Por Guillermo Suárez (*)
Un informe del Banco Mundial afirma que alrededor de 170 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe enfrentan una crisis de aprendizaje luego de la Pandemia. Esto posiciona a la región en el segundo peor lugar en el mundo, comprometiendo el futuro de nuestros países ante la posibilidad de ampliar la brecha ya presente de desigualdades.
En este sentido, el aspecto transformador de la educación queda limitado a su acceso y a leyes que permitan la progresión educativa. Esto habilita también a la posibilidad de obtener un trabajo digno, siendo ambos los principales recursos para alcanzar la inclusión de quienes más lo necesitan.
Desde una perspectiva propositiva para superar este desfasaje, el Grupo Banco Mundial (GBM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proponen 4 compromisos para la recuperación del aprendizaje:
Un compromiso con la escolaridad: para garantizar que ningún estudiante se quede atrás o abandone los estudios.
Un compromiso con el aprendizaje y el bienestar: para dar prioridad a las habilidades básicas y fomentar niveles adecuados de formación de capital humano a lo largo del proceso.
Un compromiso con los docentes: para garantizar que los profesores y profesoras sean valorados y apoyados en todo momento.
Un compromiso con la promoción y la financiación: en la medida en que la agenda de recuperación de la educación es una responsabilidad de todos y necesita recursos suficientes, y sabiamente utilizados, para su implementación.
Este abordaje destaca la relevancia de cada educando, más allá de cualquier diferencia, todos son igualmente importantes para revertir esta situación. Sin embargo, millones de personas permanecen excluidas de la educación.
En este sentido, la educación en contextos de privación de libertad demanda atención especial y sigue siendo un pendiente en un marco de inclusión en Argentina, ante cifras que reflejan el incremento de la delincuencia y la reincidencia. La capacidad integradora que brinda la educación en contexto de encierro permite establecer un proyecto de vida propio y trazar un horizonte para aquellas personas que han cometido un delito y se encuentran en la marginalidad social.
Los últimos datos oficiales aportados por la Dirección de Educación, Cultura y Deporte de la Nación arrojaron que de las 100 mil personas en condición de encierro en el país lograron algún tipo de certificación 4.253 personas, siendo la Educación No Formal la alternativa más elegida por los reclusos para alcanzar una salida laboral alternativa.
El Estado debería brindar las herramientas necesarias y promover la formación de los delincuentes para que el delito no sea la única alternativa, y que ante la falta de propuestas laborales se pueda superar la delincuencia con educación. Esta posibilidad tiene un beneficio doble, por un lado promueve el desarrollo educativo desde distintos aspectos y, por el otro, protege a la sociedad frente a la reincidencia, mejorando a tal efecto las oportunidades de una INCLUSIÓN exitosa mediante la EDUCACIÓN y la INSERCIÓN LABORAL.
El éxito en la reintegración social de los detenidos depende en gran medida del apoyo que brindemos para que se desarrollen educativamente. Ante esto, focalizar el compromiso en la educación Permanente (No Formal) les otorgará las herramientas necesarias en habilidades y competencias, con una esperanza de cambio y transformación social para cooperar en su inclusión social y laboral.
Ese compromiso a través de la Educación Permanente debe ser compartido y organizado, es la esperanza para superar, de una vez, la crisis social y delictiva que lastima nuestro presente y amenaza nuestro futuro. Fortalecer las bases educativas para el desarrollo de capacidades de relevancia para el mercado laboral es lo que la Argentina necesita y merece, y es una responsabilidad de todos.
(*) VP de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, y Presidente de Identidad Argentina.