Hace unos días el Congreso aprobó una nueva ley de transplante de órganos. Su trámite tuvo varias peculiaridades.
Tuvo aprobación unánime por el Senado. Tras la media sanción la Sociedad Argentina de Transplantes (SAT), única entidad que agrupa a la totalidad de los profesionales involucrados, informó a los diputados (cámara de revisión) que jamás fue consultada sobre el proyecto de ley y que solicitaba que se escucharan sus objeciones las cuales eran varias y significativas.
La cámara revisora no revisó. No giró el proyecto ni siquiera a la comisión de salud. Nadie prestó atención a las objeciones de la SAT. Se trató directamente en el recinto y se aprobó, también, por unanimidad, en tiempo record.
La ley contiene publicidad engañosa. Ley Justina, por una niña con deficiencias cardíacas. Sin embargo la ley no introduce modificaciones al tratamiento de los transplantes pediátricos. Nada hace para solucionar el problema que enfrentó la niña, el que éste haya sido.
La ley contiene dos artículos que llaman la atención:
1) la autorización para exportar órganos a otros países, 2) la extracción compulsiva de órganos, sin autorización del futuro occiso ni de su familia.
* Exportación de órganos:
No es una cláusula nueva. De todas maneras es una práctica enfáticamente desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas. Era una buena oportunidad para eliminarla.
* Extracción compulsiva de órganos:
Quienes promovieron la ley sostienen que dado que hay personas que fallecen mientras esperan un órgano - ya que la demanda supera la oferta -, entonces, para subsanar la carencia, impedirán a los familiares de quien esté muriendo en terapia intensiva a que se oponga que su hijo o marido sea desguazado (se le practique la ablación). Buscan, así, eso creen estos genios de escritorio, aumentar compulsivamente la oferta.
Con el fin de solucionar un problema a unos individuos pisotea el derecho de todo el resto de los argentinos. En particular los pobres, los que viven lejos de los grandes centros urbanos y los de bajo nivel educativo.
DIFICULTADES
Las dificultades son otras. No todos los cuerpos son compatibles, por lo que puede suceder que algunos pacientes no encuentren órganos compatibles aunque haya millones de dadores. En la Argentina hay 2.800.000 donantes, un tercio de los donantes potenciales, adultos sanos. Población entre 18 y 50 años 18 millones, que incluyen sanos y personas con enfermedades que los hacen inelegibles: hemofilia, sífilis, tuberculosis, Mal de Chagas, diabetes, gonorrea, hepatitis y sida entre muchas otras. Sólo de chagásicos hay dos millones entre niños y adultos (Fuente: M. de Salud).
En la Argentina mueren más de medio millón de personas por año, pero solamente 13.000 muertes corresponden a personas entre 19 y 50 años (Fuente: INDEC), para una lista de espera de 10.666.
Para tener órganos disponibles hay que tener población y contar con centros médicos afectados a la ablación. La persona no debe sólo morirse, debe morirse en el lugar adecuado.
La ley pisotea la voluntad de la persona y de sus deudos, sin tratar los verdaderos cuellos del sistema: la cantidad de centros de ablación disponibles.
ALGUNOS NUMEROS
Debe tenerse en cuenta que una ablación puede significar la solución para varias personas, ya que los pulmones pueden ir a un paciente, el corazón a otro, el hígado a otro, etc. Noruega tuvo 112 ablaciones en 2017 (400 transplantes), esto es 21 ablaciones cada millón de habitantes. El organismo pertinente noruego sostiene que el máximo índice esperable, si toda la gente aceptara donar y si todos fallecieran en el establecimiento adecuado y en condiciones de salud adecuadas ascendería en el mejor de los casos a 34/millón de habitantes. El mejor índice de todo el mundo lo ostenta España con 36 casos por millón de habitantes.
La Argentina tuvo el 2017, 594 casos de ablación, 13 casos cada millón de habitantes, no tan lejos del número noruego.
Lo que pretenden los legisladores, es que un médico, en un hospital del conurbano, destripe a un muchacho que chocó con su moto o que lo atropelló un auto o un colectivo, con muerte cerebral pero con el corazón bombeando, sin anuencia de sus padres o su esposa. Es extremadamente violento.
Los legisladores muestran una falta de contacto con la realidad que deben padecer los médicos en los hospitales públicos, entre baleados, acuchillados y gente joven destrozada por accidentes automovilísticos. Esta ley es una falta de respeto a los ciudadanos de la Nación y a los médicos de los hospitales públicos.
RICOS Y POBRES
¿Quiénes donan? ¿Quiénes reciben órganos? En primer lugar, los receptores son de todas las clases sociales y de todos los ingresos económicos. Conocemos casos, altamente publicitados, de niños de familias pobres que recibieron órganos en el Garrahan. El Incucai no hace diferencia por nivel económico para los receptores de órganos y sí hay gente pobre que recibe órganos.
Distinto sucede con los dadores. La mayoría son personas pobres. No porque los ricos no quieran donar (gran parte de la gente listada por el Incucai son personas con educación y buenos ingresos) sino por una razón ajena a su voluntad: a las clínicas les es antieconómico facilitar sus instalaciones al Incucai. La gente con un trabajo estable o un buen pasar se atienden por Obras Sociales Sindicales o Medicina Prepaga, esto es en clínicas y allí van a morir. Pero en las clínicas no se hacen ablaciones..Por lo tanto los cedentes son pobres, los recipientes son de todo, con gran proporción de gente acomodada.
La nueva ley trata sobre la oferta de órganos pero nada dice sobre quiénes pueden estar o no en la lista de espera y no explicita las normas de prelación que las delega en el Incucai. Tal vez deberían haberse ocupado.
El Incucai sostiene que tiene 10.666 personas en lista de espera. Peculiaridades: Existen sólo 268 son casos pediátricos, esto es, entre 0 y 17 años, lo que es una excelente noticia. Pero sí llama la atención que hay 3.277 pacientes en lista de espera con más de 60 años de edad de los cuales 1.192 superan los 70. ¿Es razonable? Existen numerosos extranjeros en lista de espera algunos de nacionalidades por demás exóticas, ¿es razonable?
PROPUESTAS
Inglaterra está evaluando volver compulsiva la ley. Gales ya lo hizo sin los resultados esperados. Lo explica Claire Williment, responsable de transplantes del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra: el cuello de botella son la cantidad de clínicas que pueden hacer las extracciones y eso no se soluciona con tomar órganos sin autorización de los deudos. Su índice de aceptación es del 63% de los familiares, lo que la funcionaria considera razonable.
Por lo que la propuesta es: volver a revisar la ley, atender las objeciones del SAT, explicitar normas para la lista de espera, preparar más centros de ablación, compensar económicamente a las clínicas privadas para que también procuren órganos, hacer campañas de difusión para que las personas quieran donar órganos y monitorear seriamente qué hace el Incucai con los órganos.
Debe darse marcha atrás con la extracción compulsiva que somete a una violencia inusitada a los médicos y a los deudos, una violencia más a la que nos somete el Estado. Los políticos no se van a atenderse a las 2 de la mañana a la guardia del Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Si los pobres de nuestra Patria llegan a sabe que son los únicos dadores de órganos, que la mayoría de los mismos no van a otros pobres sino a los ricos y los acomodados de Argentina y además se enteran que son exportables, nadie conseguirá un órgano nunca más. Los políticos no tienen idea cuánto están tensando la cuerda de la violencia civil.
* Economista.