La expresión cristinista acerca de la necesidad de democratizar la Justicia -según se implemente en la práctica- puede servir para una suerte de “depuración” de presuntos o reales bolsones de corrupción estatal, o bien todo lo contrario.
La supuesta aspiración de la titular del Ejecutivo, con arreglo a los dichos de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, no sería otra que anunciar por estos días el abatimiento de unas presuntas redes de protección corporativa del sector. Para ello, se avanzaría en una suerte de actualización radical de los tribunales, tanto en sus estructuras como en la ratificación o no de sus componentes actuales.
A buena parte de sus miembros de hoy, en Olivos se los identifica, genérica y arbitrariamente, como tributarios de la acordada cortesana pro golpista de 1930 y sus ratificaciones sucesivas. ¿Y si no fuese así?
Empecemos por el principio: nuestro país tiene, como mandato constitucional irrenunciable, la preservación y el desarrollo de un camino democrático respetuoso del principio republicano de división de poderes, adjudicando a cada uno de ellos funciones específicas, pero también límites precisos. En todos los casos, la idea pasa por la finalidad de evitar hegemonismos absolutistas, o parecidos.
Un reconocido medio oficialista acaba de admitir que “cualquier cambio en materia judicial, sobre todo si le quita poder a la Corte, implica ciertos riesgos: en el máximo Tribunal esperan, pendientes de resolución, causas claves sobre el ANSES, el reclamo de fondos por parte de tres provincias y la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios”, con el añadido de los ecos del posible acuerdo con Irán, con no descartables revisiones tribunalicias ulteriores.
Esto es lo de hoy inmediato. Pero, además, ¿qué puede pasar con lo medular del asunto, sobre todo cuando se ha dejado trascender que “la reforma judicial no es cuestión de normas, sino de decisión política”? Para el diputado Kunkel, “arrancamos mal (si creemos que) la Justicia designa al ideal superior que difícilmente pueda hacer alcanzado por los actos humanos”. Otro funcionario, Guido Croxatto, asesor en Derechos Humanos, recientemente afirmó que “la imparcialidad del juez es un argumento retórico vacío”, agregando que “eso es lo que usó la Justicia para negar el Proceso”. ¿Sólo adherir a un proyecto político determinado sería hacer justicia?
Se parte de la base según la cual, como ha dicho el intelectual de izquierda y constitucionalista Roberto Boico, “nos han hecho creer que el derecho es fuente de obediencia indiscutible y todo alzamiento (sic) contra lo establecido es anatema”.
Se trata, entonces, no de la continuidad de un ‘modelo’, sino de hasta contrabandear las bases de un régimen de apariencias ‘revolucionarias’. Tal vez sea cuestión de forzar la letra escrita de la Constitución y las leyes vigentes porque, supuestamente, y en todos los casos, sólo constituirían “la cristalización de la posiciones dominantes”. ¿Una nuevo paradigma semioculto?
Un ejemplo del espíritu demagógico al que se apela con esto se plantea en lo relativo al remozamiento de la plantilla de jueces, fiscales y personal de cualquier orden en los Tribunales. Con palabras consignadas en una expresión periodística cristinista, eventualmente debería atenderse a categorías de clase acerca del sistema de reclutamiento de ese funcionariado. Este debería partir de la base de la eliminación/relativización de los antecedentes académicos de los postulantes (porque) los egresados de Derecho pudientes “pueden adornarse con posgrados y maestrías”. Otros -dicen ellos- tienen que “laburar cuanto antes”. ¿Reclutar sólo en universidades ‘nacionales y populares’, para dar cabida a una reforma con un posible ‘gato’ hegemonista encerrado? Aún se está a tiempo para evitar lo peor.