Juicio en ausencia

Antes de la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado citada para analizar el pliego del candidato a ministro de la Corte Suprema Ariel Lijo, un senador oficialista, Francisco Paoltroni, armó un encuentro parainstitucional para cubrirlo de críticas de orden técnico y moral.
Convocó a integrantes de la corporación judicial en lo que fue una especie de juicio en ausencia, ya que el candidato se enteró por lo medios de las acusaciones en su contra sin poder responderlas, algo que sí estará en condiciones de hacer este miércoles en la comisión que es el ámbito natural del tratamiento de su pliego.
Puesto en otras palabras, la reunión contra Lijo se hizo en el Congreso, pero no pasó de una operación política y mediática contra la posibilidad de que sea incorporado al más alto tribunal del país. Y si, a pesar de todas sus dificultades lo consigue, el manoseo al que ha sido sometido no sólo lo afectará a él sino a toda la Corte y en sentido amplio al Poder Judicial que ya sufre un notorio desprestigio. A esta altura, la expresión “majestad de la justicia” no sólo suena a arcaísmo, sino también a broma siniestra.
De ese lamentable episodio pueden, por lo tanto, extraerse al menos dos conclusiones. La primera es que los procedimientos reglamentarios no constituyen únicamente una cuestión formal. Respetarlos evita el deterioro institucional que ya ha adquirido una magnitud preocupante. La segunda, que crece de manera exponencial la tendencia de los políticos a desprestigiarse a sí mismos de manera cotidiana.
Ejemplo de esto ha sido la conducta presuntamente delictiva, pero seguramente indecorosa del expresidente Alberto Fernández descubierta durante el trámite de una investigación por corrupción. Las imputaciones en su contra por violencia de género y su conducta impropia durante el ejercicio de la primera magistratura no lo afectarán únicamente a él. Se trata de un pasivo que afecta a toda la clase política con contadas excepciones.
Otro golpe que se autopropinó lo que ha dado en llamarse la “casta” fue el aumento de la remuneración de los senadores. El monto de las dietas en todos los cuerpos legislativos ha sido un motivo histórico de desprestigio de la clase política, pero en el caso actual de los senadores nacionales adquirió mayor gravedad porque el resto de la sociedad está sufriendo un ajuste económico feroz, mientras ellos se aumentan los ingresos muy por encima de la inflación. Tan flagrante fue su error que decidieron reconocerlo y dar marcha atrás en una sesión especialmente convocada con ese fin a realizarse mañana.
Este infausto contexto debilita la pretensión de la dirigencia de erigirse en juez moral de terceros. Lo que en realidad se ha convertido en un obstáculo para Lijo es que el operativo para juntarle votos todavía no da señales de haberlos conseguido. No se trata de imperativos éticos sino de apoyos políticos que no aparecen, porque el Gobierno -créase o no- ha intentado hasta ahora mantenerse a distancia de la cuestión.