Entre otras peculiaridades, el de Javier Milei es el gobierno con la luna de miel más corta de la historia. A una semana de instalarse en la Casa Rosada tras obtener el triunfo electoral más abultado del actual ciclo democrático, los derrotados salieron a desafiarlo en la calle con caceroleos, marchas piqueteras y amenazas de paro general.
Al mismo tiempo en el Congreso armaron una alianza al paso de kirchneristas, radicales y dirigentes del PRO, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que habían sido aplastados en las urnas por el fenómeno libertario. Hay una mayoría de sectores parlamentarios que se sumaron al rechazo de los cambios que propuso el presidente mediante un decreto desregulatorio que intenta cortar con privilegios, prebendas, “ventanillas” y kioskos de diversa magnitud que traban la actividad económica en algunos casos desde el tiempo de Onganía: cajas de la política, privilegios para empresarios expertos en mercados regulados, capitalismo de amigos y negocios de los sindicatos con las obras sociales, proveedores de insumos, etcétera.
Vista a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades, la acechante hiperinflación no parece el mayor de sus problemas. Volvió a la vida de manera súbita el gran frente corporativo –con los políticos en primera fila- que representa el impedimento histórico para cualquier cambio. Un piquete institucional consolidado a lo largo de décadas y que ningún gobierno se atrevió a enfrentar hasta la llegada de Milei.
Como consecuencia de esta oposición temprana se espera que la lucha contra la crisis inflacionaria heredada de la catastrófica gestión peronista se desarrolle en un clima de agitación callejera y trabas institucionales que complicarán la gobernabilidad. En el Congreso Milei no sólo tiene pocos representantes, sino que deberá enfrentar los habituales “lobbies” de defensa de intereses empresarios, sindicales, etcétera.
Detrás de las protestas por las “formas” institucionales, apenas se oculta la intención de los políticos de defender el “statu quo”. Después de décadas de dejar pasar decretos de necesidad y urgencia que no tenían ninguna necesidad o urgencia, se preparan a rechazar el de un gobierno que enfrenta una crisis monetaria y fiscal más grave en varios aspectos que las de 1989 y 2001.
Por su parte Milei no se muestra inclinado al toma y daca por al menos tres razones. La primera, que sería vista como una claudicación por sus votantes que son su único apoyo. La segunda, que si entra en negociaciones con los legisladores de su plan desregulatorio no va a quedar nada, y la tercera, pero más importante, porque no tiene tiempo.
En tres meses debe mostrar si no resultados, por lo menos tendencias alentadoras. La dirigencia opositora (casi toda) lo sabe, por eso salió tan rauda a la cancha. El período de tolerancia social con aumentos de precios de un golpe del 40% e inflaciones mensuales del 30% resultará necesariamente corto. Por eso la pelea que viene con las corporaciones y los políticos derrotados va a ser inmisericorde y se desarrollará en la cubierta del Titanic. A la oposición la afecta y le interesa menos la crisis que el poder perdido.
Por otra parte el decretazo hizo que Milei tomara otra vez la iniciativa, polarizando nuevamente con la “casta” que más allá de pertenencias partidarias tiene un aire de familia abrumador. Massa, Rodríguez Larreta, Monzó, Massot, Lousteau, etcétera, comparten los mismo genes, idénticas necesidades y los mismo objetivos, no importa el color de la camiseta que se pongan para las elecciones.
Por eso tampoco importa en última instancia ni el respaldo de las urnas obtenido por Milei el mes pasado, ni los razonamientos. Apenas asumió, los opositores lo acusaron de no cumplir con las promesas de campaña y después de que con el decreto 70 las cumpliera todas juntas lo acusan de que no lo hizo como ellos prefieren.
Las inconsecuencias de esos planteos un poco cómicos vistos en conjunto son producto de la lucha por el poder que tiene una lógica en la que el principio de no contradicción es un lujo que los políticos rara vez se permiten.
En resumen, la crisis económica ha pasado a segundo plano y tendrá que ser enfrentada al mismo tiempo que las trabas opositoras. Milei puede responsabilizar a la “casta” si no consegue resultados positivos en el cortísimo plazo, pero esa sería una justificación irrelevante. Los votantes lo pusieron donde está para que haga la transformación, no para que se lamente. Tiene sin embargo a favor el hecho de que la oposición carece de ideas y liderazgo, condiciones indispensables para perfilarse como alternativa a un gobierno que recibió una economía destruida y al que ni siquiera le concedieron los proverbiales 100 días para evaluar los resultados de su gestión.