Por Rodolfo Gallo del Castillo y Alejandro Fuertes
Hace diez días, en su edición del domingo 14 de enero, el diario La Prensa reflejó en sus páginas el estallido de un verdadero tsunami
informativo sobre la inaudita violencia desatada en la República del Ecuador contra sus instituciones y organismos de seguridad. Con epicentro en sus principales institutos penitenciarios, el caos social ganó las calles de las principales ciudades de este bellísimo e imponente país andino. Dos carteles mexicanos con presencia internacional en más de un centenar de países y con una fuerza operativa militar de unos 40.000 efectivos armados hasta los dientes y equipados con las mejores armas ofensivas y defensivas del planeta, estaban librando un tremendo pase de facturas en todo el territorio ecuatoriano sobre la base de sus dos principales organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ante los momentos de terror vividos por la población ecuatoriana, los periodistas de todo el mundo en general y de América hispana en particular, tuvimos que tomar nota de datos asombrosos recolectados, eso sí, a toda velocidad.
El primero de ellos, que los 256.000 kilómetros de extensión de este bellísimo país están prácticamente encerrados, en su frontera Norte, por Colombia y, por el Este y el Sur, por el Perú. Y justamente estos dos países son los dos mayores productores de cocaína del globo terrestre. Estas condiciones geopolíticas han favorecido una realidad insoslayable: actualmente, la tercera parte de las exportaciones sudamericanas de cocaína a Europa y a los Estados Unidos provienen de puertos ecuatorianos.
GEOPOLÍTICA Y CORRUPCIÓN MANDAN
Ni los gobiernos de Correa (2007-2017) ni el de su sucesor y luego enemigo político mortal Lenín Moreno (2017-2021), ni el de Guillermo Lasso (2021-2023) hicieron nada valioso ni importante para enfrentar este flagelo profundamente criminal.
Para peor, fuerzas delictivas internacionales con enorme poder, como los carteles mexicanos, fueron desplazando a los colombianos en el manejo y la logística de el alijo y exportación de cocaína a los principales centros consumidores del mundo, para lo cual sentaron grandes bases de su poder (incluida la guerra permanente entre sus principales carteles) en la, para ellos, muy conveniente realidad criminal ecuatoriana.
Así fue como, en los últimos cinco años, las principales prisiones del Ecuador se convirtieron en santuarios del crimen organizado, cuyo mando y control era ejercido exclusivamente por los presos, amos y señores de todas las decisiones importantes.
El asalto de las instalaciones de un canal de televisión en Guayaquil, mientras transmitía en vivo, por parte de la Banda de Los Lobos, bajo la supervisión del feroz cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, fue un tremendo cachetazo para todas las autoridades ecuatorianas, comenzando por el recién elegido presidente de la Nación, Daniel Noboa (36 años).
Se calcula que el crimen organizado del Ecuador mantiene en pie de guerra unos 20.000 efectivos, entre sicarios y delincuentes repartidos en distintas tareas. Por su parte, las tropas ecuatorianas de tierra, mar y aire desplegadas por Noboa en las calles del Ecuador alcanzan los 23.000 efectivos, armados hasta los dientes.
Era tan desolador el panorama de la inseguridad ecuatoriana, que mi nota publicada el14 de Enero (hace diez días) terminaba así: “De todos modos, son balas que pican cerca. Aterradoramente cerca”.
Entre los hechos que habían puesto al rojo vivo la situación criminal en el Ecuador figuraban las fugas simultáneas, a partir del 5 de enero de 2024, de los dos principales jefes de los carteles rivales; Adolfo (a) Fito Macías, jefe indiscutido de Los Choneros, una de las agrupaciones criminales locales más antiguas de este país andino, subordinado desde 2009 al poderosísimo Cártel de Sinaloa. Para la misma fecha,(5 de enero de 2024) pero desde otra prisión, se fugó también Fabricio Colón Pico, jefe de la banda de Los Lobos, subordinado al Cártel de Jalisco Nueva Generación, enemigo mortal del Cártel de Sinaloa.
AYUDA ARGENTINA
Pero hubo importantes movimientos previos al estallido del polvorín ecuatoriano durante la primera semana de enero. En realidad, es evidente que hubo toda una coordinación previa, inclusive, a la transmisión del mando presidencial en Ecuador del 23 de noviembre de 2023. Las pruebas surgieron en la Argentina pues, a fines de noviembre y comienzos de diciembre, la familia del principal narcotraficante ecuatoriano Fito Macías compró una casa importante en un club de campo situado en las afueras de la ciudad de Córdoba capital, cerca de la Ruta 9, cordón umbilical con Bolivia, Perú y Ecuador.
O sea que el principal jefe narco ecuatoriano compró una casa en el centro de la Argentina varias semanas antes de fugarse de la prisión que dominaba completa y absolutamente en Guayaquil.
Dentro de este importante tablero argentino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio una importante ayuda a las autoridades ecuatorianas al deportar a Ecuador al núcleo familiar de Fito Macías, posiblemente el número uno de los narcotraficantes ecuatorianos.
Este episodio internacional nos mueve a dos reflexiones. El primero, considerar que las acciones contra el narcotráfico exceden las geografías (y las geopolíticas) meramente nacionales. Por ejemplo, la competencia despiadada entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación se repite en todos los países manejados por los intereses criminales mexicanos, tanto puede ocurrir en Ecuador, como en Australia, o en Nueva Zelanda. Pero los niveles de criminalidad, en cambio, dependen de la debilidad de las instituciones judiciales, policiales, financieras y de seguridad de cada nación en particular.
MÁXIMA PERMEABILIDAD
El caso de la República del Ecuador muestra una gran permeabilidad no solamente en sus fronteras con Perú y Colombia, o en la Islas Galápagos, sino también en sus distintos estamentos policiales, judiciales, o financieros, con especial impunidad en los homicidios, cuya tasa pasó de 6,6 casos cada 100.000 habitantes (similar a la de los Estados Unidos y otros países de primera línea) hasta los 40 casos por cada 100.000 habitantes sumados en 2021. Más de 7.500 homicidios registrados ese año, emparentan a Ecuador con cifras de terror. Pero no solamente se trata de la cantidad, sino la calidad de los asesinados, y la impunidad asegurada en los crímenes de máximo nivel.
Por ejemplo, el 9 de agosto de 2023, fue asesinado por un grupo de sicarios colombianos el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, uno de los ocho candidatos que debían competir en las elecciones generales nacionales del 20 de agosto del año pasado. El señor Villavicencio, de 59 años de edad, falleció como consecuencia de tres disparos en la cabeza a la salida de un acto partidario en el norte de Quito, la capital del país. Los autores e instigadores de su homicidio han quedado ocultos en las sombras debido a que los seis presuntos sicarios colombianos apresados durante la investigación de su muerte violenta, fallecieron misteriosamente mientras estaban en prisión, sin que se pudiera averiguar nada más al respecto.
El martes 9 de enero, los criminales doblaron la apuesta y produjeron un hecho nuevo, de enorme repercusión mediática: asaltaron y tomaron rehenes en el Canal de TC Televisión de Guayaquil. Los hechos violentos fueron emitidos al aire, por imposición de los delincuentes, para espanto y terror de los televidentes ecuatorianos. Este asalto fue reivindicado por la Banda de los Tiguerones que, a su vez, responde a la Banda de los Lobos, la cual, además, se subordina al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Finalmente, este ataque fue reducido y controlado por las fuerzas policiales de Guayaquil y el caso comenzó a ser investigado por uno de los fiscales más conocidos y apreciados del país andino: el fiscal César Suárez, quien comenzó las primeras diligencias e interrogatorios a los delincuentes apresados, bajo la supervisión de la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar Méndez, de notables luces y capacidades en su tenaz lucha contra la corrupción que azota su país.
Lamentablemente, el fiscal César Suárez no contaba con protección policial y fue ultimado por sicarios el 17 de enero.
NO SE PUEDE DAR VENTAJAS
Dentro de este contexto, serias falencias en la seguridad de la Quinta Presidencial nos llaman poderosamente la atención, pues no se trata de meros detalles, sino de fallas gravísimas instaladas a partir del siglo XXI, hasta tornarse casi incomprensibles frente a las nuevas formas de agresión inauguradas a partir de la criminal invasión de Ucrania a manos de la Federación Rusa, el 24 de febrero de 2022. Nos referimos especialmente al uso de los drones como vectores eficientes en cantidad de atentados mortales a todo lo largo y ancho de nuestro planeta.
Así lo expresa mi colega Alejandro Fuertes: "Nuestro presidente, el señor Javier Milei, seguramente para optimizar su administración y para no desperdiciar tiempo en viajes en automóvil entre la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial, y del mismo modo, suprimir costosas horas de vuelo en helicópteros oficiales (como acostumbraban las gestiones anteriores) decidió ejercer su mandato desde la Quinta Presidencial de Olivos, locación elegida acertadamente por su dimensión, comodidad y seguridad”.
“Este emblemático asiento físico dispone de una cobertura de seguridad completa, eficiente y confiable, con la presencia del Regimiento de Granaderos a Caballo, cubriendo el perímetro interno, junto con la Policía Federal Argentina (PFA), que escuda el perímetro externo, y escoltas de civil de la PFA asignados a su custodia personal. Todo el personal policial, militar y civil, están conscientes de tamaña responsabilidad y, a su vez, honrados por haber sido seleccionados para tan prestigioso destino. Asimismo, esta finca tiene habilitado un moderno helipuerto perfectamente señalizado, y un sistema de CCTV que abarca la totalidad de la residencia con sus respectivos operadores, más otros equipamientos provistos también con tecnología de punta”.
La planificación de esta estructura de seguridad corresponde a Casa Militar, una de las áreas que está bajo la órbita de la Lic. Karina Elizabeth Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación”.
FALLA DE SEGURIDAD
Lamentablemente, no obstante las virtudes y fortalezas señaladas precedentemente, existe actualmente un aspecto en grado sumo vulnerable, demasiado complejo como para poder reaccionar en forma oportuna lo cual, a esta altura, lo torna absolutamente incomprensible.
Nos referimos al uso del espacio aéreo sobre la Quinta Presidencial por parte de aeronaves medianas, tanto de aerolíneas nacionales como extranjeras y numerosos jets privados -tipo Lear Jets- y también algunos propulsados a hélice, los cuales vuelan incesantemente durante las 24 horas del día, a lo largo de los 365 días del año y con una frecuencia totalmente indeseable desde el punto de vista de la seguridad de la Quinta y del presidente de la Nación junto con la de sus colaboradores.
"La ruta de estas aeronaves -agrega mi colega Fuertes- y fundamentalmente las de mayor porte, tienen como rumbo y destino final el Aeroparque Jorge Newbery en la CABA. Para concretar su descenso sobrevuelan la Quinta Presidencial a una altura entre 450 a 580 metros sobre el nivel del mar, y a una velocidad aproximada de entre 270 a 290 km por hora. Observándolos desde tierra, a ojo desnudo, se distinguen a simple vista el nombre y el logo comercial de sus respectivas líneas aéreas, e incluso se advierten perfectamente por fuera del fuselaje, los neumáticos del tren de aterrizaje retráctil, ya dispuesto para el descenso sobre la pista.
Los ocupantes de la Residencia Presidencial, al margen de tener que tolerar la contaminación sonora provocada por el ruido ensordecedor de los motores, tienen que sobrellevar la amenaza de magnitud implícita en esta navegación aérea, habida cuenta de que podrían ocurrir eventuales accidentes. Las estadísticas de estos siniestros suelen ser muy bajas, pero no imposibles, pues existen antecedentes de algunos desprendimientos accidentales, en pleno vuelo, de algunos componentes del avión..
Pero no nos engañemos. Ese dolo eventual no es, para nada, el mayor de los problemas previstos, Por lo contrario, el mayor desafío representado por el incesante tránsito aéreo sobre la Quinta Presidencial, es que algunas de esas aeronaves podrían convertirse en armas de destrucción masiva, en el caso de ser secuestradas por terroristas dispuestos a inmolarse y convertirlas como vectores muy eficientes para concretar atentados suicidas.
La tendencia mundial y la doctrina internacional para la protección de dignatarios indican que los edificios gubernamentales de primera línea constituyen un espacio aéreo prohibido para todo tipo de aeronaves ajenas al Gobierno.
Las naciones avanzadas tienen la capacidad logística de detección temprana y neutralización inmediata; asumen la firme decisión (llegado el caso) de derribar aeronaves que violen ese espacio.
Años atrás, sobre la Residencia Presidencial de Olivos, estaba prohibido el vuelo aerocomercial: simplemente, los aviones modificaban su trayecto y bordeaban la Quinta o volaban a gran altura, para no constituir ningún riesgo.
Hoy, por las amenazas latentes expuestas en este artículo, es imperativo disponer de una zona de exclusión aérea sobre la Quinta Presidencial.
Se aplicaría frente a vuelos de vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos comúnmente como drones. En este caso, se trata de aeronaves que operan remotamente, con modelos tanto de uso civil, como comercial, e incluso versiones específicamente militares, con una capacidad explosiva de tremenda magnitud.
Un dron de última generación, no tripulado y con una gran carga explosiva en su interior, deslizándose con total tranquilidad entre los cientos de objetos voladores que todo el tiempo, valga la redundancia, sobrevuelan la Quinta Presidencial. Más disparatado e inverosímil, imposible. ¿Imposible? Si, imposible pero real, en enero de 2024. Como decía Tertuliano, lo creo porque es absurdo.
Las organizaciones terroristas internacionales y el crimen organizado transnacional disponen de recursos casi infinitos y un presupuesto también casi ilimitado, lo que obliga a los equipos de protección de dignatarios a una incesante carrera armamentista, sin prisa pero también sin pausa. Larga vida al presidente Milei.