Imposible comenzar sin expresar el más categórico repudio a las hordas profesionalizadas que, en un acto de sedición innegable, atacaron a las fuerzas del orden, al patrimonio de la Ciudad y de los particulares, intentaron impedir o sesgar el debate en el Senado, amedrentar a la ciudadanía y a los legisladores y crear un clima de desgobierno y caos que no es para nada el sentir de la sociedad, y que debe ser sancionado con toda urgencia y contundencia. La columna comparte la sensación generalizada de que se debió detener a muchos más terroristas. Es de esperar ahora una pronta acción de la justicia. Además, nadie cree en la indignación rentada.
La aprobación en general de la ley de Bases, obtenida a un alto costo de concesiones, claudicaciones y “efectividades conducentes”, como decía don Hipólito, es un hecho positivo, aunque no suficiente. Un rechazo de plano habría sido un golpe durísimo no sólo en lo político, sino en la esperanza de la población. Los costos de todo tipo para conseguir primero el quorum y luego la aprobación fueron muy altos, pero habrá que aceptar que el rechazo y consecuente postergación hasta el próximo año al menos -el objetivo kirchnerista- habrían sido más dramáticos y dolorosos.
Empieza ahora otro remate en Diputados. Desde conseguir el quorum necesario hasta si la votación es por artículo o por capítulo, otra discusión que deja abierta la interpretación de los reglamentos. (Diputados votó artículo por artículo, Senadores votó por capítulo, ¿qué hará la Cámara Baja ahora? No es lo mismo.) Pasado ese Rubicón empieza el partido verdadero: la aprobación de los cambios o la insistencia en la redacción enviada al Senado.
Se deben diferenciar dos clases de cambios. Los puntos que han sido retirados por el PE para lograr el quorum y la aprobación en general y de varios capítulos, que deben considerarse aceptados, y los rechazos en la votación en particular, que seguramente serán los únicos a tratar.
Los cambios pactados no fueron menores, mucho más si se tiene en cuenta que el texto original fue podado hasta la castración en Diputados. La virtual eliminación de las privatizaciones es un dato grave. Esta columna no estuvo nunca de acuerdo en la idea de “sanear estas seudoempresas y luego venderlas”, como proponía el oficialismo. En primer lugar porque el historial de las organizaciones burocráticas universales y locales, unidas a la corrupción más la evidencia empírica, muestran que sanear esos gargantúas del gasto es un tarea digna de Elliot Ness, un intocable imposible de hallar hoy.
En segundo lugar porque Aerolíneas Argentinas, por caso, no es privatizable decentemente por falta de interés en comprar una organización mafiosa, aun privatizando el monopolio, cosa que sería otra aberración. En casos como el de TV Argentina, nadie honesto comprará un canal aburrido de televisión abierta, cuando el rubro pierde plata en todo el mundo. Había que ensayar otros caminos sobre los que ya se ha hablado en este espacio. Aun así, la desaparición de lo que era al menos una muestra de la intención de bajar esos gastos y esa corrupción sería un hecho negativo importante.
Aunque no esté en el debate, la reciente decisión de transformar Telam en otra seudoempresa estatal con un formato distinto, una engañifa, es otra hipocresía que unida al comentario anterior, implica que el gasto de la casta tenderá a seguir intacto. Este concepto se aplica a varios de los rechazos en particular.
El rechazo a la eliminación de la moratoria previsional permanente, culpable en alto grado del desastre del sistema jubilatorio y del despojo a los jubilados legítimos, pega en el corazón del plan de reducción del déficit y perpetúa el gasto estatal, que es más importante de bajar que el propio déficit. También ayuda a eternizar el poder de la casta, con todos sus costos y privilegios. Algo parecido ocurre con la concesión de levantar parcialmente el cepo sobre la obra pública, que en manos provinciales es un arma nuclear contra la seriedad fiscal.
Tan complicada como la ley de Bases aparece la ley de reformas fiscales, con efectos importantes en el déficit, ya que no en el gasto, y aún en la inversión. El rechazo de los cambios al impuesto a los Bienes Personales, además de generalizar el impuesto a niveles muy bajos de tenencia de activos, es un fuerte desincentivo al blanqueo, que el Gobierno considera muy importante para incorporar a la economía legal muchos fondos ahora ocultos para evitar el saqueo pergeñado por el kirchnerismo de Heller y Máximo, que hace que quienquiera estuviera exteriorizando esos fondos en el exterior se expondría a pagar una tasa de 3% anual por ellos, además del costo del blanqueo.
El rechazo afecta también al caso de cifras menores a los 100.000 dólares, o sea el supuesto ahorro en el colchón, cuya regularización significaría una erogación anual importante para el contribuyente. O sea, más peso impositivo, que difícilmente constituya un estímulo a la regularización.
El otro punto de la segunda ley en cuestión es el rechazo en los cambios al impuesto a los Ingresos o Ganancias. Es decir, a mantener la eliminación virtual de la Cuarta Categoría, dispuesta alegre e irresponsablemente por Sergio Massa (con el voto favorable de Milei, habrá que recordar). En este caso, se da además el hecho de que al ser coparticipable este rechazo afecta seriamente a las provincias, que dependerían de la buena voluntad del ejecutivo en caso del rechazo del capítulo.
Esto son simples ejemplos para mostrar que el debate en Diputados no será ni lineal ni simple. Una parte de los diputados se puede inclinar por insistir en la redacción ahora rechazada, para no ser “traidor” a su provincia y su gobernador. Otra parte puede sostener el rechazo. Esto significa que la discusión –y el toma y daca– en Diputados empieza de nuevo, como en un cuento de nunca acabar.
Otro aspecto sobre el que se debe elaborar es la posibilidad del veto parcial presidencial. Aquí habrá que recordar que el veto no puede incluir cambio alguno. Es decir que si la ley se aprobase sin incorporar algún punto rechazado, nada puede hacer Milei. Por otra parte, difícilmente el primer mandatario contradiga lo negociado explícitamente. De modo que habría que descartar el veto como opción, en cualquier sentido.
Se salvó el RIGI (el régimen de fomento a las grandes inversiones) que curiosamente también beneficiará a uno de los brazos más poderosos de la casta, mientras las Pyme, las proveedoras masivas de empleo, no se ven beneficiadas con ningún régimen especial de alivio fiscal ni consideración.
Es imposible hoy determinar cuál será el formato final de esta ya desvencijada ley de Bases ahora dividida en dos proyectos. Es cierto que algo quedará y eso es mejor que nada, como dicen los partidarios del gobierno, o de LLA. Pero caben serias dudas sobre sus reales posibilidades de significar un cambio, y mucho menos de que las disposiciones remanentes sirvan para bajar más o menos rápidamente el gasto del Estado.
Esas consideraciones hacen pensar que, así como el oficialismo ha hecho una política del ajuste a toda costa y de cualquier modo para bajar la inflación, la otra acción de fondo que le queda es hacer crecer la economía, un modo de que el río crecido tape las rocas de su lecho. Como la economía crecerá esencialmente con nuevas inversiones y con apertura comercial, ya que no es serio pronosticar una baja de impuestos con los datos actuales, el sendero que le queda es liberar el cepo. Y más importante que liberar el cepo, tender rápidamente a un mercado libre y único de cambios, sin intervención del supuestamente incendiado Banco Central.
Por eso no es irrelevante que la tasa de interés en pesos sea ahora positiva con relación a la inflación. Algo que no es exactamente una decisión del equipo económico, sino una consecuencia de que al haber bajado la inflación es posible ofrecer una tasa en pesos que no sea ruinosa para las finanzas públicas, como ocurría con las Leliqs y antecesoras.
Liberar en serio el control de cambios, de lo que la salida del cepo es un primer paso, implica resolver el problema del bimonetarismo nacional, para no crear una falsa escalada del tipo de cambio de quienes busquen protección y mayor rendimiento. Eso puede ser mucho más lento de lo que hace falta o llevar a otros formatos de estatismo, o endeudamiento, que se sabe son soluciones peores que el problema.
Una dolarización diferente a la agitada en la campaña y más elaborada podría ayudar a salir de esa dicotomía, pero paradojalmente, para que ello sea viable primero hay que salir de los problemas que solucionaría una dolarización, un círculo vicioso que se resuelve con tiempo, un bien escaso del que carece el gobierno, y mucha más la sociedad ya exangüe.
Un tipo de cambio libre, un país con baja inflación y con libre entrada y salida de capitales y dividendos es una base imprescindible para la inversión legítima. El RIGI es, en definitiva, otro método estatista de tratar de solucionar el problema, arbitrario y con vulnerabilidades e injusticias hartamente conocidas.
Los mercados reaccionaron positivamente a la aprobación en general de ambas leyes, lo que si bien dio otra razón para festejar al Gobierno es una típica mirada cortoplacista de especulación bursátil y financiera, no siempre relacionada con la economía o la realidad, que es lo mismo. También fue positivo el número de la inflación del mes de mayo, el baluarte que enarbola el oficialismo como su triunfo más contundente, lo que es una base imprescindible pero está lejos de ser la solución en sí misma, en un proceso que requiere, una vez más, tiempo, que es tan difícil de financiar por la población.
Lo que está ocurriendo en el debate de ambas leyes, más la asonada, más la presentación del pliego del juez Lijo al Senado como candidato a integrar la Corte, más las designaciones recientes en cargos de relevancia de políticos dudosos del kirchnerismo y el nosiglismo, más la permanencia escandalosa de una masa de residuales similares en la conducción del Estado, más los cambios consensuados en las discusiones de estas leyes, más la almibarada vocación dialoguista recién inaugurada, (recordar el gobierno de Macri) hacen pensar que la casta ha sido redimida, o al menos indultada, como ya se ha dicho aquí. Ese terrible contrapeso es el obstáculo más importante que enfrenta Javier Milei, la sociedad y cualquier plan salvífico. No solo en el aspecto ético, sino en la resistencia solapada interna y en la persistencia del acomodo.
El Papa Francisco, que a en las horas cruciales deja aflorar su pasado kirchnerpopulista, dijo ayer en el G-7 que no había que repudiar a la política, porque solo algunos políticos “hacen las cosas mal”. Evidentemente ha olvidado lo que debió aprender en Argentina, y también ha preferido cegarse ante lo que ocurre en países importantes, como España. Su capacidad censal de los corruptos es, asimismo, dudosa. La casta no sólo se ha redimido. Ha resucitado en plena gloria. También manifestó que no todo es economía. Natural en quien odia la acción humana, la autonomía y la libertad de los individuos por principio y por formación.
La columna no se permitiría recordarle a Su Santidad la frase de Carville “es la economía, estúpido” porque sonaría irreverente. Sin embargo, agradece que, afortunadamente, el Santo Padre no esté al mando de la escorada nave nacional.
Ante los limitados logros que arroja hasta ahora el debate por las dos leyes, se escucha decir con optimismo que se trata de un primer paso, que luego se ampliará con sucesivos cambios. Es posible. Todo es posible. Pero la columna sigue sosteniendo que el cambio principal debe empezar en las propias filas del oficialismo, y que no se debería apostar a otros avances legales ni al medio término. 2025 queda lejos.