La Cámara de Senadores convirtió en ley por 61 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de emergencia alimentaria que dispone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias destinadas a financiar los programas de alimentación y nutrición de comedores y merenderos.
La iniciativa dispone la prórroga de la emergencia vigente desde 2002 hasta el 31 de diciembre de 2022 y habilita al jefe de Gabinete de Ministros a disponer de manera directa las compras de alimentos por parte del Estado sin pasar por los procedimientos normales como licitaciones y concursos de precios. Su costo fiscal fue estimado entre los 4 mil y los 8 mil millones de pesos.
Antes de que se iniciara la sesión hubo una masiva concurrencia frente al Congreso de organizaciones piqueteras que cuando comenzó el debate ya se habían retirado. En el recinto, en tanto, se llegó a un entendimiento para reducir el número de oradores y la extensión de las intervenciones a 10 minutos.
La mayoría de los oradores pertenecieron al peronismo. Fustigaron la política económica del gobierno y dieron cifras dispares sobre los índices de pobreza. También repitieron con llamativa unanimidad la propuesta de la ex presidenta Cristina Kirchner del establecimiento de un pacto social o de un nuevo “contrato social”.
Inició el debate la salteña Cristina Fiore Viñuales, ligada políticamente al candidato lavagnista Juan Manuel Urtubey. La legisladora citó profusamente los informes sobre la Universidad Católica Argentina que dan cuenta de un aumento del 30 al 33% entre 2015 y 2019. Fustigó a quienes acusaban a la oposición de hacer un uso electoral de la cuestión. “El hambre no es una “exageración” ni un tema de campaña de la oposición”, finalizó.
La kirchnerista María Sacnum aseguró que en un momento económico difícil como el actual no eran oportunas “las declaraciones grandilocuentes”, pero responsabilizó a las políticas liberales de la situación y propuso instaurar la “soberanía alimentaria”. Para Sacnum la pobreza es del 36%
A continuación el peronista José Mayans estimó la pobreza en el 40% y aseguró que a fines del anterior gobierno kirchnerista era del 24%. Se quejó que la asistencia alimentaria “se la llevan en un 80% la CABA y la provincia de Buenos Aires”. El texto votado ayer, sin embargo, fue redactado por la oposición en la Cámara de Diputado. Mayans criticó además la eliminación del IVA a alimentos básicos porque reduce la coparticipación que reciben las provincias.
Por su parte el neuquino Guillermo Pereyra llamó la atención que una emergencia de 17 años de duración obedecía a una larga serie de errores. Gremialista del sindicato de petroleros se quejó del congelamiento del precio de los combustibles dispuestos por el gobierno.
El único oficialista que intervino, el radical Luis Naidenoff, remarcó el “compromiso” del gobierno con la lucha contra la pobreza y atribuyó la existencia continuada de la emergencia alimentaria desde enero de 2002 a causas estructurales, en especial a la inflación a la que consideró “la contracara de la pobreza”. Criticó a la gestión kirchnerista heredada por Mauricio Macri y a las provincias que reclaman fondos para la pobreza pero tienen 200 mil millones de pesos de la coparticipación en plazos fijos. Esto último despertó el enojo de algunos peronistas en el único tramo en el que el debate aumentó el voltaje político.