El tiempo, si bien es un valor apreciable, no muchas veces es respetado en su verdadera dimensión. Benjamín Franklin sostuvo: “Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches”.
La pérdida de tiempo en obtener respuesta judicial frente a una contienda que muchas veces, no solo puede generar sufrimiento, incerteza, angustia, sino hasta la pérdida de vidas humanas, debiera ser uno de los ejes centrales de cualquier agenda política que precie estos valores. Pero la realidad, demuestra que pocas veces se logra modificar el statu quo normativo, político, institucional y hasta personal, de quienes imparten justicia, para lograr esos cambios, y así, avizorar alguna solución viable a tremenda situación.
El Poder Judicial tiene asignada la función de resolver las contiendas que se suscitan en la sociedad, o de esta con el Estado, mediante la aplicación de pautas y criterios sustentados en normas que fijan el marco adecuado para delimitar las relaciones entre las personas, instituciones, y el propio Estado. Imparte justicia, una palabra que se utiliza para identificar al Poder Judicial (“La Justicia”), pero que a su vez tiene muchas acepciones.
Esta función, se lleva adelante mediante distintos jueces de distintas jurisdicciones (provinciales, nacionales y federales), y en distintos fueros (materias alcanzadas), que, a su vez, tienen distintos grados o jerarquías de instancias, como son los jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones, en algunos casos cámaras de casaciones, Supremas Cortes provinciales, y en la cúspide la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El devenir de un pleito en relación con el tiempo está condicionado por múltiples factores, entre ellos, la estructura burocrática del propio Poder Judicial, los recursos humanos y materiales con los que se puede contar, el nivel de preparación de los magistrados y sus funcionarios, el compromiso de estos para con la gestión, el rol del abogado, los códigos procesales, la existencia de mayor o menor tecnología aplicada, entre otros.
Es claro que la justicia tiene una enorme deuda con la sociedad, el tiempo que conlleva la tramitación de los pleitos, y las diversas instancias recursivas. Resulta sorprendente que, en Argentina, no existen estadísticas oficiales ni privadas actualizadas, que den cuenta del tiempo completo que duran los juicios, y que arrojen datos sistematizados, lo que impide ejercer un adecuado control de gestión de los juzgados y tribunales. Incluso el Consejo de la Magistratura de la Nación, quien tiene a su cargo la administración del presupuesto del poder judicial, en sus bases estadísticas públicas, tan solo remite al link del Poder Judicial de la Nación, que, a su vez, poco y nada tiene respecto de estadísticas, y las últimas datan del año 2012. Basta al lector ingresar en sendas páginas web para corroborarlo. Sin datos actualizados, y un sistema de búsqueda sistematizado, resulta complejo saber con objetividad, la eficiencia del funcionamiento del poder judicial, y con ello, tomar decisiones funcionales y adecuadas.
Entre otras cuestiones que requieren ser atendidas, un factor elemental clave para siquiera morigerar esta deuda de tiempo resulta la necesaria cobertura de la totalidad de las vacantes existentes en la justicia nacional y federal.
La significativa vacancia se ha convertido en un mal endémico, que lleva décadas sin poder resolverse, con el enorme daño que esto produce en el buen funcionamiento del sistema judicial, y en el descrédito que se le genera. Los distintos regímenes de subrogancias y suplencias no resuelven el problema, son solo parches, ya que ello conlleva que los jueces deban atender dos o más juzgados a la vez. Quienes lo hacen, se ven obligados a desatender sus propios juzgados para dar cobertura provisoria a la vacante. Son muchos los jueces que hacen honor al cargo, pero quedan irremediablemente incluidos en el descrédito general, que no permite separar a los buenos de los malos.
La justicia nacional y federal asciende a 1002 cargos de juez, entre los cuales hay 283 sin cobertura, esto es, vacantes. Esta vacancia del orden del 28% ya resulta histórica y reiterada durante décadas.
El problema, claramente es político, no se designan más jueces porque el sistema de designación no funciona adecuadamente, no se generan los consensos básicos para que esto transcurra dentro de un proceso de normalidad, y de razonabilidad. El Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo creado por la Constitución Nacional de 1994, tiene como función primordial llevar adelante los concursos y elevar la terna de candidatos a jueces al ejecutivo, quien, a su vez, requiere del acuerdo del senado al pliego elegido finalmente por aquel. Ni el Ejecutivo, ni el Senado, tienen un plazo para cumplir esos cometidos, con lo cual, todo queda reducido a la pasividad, a la falta de impulsos eficientes para llegar a los nombramientos. Debiera corregirse ello, y fijar legalmente un plazo razonable para que el Ejecutivo eleve y el Senado del acuerdo, caso contrario, debieran fijarse consecuencias prácticas (sanciones, apercibimientos, etc), para quien o quienes no cumplan en plazo. En un país donde las consecuencias a los males cometidos por funcionarios públicos no suelen pagarse, o por lo menos no en plazo razonable, seguir omitiendo el cumplimiento de elementales obligaciones constitucionales e institucionales, no ayudará en nada a formar una verdadera república.
Incluso podría analizarse la figura del silencio positivo, para que, en caso de incumplirse el plazo por parte del Ejecutivo o bien del Senado, se tenga por elevado el pliego y posteriormente dado el acuerdo (tácito) sobre el primero/a en orden de mérito de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura. Luego, restaría tan solo prestar el juramento. Con ello (si existiera voluntad política), se acabaría la decidía política, y empezaríamos a cubrir las vacantes. Creo que, para ello, no sería obstáculo lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que impide la expresión tácita de la voluntad del congreso, ya que dicha limitación constitucional (a mi entender), solo estaría dirigida al procedimiento de sanción de las leyes, al estar incorporada esa previsión al capítulo referido a la sanción de leyes, y al excluir para ambas cámaras la “sanción tácita o ficta” de las leyes.
Actualmente, el presidente Milei, tiene 86 pliegos en trámite, y el Consejo de la Magistratura Nacional tiene 195 en trámite de concurso, y hay dos en el senado.
El Consejo de la Magistratura tiene que lograr mejorar el procedimiento de selección, para no solo hacerlo más expedito, sino también, poder reducir el margen de discrecionalidad ínsita en alguna de las etapas del proceso de selección, de manera de lograr confeccionar objetivamente ternas que representen a los mejores, a los más idóneos, y no a los más cercanos políticamente. La injerencia del factor político sobre los candidatos no puede terminar siendo el eje en la conformación de las ternas, ya que la Constitución Nacional, solo pide idoneidad, mérito, respeto a los valores republicanos y éticos, mas no la pertenencia o cercanía de los candidatos a un partido o a una ideología política determinada. La etapa de entrevistas personales, actualmente en el reglamento no tiene puntaje alguno, con lo cual allí, la discrecionalidad encuentra el resquicio justo para subir o bajar (discrecionalmente) el puntaje obtenido hasta allí por los candidatos, y de esa manera, posicionarlos para conformar o no las ternas.
Sabemos del esfuerzo de algunos concejeros del organismo, por mejorar esta situación, pero por ahora no resulta suficiente ya que no encuentran eco, ni adhesión política, de los otros estamentos del organismo para que se aprueben las reformas necesarias al reglamento. Es por ello, que necesitamos que la sociedad tenga conocimiento de esto, para que finalmente se puedan lograr los cambios pretendidos.
Mejorar la justicia es tarea de todos, porque a todos nos toca, tarde o temprano, necesitaremos de justicia, sea individual, o como miembros de una sociedad donde la injusticia se ve todos los días.