La Cámara de Senadores convirtió en ley por 41 votos a favor y 21 en contra una reforma del régimen previsional especial, también conocido como "de privilegio", de la Justicia y del cuerpo diplomático que recorta los haberes de ambos sectores y aumenta los aportes de los funcionarios que se encuentran en actividad.
La iniciativa fue aprobada en menos de un mes por las mayorías del peronismo y aliados en ambas Cámaras del Congreso y rechazada por Cambiemos, que en Diputados se retiró del recinto y en el Senado presentó un proyecto alternativo.
El cambio de sistema provocó el cuestionamiento de los organismos que representan a los magistrados judiciales y advertencias sobre renuncias masivas que podrían vaciar los tribunales. En sus puntos centrales eleva la edad para acogerse al beneficio de 60 a 65 años, los aportes del sector del 12 al 18 por ciento y establece el 82 por ciento móvil para el cálculo del haber inicial, pero tomando como referencia un promedio de las últimas 120 remuneraciones y no el último sueldo. Las actualizaciones se harán con un índice no especificado en la ley.
El peronista Daniel Lovera defendió el proyecto asegurando que no se trataba de una medida aislada sino "parte de un programa de gobierno'' cuyo propósito era evitar la crisis, reducir el déficit del régimen actual y conseguir mayor equidad respecto de los jubilados del sistema general.
BARBARIDAD DEL PJ
En respuesta, el radical Martín Lousteau sostuvo que el objetivo del proyecto no era eliminar privilegios, sino "esconder la barbaridad que habían hecho los diputados peronistas'', porque durante el tratamiento de la ley de emergencia en la Cámara baja habían exceptuado a jueces y diplomáticos del recorte de haberes que aprobaron, en cambio, para los jubilados comunes.
Atribuyó al reclamo de la oposición la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar la iniciativa en debate para salvar esa `barbaridad'.
Se estima que con la nueva fórmula los jubilados del Poder Judicial percibirán el 60% de lo que cobran con el actual régimen. Según distintas estimaciones, las renuncias podrían superar el centenar.
En línea con la idea de que la iniciativa no apunta a terminar con los `privilegios' de los jueces, sino a colonizar el Poder Judicial con nuevos candidatos kirchneristas, el presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, hizo un extenso discurso que concluyó afirmando que rechazaba la iniciativa porque tenía el ``sello de la impunidad y la revancha''.
Naidenoff fue amonestado por Cristina Kirchner que lo instó a ceñir su exposición a la materia provisional.