El título de la nota no se refiere a la zona de París así llamada, donde en la época del absolutismo de Luis XIV vivían los marginales descastados, despojos auténticos algunos, y otros que se disfrazaban de mutilados, deformes o ciegos para mendigar o robar y se “curaban” milagrosamente de noche, para celebrar sus orgías callejeras. Tampoco a las novelas que Victor Hugo escribiera inspirado en esa caterva: El Jorobado de Notre Dame y Los miserables, compendios del sufrimiento de la plebe y de la injusticia. Tampoco a la obra de Ramón del Valle-Inclán, en las que castiga al gobierno de Isabel II de España, famoso por su corrupción e impunidad, su manipulación de las instituciones, sus trampas electorales y su desprecio por los derechos ciudadanos. No se refiere a ninguna de esas tres instancias. Pero podría.
Existe hoy una enorme masa de miserables económicos, sociales, espirituales, mendigos de dádivas, planes, al borde de la ignorancia, sumidos en el delito, la droga, la fabricación de hijos para cobrar planes, que luego se alquilan para mendigar. Disfrazados de pobres que viven en las villas para explotar a los pobres verdaderos, miserables importados desesperados que vienen a colgarse de algún subsidio, o a probar fortuna en el delito, mulas que transportan droga, changueros multitasking que alternan en un instante de limpiar parabrisas a robar celulares, o que matan a alguien para robarle unas zapatillas o una cartera flaca y llena de escasez. O usurpadores locales y multinacionales rentados por 2000 pesos para ocupar terrenos con los que lucran punteros y malandrines asociados ante la fingida y pérfida impotencia de la justicia.
También hay miserables de los otros. Los que se disfrazan de políticos para manotear un cargo desde dónde rapiñar, choferes o jardineros que se vuelven millonarios, inimputables irresponsables como lo que se acaba de ver por el Zoom del Congreso mostrando su precariedad, su impostura y su hipocresía, sin ningún diploma moral que los avale ante la sociedad. Y los que los designan y esconden en las listas.
Y luego hay miserables de nivel más alto, que hacen fraude con la salud de la población, que rifan las esperanzas de la sociedad, que roban el futuro, además de los dineros de todos. Que cambian la careta o el disfraz (o el discurso) según convenga, y que cuando termina su actuación dejan de lado el maquillaje y las falsas muletas y se convierten en lo que verdaderamente son. A veces, embotados por su hubris o su droga, no se dan cuenta de que el micrófono o las cámaras están abiertos. Y entonces se muestran tal cual son, o los denuncian sus furcios. El pequeño caso del despreciable homúnculo ahora exdiputado es una muestra gratis del modelo de impunidad e hipocresía que rige los destinos de la nación a todo nivel.
Este proscenio de comparsas disfrazados, enriquecidos groseramente, ensoberbecidos y amparados por una corte real absolutista con su cohorte de obsecuentes y mandaderos, podría merecer el apelativo de corte de los milagros con todos sus significados. Pero esta columna intenta referirse a otra corte, la Corte Suprema, en especial en lo que hace a su compromiso irrenunciable con la ciudadanía y a lo que la sociedad demanda de ella hoy.
Una Corte que tradicionalmente ha aceptado demasiados casos que debieron ser rechazados in limine, y que al mismo tiempo ha sido remisa en pronunciamientos contundentes, o al menos lenta, algo que se ha agravado desde el retorno de la democracia. Una Corte que luce hoy como discapacitada, disfuncional, frente a las inseguridades y dudas que el sistema político padece, muy en especial por el golpe de estado permanente que significa el accionar de la primera inculpada del país, la señora de Kirchner. Una Corte que a veces parece formada por ocho miembro en lugar de cinco: los ministros, dos mamarrachos censores como Zaffaroni y Bonafini, y la presidente del Senado en ejercicio de su función de némesis furiosa que inventa reglas, las reinterpreta a su antojo e increpa y pontifica no sólo como si fuera abogada, sino como si tuviera la estatura y la autoridad moral y escolástica de Catón el viejo. Intolerable en los tres casos. Pero sin embargo tolerados.
La renuencia a eludir los fallos definitivos y las acordadas imprescindibles hacen que sea fácil sospechar que el Máximo Tribunal no está siendo inmune a las presiones externas, que además actúa dividido y con discrepancias graves internas. El supuesto rencor del doctor Lorenzetti por su desplazamiento como presidente, que parece evidenciar en algunas de sus actuaciones y actitudes, y el temor a una supuesta persecución judicial por algunas de sus actividades extrajudiciales, como ha denunciado repetidamente Elisa Carrió, ¿son acaso capaces de inhibir su juicio y su opinión cuando se trata de una tarea sagrada para la república?
En el caso de la doctora Highton de Nolasco, la Constitución ha provisto de una herramienta perversa y peligrosísima al Legislativo y al Ejecutivo: la renovación del mandato cada tres años, como si fuera una licencia de conducir luego de la discriminación etaria de los 75 años, pone a cualquier juez en una posición de dependencia que, más allá de las calidades éticas de cada uno, no garantizan la independencia para emitir fallos de quienes deben juzgar precisamente la validez del comportamiento de los mismos que tienen que renovarle su licencia. En las horas cruciales en que se dirimen temas como el manotazo alevoso y ahora incesante a la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de 16 años sin instrumentar la ley que manda la Carta Magna de 1994, ¿dejará la jueza de lado la preocupación por su futuro personal y su agradecimiento a la hora de sopesar su fallo?
Y los otros tres ministros, ¿dejarán que pesen sus lealtades, agradecimientos, compromisos, ambiciones, rencores, ideologías en el momento de tomar decisiones sobre actos que claramente conducen a la impunidad de la misma expresidente que ahora juzga y elige a quienes tienen que juzgarla, los castiga por el pasado, los elimina para el futuro, los atemoriza colectivamente con su poder en el Senado y en el Consejo de la Magistratura, a un paso de ser reducido a una estafeta cristinista?
Tales preguntas valen para estos dos casos específicos, pero quedan temas más graves en la carpeta maquiavélica de la que muchos siguen considerando una política brillante, porque la política se ha devaluado hasta la miseria. El sistema electoral, la propia división de poderes republicana, la disminución del poder de la justicia licuada en la corrupción generalizada, y hasta la independencia y la función misma de la Corte, que ya han empezado a ocurrir. ¿Qué hará la Corte? ¿Asistirá impávida a su propia desnaturalización? O mejor aún: ¿Qué harán los ministros de la Corte? ¿Permitirán que la Constitución sea prostituida, bastardeada, como todos los valores que ha destruido Cristina Kirchner? ¿Dejarán que el concepto de república con su enorme importancia para la democracia sea aniquilado, transformado en mero relato, o en una farsa cual otro Indec, otra ANSeS, otro Banco Central, otra burocracia inútil y mentirosa?
Algunos analistas suponen que, en esta coyuntura específica, la Corte optará por el empate, es decir, dará la razón a la Ciudad en su reclamo por la coparticipación, tragará duro y cerrará los ojos y digerirá la barbaridad jurídica del desnombramiento de los tres jueces que la señora Fernández no desea que la juzguen. Sería una gran vergüenza que tales decisiones se tomaran como si se tratase del tribunal de penas de la AFA, con perdón del ente deportivo, para buscar un equilibrio que no procede y que sólo cabe en mentes precarias y en espíritus minúsculos. Sería, en lenguaje más simple, un acto de cobardía.
Y esto lleva a la cuestión central, a la médula de esta nota. Los jueces, de cualquier fuero y de cualquier instancia, deben ser más valientes que un soldado comando. Deben vencer todos los miedos, soportar todas las presiones, hacer caso omiso de todas las amenazas, olvidarse de todas sus lealtades e intereses. Salvo de una, la lealtad a su deber de estado. La lealtad a la nación. Los jueces de la Corte todavía más. Muchos pragmáticos, o sea sin principios, podrían sostener que se les reclama un acto heroico: sí.
La sociedad está dividida por una brecha en dos mitades, pero sigue siendo un solo país. Y hay una única forma pacífica de soldar esa brecha: con la acción de la justicia, hoy desprestigiada, denostada, desconfiada y sospechada. Y nadie más que la Corte Suprema puede ser la abanderada de esa tarea y empezar con el ejemplo.
Esa sociedad espera ese milagro de la Corte, que se enfrenta a un turning point, un momento de decisión existencial: Argentina sufre una gama dramática de problemas del que la economía no es el mayor. Apenas es una resultante. Un sistema político corrupto, una sociedad dividida, sin esperanzas, mendicante, donde el único camino es irse, donde los que trabajan y producen son perseguidos, los que ganan son castigados y los pobres son el excremento con el que se alimenta la hoguera de vanidades de la farándula gigantesca que es hoy Argentina. Un país desmembrado, sin educación, donde la droga se imbrica con el poder y el poder es compartido con los ladrones públicos, el descalabro irresponsable de un orden social que va a explotar en cualquier momento.
Por supuesto que suena iluso, porque todo es iluso cuando se han perdido los principios. Pero ahora la población mira como su única esperanza a los jueces del Máximo Tribunal y espera que defiendan la república, el vital concepto republicano. Finalmente, es para lo que han sido designados. Ese es su destino, su razón de ser, su compromiso, la culminación de su vida. La integridad misma de la Nación está en peligro, sin miedo a parecer rimbombante. Cumplan los jueces de la Corte Suprema con su deber, simplemente. Y si no que sus conciencias se lo demanden. Dios y la Patria ya son una entelequia a esta altura.
Ahora se entiende algo más el título. Para no ser como una corte de los milagros, puede ser una Corte milagrosa. El martes se empezará a definir.