Entre Venezuela y Punta Colorada

Es improbable que María Corina Machado, la lúcida y corajuda líder de la oposición venezolana, afrontara ingenuamente la exigente empresa de desafiar al régimen que se resume en la cara de Nicolás Maduro. Los vehementes opinadores que condenan desde lejos al gobierno de quien se dice “hijo del comandante Hugo Chávez” difícilmente puedan competir con el conocimiento y la experiencia de la señora Machado sobre la perfidia del sistema venezolano o sobre la violencia que es capaz de ejercer.

EL REALISMO DE CORINA MACHADO
Presentarse al comicio del último domingo pese a las arbitrariedades, las proscripciones, las maniobras discrecionales, los actos de fuerza del gobierno de Maduro no fue una decisión candorosa, sino una apuesta estratégica, en la que lucha y negociación están complementariamente unidas como el yin y el yang.
La oposición ya había probado diferentes tácticas infructuosas, incluido el remedo de un presidente paralelo; necesitaba, en primera instancia, consolidar un gran movimiento de unidad y una autoridad genuina para ahondar el aislamiento del régimen, tanto de sus respaldos regionales como, eventualmente, de sus apoyos internos y de la correlación entre ambos planos. La visión de la señora Machado confía en que ahora la oposición queda en mejores condiciones de lucha y que más temprano que tarde el régimen tendrá que sentarse a negociar una retirada.
Conseguir que se llegara a la elección, por otra parte, ya había sido una primera victoria. El régimen tuvo que comprometerse a cumplir ciertas reglas.Y romper esas reglas supone una erosión. En octubre del año último el gobierno de Maduro y la plataforma opositora suscribieron en Bridgetown (Barbados), ante representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, acuerdos sobre la realización de comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024 con garantías electorales para todos.
Maduro fue ablandado con ventajas que ofreció la administración de Estados Unidos: se suavizaron sanciones que pesaban sobre exportaciones de energía y minerales de Venezuela.
Aunque entre los puntos pactados se encontraba el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las presidenciales, ya en octubre el gobierno incumplió ese punto y se negó a reconocer la candidatura presidencial de María Corina Machado, electa en una masivo comicio interno de la oposición. También sería proscripta la persona que, con paciencia estratégica, fue designada para reemplazarla.
Finalmente surgió la figura de un veterano diplomático, Edmundo González, que terminaría encabezando la boleta opositora el domingo 28 de julio. Nadie ignoraba a esa altura la voluntad del régimen de rechazar cualquier resultado de la elección que no fuese la victoria de Maduro: “El gobierno ha violado los acuerdos de Barbados y los ha convertido en letra muerta”, declaró González.

POLITICA Y TESTIMONIO
Como lo había previsto la señora Machado, la elección del último domingo fue masiva. El gobierno no ofreció cifras ni permitió la verificación (el último jueves seguía prometiéndolas): impidió que los fiscales opositores controlaran infinidad de sitios de votación y también el acceso de sus supervisores técnicos al lugar del presuntamente neutral Consejo Nacional Electoral, recibiría los datos electrónicos de la jornada. Había rechazado antes la presencia de observadores neutrales (¡hasta vetaron el viaje de Alberto Fernández!). Sin ofrecer sustento verificable, el Consejo Nacional Electoral, como era previsible, declaró ganador a Maduro a la medianoche del domingo. La oposición, que había logrado agenciarse de un porcentaje alto de actas de la votación, las publicó demostrando que contaba con una ventaja abrumadora de González sobre Maduro, y reclamó que Maduro –cuya proclamación rechazó- exhibiera las suyas ante veedores independientes. Lo mismo que la oposición exigían -en diversos tonos-, desde el presidente chileno Gabriel Boric, hasta los de Colombia, Brasil y Méjico, figuras del llamado progresismo continental que en circunstancias anteriores apoyaron al régimen venezolano o fueron extremadamente indulgentes con él.
En este punto la estrategia de Corina Machado se evidenció exitosa, si bien la presión de sus amigos menos dóciles no consiguió alterar la conducta tan autoritaria como desprolija del gobierno de Maduro, que sólo parece querer ganar tiempo, quizás para fabricar de apuro actas ficticias que le sirvan para tratar de conformarlos.
Javier Milei optó por una postura testimonial, que lo habilita a la frontalidad con la que se siente a gusto. Dos horas antes de que los opositores mostraran sus propias cifras, Milei dio por derrotado a Maduro y le reclamó: “Dictador, afuera”.
Milei, pragmático, no dudaría ayer en agradecer “enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí”. Lo cierto es que el gobierno de Lula actuó con decisión ante un pedido argentino para resolver la situación de acoso que el régimen de Maduro impuso a la sede diplomática nacional, en la que hace más de un mes habían encontrado refugio opositores perseguidos por la represión. Si se quiere, Maduro consiguió acercar a Argentina y Brasil, cuyos intereses se fortalecen cuando actúan juntos. La realidad se impone al ideologismo.

LO QUE EL RIGI IMPULSO
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley de Bases, ha promovido un interesante proceso político. YPF y la firma malaya Petronas decidieron la localización de una planta de licuefacción para la exportación del gas de Vaca Muerta y una concentración de actividades y gasoductos que suponen una formidable inversión de más de 30.000 millones de dólares -la más importante que haya recibido el país- que tendrá enorme influencia sobre el comercio exterior argentino (se estima que el país podría exportar el equivalente a 30.000 millones de dólares anuales en energía en 2031).
La localización de la planta mostraba dos sitios contendientes: Punta Colorada, en Sierra Grande, provincia de Río Negro y Puerto Rosales, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
En términos de ventajas técnico-económicas el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, podía admitir que, si se optaba por su distrito se necesitaría construir un puerto al norte de Punta Colorada, pero ofrecía la compensación de tener más cercanía con Vaca Muerta que Bahía Blanca, lo que reduciría costos en la construcción de caños para el transporte del gas. Pero su carta decisiva residía en que su provincia adhirió al RIGI y en que él apoyo político unánime para ampliar sus alcances con medidas locales. El Régimen implica ventajas impositiva de largo plazo, disponibilidad de divisas y, en caso de desacuerdos, la posibilidad de recurrir a los tribunales de Nueva York.

REALIDAD E IDEOLOGIA
La provincia de Buenos Aires, en cambio, quedó atada a la postura política de rechazo adoptada por Unión por la Patria en el Congreso, y ese hándicap perjudicaba gravemente a Bahía Blanca, que veía peligrar una inversión de enorme magnitud, que implicaría recursos, actividad económica y empleo para la ciudad y toda la región.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, peronista (no ajeno al universo K) se hizo oír en La Plata. El presidente de YPF se reunió con el gobernador y le explicó que sin el RIGI nacional la inversión difícilmente se produjera en la provincia.
Aunque YPF y Petronas contrataron los servicios de la prestigiosa auditora internacional Arthur D. Little, para garantizar la objetividad y transparencia al proceso de selección del lugar, ese proceso iba a estar ineludiblemente influido por el contexto político. Una semana atrás, el propio Javier Milei había pronosticado por un medio: “Es obvio que la inversión va a ir hacia Río Negro. ¿Vos vas a poner plata donde está Kicillof?”. La realidad es la que impone su lógica a las cosas. El intendente de Bahía Blanco levantó más la voz: “Lo que el Presidente plantea está en línea con lo que había dicho YPF en cuanto a que si no había una adhesión al régimen de grandes inversiones no tiene viabilidad el proyecto y eso tiene lógica, porque es de una envergadura muy importante que va a requerir de certezas financieras, jurídicas e impositivas de parte de las empresas y de los inversores (…) Hoy la ley es una realidad, está vigente y se pueden generar muchas inversiones a nivel nacional y en cada una de las provincias. En esa línea hay que trabajar, resguardando cada realidad provincial y municipal, para que las inversiones modifiquen la calidad de vida de la comunidad en cada uno de los lugares”. No fue escuchado en La Plata y las empresas optaron por el asentamiento de Río Negro.
Pero el intendente de Bahía Blanca trazó, en la provincia donde la fuerza K decidió atrincherarse, una línea elocuente: el ideologismo no puede contra la realidad; apostar contra la realidad hace daño y conduce al fracaso.
Antes de que las empresas anunciaran su preferencia por Punta Colorada Susbeilles había proclamado su opción por un regionalismo alejado del rígido ideologismo que reina desde La Plata: “Nosotros nos sentimos patagónicos y creemos que tiene que haber un desarrollo más federal de la Argentina. Río Negro, Neuquén y Bahía Blanca tienen que generar un nodo logístico con radicaciones industriales que potencien la actividad económica”.
Esgrimido desde el interior provincial, ese mensaje de amplitud es una respuesta a cierta lógica del AMBA y también un punto de encuentro con el peronismo de provincias, que privilegia el realismo sobre la retórica. Kicillof que, sin posibilidad de reelección en Buenos Aires piensa ya en el comicio presidencial de 2027, ha sumado una nueva carga a la pesada mochila que debe sostener hasta entonces.