y de alto nivel, también cobija en la misma proporción al fruto de este sistema de seudoenseñanza, como un destino final donde se sepultan a alto costo los fracasos del sistema educativo nacional. Como siempre en todo el gasto, lo difícil es desbrozar quién es quién. Y siempre habrá una marcha que los defienda. Declamando también quién sabe qué precepto constitucional, tratado internacional o acción sindical que lo justifique. Por la razón o por la fuerza.
Ahora se pueden analizar los aspectos presupuestarios. La universidad estatal ha decidido que la autonomía universitaria incluye también la autonomía presupuestaria y el derecho a no tener ninguna supervisión. La Constitución es sagrada y garantiza la impunidad.
Porque es mentira que las universidades se auditan como el resto del gasto. Además de que la auditoría del gasto no sirve para nada. La auditoría de las universidades es solamente una formalidad. Simplemente no existen. Y si existen son aisladas, esporádicas, formales y si se encuentra una irregularidad no se lleva jamás a juicio. Seguramente otra cláusula constitucional.
Nada aumenta más la grieta social que la educación estatal, que un día, también hace 50 años o más fuera muy superior y preferida largamente a la privada. Aun reconociendo que dentro de la mediocridad general algunas de esas casas de estudio todavía conservan un cierto prestigio. Lo peor es que se les hace creer a sus egresados que aprendieron y saben. Nada raro en un país donde los políticos más destacados han conseguido recibirse en las sucursales universitarias en dos años, como Menem o Duhalde, o sin cursar, siquiera, o sin tomarse ni el trabajo de aprobar las materias o asistir, como la viuda de Kirchner.
Una de las maneras que se han barajado es la de arancelar la educación superior para los extranjeros, que hacen uso de la gratuidad que no existe en sus países para estudiar y recibirse en el país y luego ejercer en el suyo. Mostrando su incompetencia o mala fe, los gobiernos argentinos han firmado con gran superficialidad tratados que permiten que sus títulos valgan en otros países de la Patria Grande y viceversa, tratados que no deberían firmarse porque son prerrogativas de terceros países, no de este país.
Por supuesto que la inefable Constitución también impide arancelar la educación superior a los extranjeros que se radiquen, otro punto en que Argentina ha tenido la generosidad de los estúpidos. Lo que no existe en la Constitución (todavía) es la obligación de haber aprobado el ciclo primario y secundario en el país. Cosa que sabe cualquiera que haya intentado ingresar en una universidad tan lejana como en Uruguay, por ejemplo. Nada más que aplicando ese elemental requisito se termina el negocio de mandar la población careciente a estudiar al país, que los analfabetos matemáticos y fiscales dicen que se paga con el IVA de lo que esos estudiantes consumen. Una ofensa argumetnal a la inteligencia.
En algunos países limítrofes esa costumbre, como la hospitalaria, configuran una verdadera política de estado aunque no esté explicitada. No es tan fácil determinar, además, por qué se alteran, ocultan y reducen las cifras de esos estudiantes, al punto que la sociedad cree que la cifra en cuestión es apenas del 4% de la matrícula, otro de los datos que se manipulan grotesca e impunemente y que tampoco pueden ser auditados porque seguramente otro artículo constitucional lo impide. La Constitución, a diferencia de las cartas magnas preclaras de la humanidad, es un compendio de prohibiciones que siempre, sin excepción, desfavorecen a los necesitados domésticos. Otra vez, cualquier practicante que ha tenido que padecer esa realidad sabe que la cifra del 4% es una burla.
Basta preguntar a los estudiantes que estudian y a los docentes que enseñan, para rechazar todos los datos imposibles de auditar, que arrancan con la deliberada omisión en el censo nacional de preguntarle a los encuestados al efecto su nacionalidad, que también se oculta en todos los planes y subsidios que también paga usted, estimada lectora.
Pero la estafa mayor, la mentira más perversa, el engaño más dañino, es hacerle creer masivamente a los jóvenes y a la sociedad que se los está educando para el futuro y para que puedan ascender en la escala socioeconómica. Un crimen contra la población, en especial la más necesitada de formación. Contra ese crimen no se hace ninguna marcha.