Pocas horas antes de partir hacia la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, donde denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de las garantías fundamentales que soportan los detenidos por delitos de lesa humanidad, el doctor Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, conversó con La Prensa.
La CIDH accedió por primera vez a recibir a las asociaciones defensoras de los detenidos. Para examinar el asunto convocó a representantes de dos de esos grupos, Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y a un delegado del gobierno. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. Solanet explica el significado de este cambio y las expectativas que genera.
- ¿Qué pedirán a la CIDH y por qué acudieron a ella?
- La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, así como otras tantas entidades, viene reclamando hace muchos años ante las autoridades nacionales por la ilegalidad tanto de la génesis como del desarrollo de los procesos judiciales en los que se investigan hechos ocurridos hace cuarenta años. Estos esfuerzos han sido infructuosos y con enorme pesadumbre hemos tenido que recurrir a un organismo internacional a denunciar a nuestro propio Estado por la violación de las garantías fundamentales y la grave discriminación, ya indisimulable, a la que son sometidos los imputados en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad. La CIDH nos ha citado a esta reunión de trabajo con el Estado, aunque limitando el tema al tratamiento de la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años de conformidad con la Convención Interamericana para la protección del DDHH de las Personas Mayores, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno. De este modo celebramos esta convocatoria, pero asistiremos conscientes de que la denuncia deberá circunscribirse al rechazo de las prisiones domiciliarias de ancianos y enfermos, que ha llevado a la vergonzosa cifra del fallecimiento de casi medio millar de imputados, y a las arbitrarias denegatorias de excarcelaciones como también a las prisiones preventivas excedidas en el plazo máximo de duración que fija la ley, 3 años. Con relación a esto último llevaremos a conocimiento de la CIDH la escandalosa estadística que indica la existencia, exclusivamente en respecto de este sector vulnerable, de prisiones preventivas que superan los 10 años sin sentencia.
- ¿Es posible que el Estado argentino no pueda resolver este tema? ¿A qué lo atribuye?
- El Estado argentino no ha querido resolver este tema. No se atreve. Hacer lo correcto requiere mucho coraje. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70. Como consecuencia de ello hay más de 2000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto armado para alcanzar todo el ámbito cultural. Lo que señalo no significa desconocer la ocurrencia durante esos años de violencia de hechos que merezcan reproche. Sin embargo, como dijo Héctor Ricardo Leis (ex integrante de Montoneros) en su libro “Un testamento de los años 70”: “La memoria mal resuelta se traduce en resentimientos de fuerte potencial destructivo para el futuro de la comunidad política”; “la justicia que no se subordina a la verdad está lejos de serlo, por el contrario, crea más enemistad en el interior del cuerpo político...”.
- ¿Es la primera vez que la CIDH recibe a una entidad defensora de los llamados presos políticos?
- Sí. Se trata de un hecho inédito, pues por primera vez los acusados por los llamados delitos de lesa humanidad van a ser escuchados por la CIDH en su condición de víctimas del Estado.
- ¿Quiénes acuden a la cita?
- Fue citada la Asociación que presido y me acompañarán en esta ocasión dos abogados penalistas prestigiosos, integrantes de la mesa directiva. Los doctores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes tendrán a su cargo sostener las denuncias contra el estado argentino por violación a las normas del debido proceso. También fue citada Puentes para la Legalidad, una asociación constituida por los hijos y nietos de estos presos políticos que vienen luchando con enormes esfuerzos y sacrificios en defensa de los derechos humanos de sus padres a quienes ven morir encerrados en las cárceles sin poder acceder a un juicio justo y respetuoso del debido proceso legal.
- ¿Qué significa que hayan decidido recibirlos? ¿Qué expectativas hay sobre esta reunión?
- Para nosotros importa una enorme responsabilidad, llevar con esperanza la voz de quienes hace más de una década viven en un grito silencioso que nadie ha querido escuchar hasta ahora. Esperamos que se abran las puertas a un diálogo fecundo a través del cual se encuentre una solución para la restitución del Estado de Derecho, el reencuentro, la concordia y la paz que tanto necesitamos como Nación.