Una jueza penal de instrucción fue denunciada por tramitar una causa por la supuesta estafa con la venta de departamentos construidos "desde pozo" en la que el presunto damnificado era su propio marido.
La magistrada está siendo investigada no sólo por no haberse excusado, sino porque ya había otra jueza trabajando en expedientes de similar naturaleza y otros cuatro colegas le habían remitido por "conexidad" sus propios casos.
Se trata de la titular del juzgado de instrucción número 47, Mónica Berdión de Crudo, quien fue denunciada como consecuencia de su actuación en una causa en la que se investigan supuestas defraudaciones cometidas por la empresa constructora Dimas Propiedades.
Según revelaron fuentes judiciales, Dimas fue denunciada por la venta a más de un comprador de un mismo departamento en construcción en varios emprendimientos inmobiliarios, uno de ellos ubicado en la calle José Bonifacio 454, de esta Capital.
Las por lo menos seis denuncias sobre las supuestas defraudaciones se venían acumulando en el juzgado de instrucción número 26, vacante desde que el juez Mariano Scotto ascendió a camarista y subrogado por distintos jueces.
Pero una de esas denuncias recayó inicialmente en el juzgado de Berdión de Crudo, con la particularidad de que el damnificado era su marido, Jorge Crudo.
En lugar de excusarse por la vinculación familiar, o enviar de inmediato la causa al juzgado 26 por "conexidad", la jueza se quedó con el expediente durante casi cuatro meses, lapso durante el cual Crudo obtuvo la posesión del departamento en litigio.
Su caso fue el único de un litigante que accedió efectivamente a la posesión, ya que en los otros casos la disputa judicial sigue adelante y en pleno trámite.
La situación fue advertida por el juzgado y Berdión de Crudo terminó denunciada ante el juzgado de instrucción número diez, a cargo del juez Fernando Caunedo, con intervención del fiscal Aldo De la Fuente.
La magistrada afronta cargos por "fórum shopping" (elegir a un juez para que tramite un expediente) y otro abanico de delitos, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (resolver al contrario de lo que indican las leyes).