Por Mauricio Ortín *
En una acción de guerra espectacular, el 5 de octubre de 1975 el Ejército Montonero atacó al gobierno justicialista presidido por María Martínez de Perón. Con el secuestro previo de un avión de línea y la toma del aeropuerto del Pucú, hacia las cuatro y media de la tarde unos 70 guerrilleros entraron a sangre y fuego al cuartel del RIM 29 de la ciudad de Formosa. Los objetivos eran hacerse de armas, debilitar la autoridad del gobierno nacional y ostentar su fuerza para tomar el poder del Estado.
En la defensa del cuartel, las fuerzas legales perdieron a doce militares y a un policía. Los Montoneros acusaron nueve bajas; entre ellos el soldado entregador Luis Roberto Mayol. Tres civiles, ajenos al hecho, también fueron muertos.
Los asaltantes fracasaron en su objetivo de hacerse de armas; a cambio, tuvieron un estridente éxito mediático. Al día siguiente, la mojada de oreja al gobierno peronista fue portada de todos los diarios del mundo. Como era previsible, el presidente provisional, Ítalo Luder, reaccionó a la bestial provocación saliendo con los tapones de punta. Dictó los llamados Decretos de aniquilamiento (2771/75 y 2772/75); en los cuales se extendía a todo el país la orden de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos»; ampliando así lo que el Decreto sobre la Operación Independencia (otra reacción bélica genuinamente peronista) establecía solo para la provincia de Tucumán.
La represión del gobierno peronista así acusaba un giro drástico. En lugar de servirse, como hasta entonces, de la banda paramilitar Triple A para eliminar a los Montoneros y el ERP, recurría ahora a las fuerzas legales.
El combate del 5 de octubre de 1975 se dio en el marco de la guerra en la que se enfrentaron el gobierno constitucional, por un lado, y las bandas subversivas, por el otro. Nunca se trató de un conflicto entre “demonios” militares y “demonios” guerrilleros, como se quiere hacer a parecer negando los hechos. Para nada.
Los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Negro Luna, como así también el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y el policía Argentino Alegre, murieron defendiendo el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón y la democracia.
Los subversivos, en cambio, arriesgaron y/ o perdieron sus vidas por el régimen totalitario-marxista que querían imponer. Los hechos cantan y son incontrovertibles para los que vivieron o conocen la historia. No así para aquellos que, con fines inconfesables, continúan envenenándola con la mentira.
Ya en el año 1983, con la entrega pacífica del poder de los militares a los políticos, comenzó la tergiversación de los años de plomo, los ’70. Sorprendentemente, la represión –legal o ilegal- a las bandas subversivas podía ser mal vista o bien vista según la fecha en que esta ocurrió. Así, por ejemplo, los presidentes, de facto, Videla, Viola, Galtieri y Bignone fueron calificados de genocidas y criminales de lesa humanidad mientras que, los firmantes de los decretos de aniquilamiento y/ o creadores de la Triple A, los presidentes constitucionales Juan Domingo Perón, María Martínez de Perón e Italo Luder quedaron asimilados a las víctimas (al igual que los subversivos) de los militares.
En este sentido, el de exculpar a los peronistas, la historiadora María Seoane lanzó una afirmación que hizo escuela: «El verdadero gabinete de Luder pasó a ser el triunvirato militar de Videla, Massera y Fautario…”; luego, los militares manipularon a Lúder.
Así, no queda más que concluir que el prestigioso constitucionalista Ítalo Lúder, quién fuera diputado nacional, senador nacional, presidente de la Cámara de Senadores de la Nación, convencional constituyente, ministro de Defensa y embajador en Francia y luego candidato a presidente en 1983, era un pelele (¿José López Rega habrá sido, otro? ¿Perón?).
Esta versión angélica de los líderes peronistas, como hipótesis de trabajo de un historiador, puede que tenga utilidad a la hora contrastar los hechos con el absurdo. Ahora bien, cuando esta versión estrictamente falsa es tomada por verdad indiscutible por aquellos que deben impartir justicia, el estado de derecho, la libertad y la propiedad de las personas, está en el horno.
Ello porque, en los juicios de lesa humanidad que se vienen efectuando desde la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, los fiscales y los jueces federales dan por sentado que las Fuerzas Armadas y de Seguridad implementaron un “Plan Sistemático de exterminio de la Población Civil” en la Argentina (léase, un genocidio) a partir de las 0:00 Hs. del 24 de marzo de 1976.
Es decir, ocultan cobardemente que los responsables de dicho plan genocida fueron, ni más ni menos, que las autoridades elegidas por el voto popular ¡Están los decretos firmados! Es que si, verdaderamente, hubiera sido un “Plan de Exterminio de la Población Civil, el Partido Justicialista, por “genocida” (como el nazi) debiera estar prohibido por ley y el escudo partidario debiera ser tan repudiado como la esvástica.
La declaración de la Operación Independencia como acto genocida ilustra la felonía judicial. Ello porque el decreto del aniquilamiento de la subversión en Tucumán está firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón y todo su gabinete. Así y todo, los jueces y fiscales nos quieren hacer creer que por esa época revistaban como simples agentes de policía, cabos de ejército u oficiales modernos que fueron enviados al frente de combate, conocían y actuaban en función del “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil” mientras que los funcionarios que ordenaron y firmaron dicho Plan no sabían nada.
Ahí están siendo perseguidos esos policías y militares, con años de prisión preventiva, por el fiscal Pablo Camuñas y los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu para regocijo de los políticos que los enviaron allí.
Párrafo aparte para el Juez Federal de Tucumán Dr. Daniel Bejas, quién en su fallo, sostiene: “el Operativo Independencia cometió un genocidio” ¡Pues qué espera entonces para acusar al partido peronista de genocida! ¿Influirá en Bejas el hecho de que antes de ser juez se haya desempeñado como apoderado legal del partido justicialista de su provincia?
Por cierto, casi todos los jueces federales que están en servicio fueron nombrados por una mayoría de senadores peronistas. Otro tanto, los fiscales. Por otro lado, resulta absurdo que las Secretarías de Derechos Humanos, la nacional y la de la provincia de Tucumán, actúen como querellantes representando al poder del Estado y al partido político que cometió el “genocidio”. Deberían ocupar las sillas de los querellados.
El 5 de octubre, el día que doce soldados entregaron su vida defendiendo un gobierno peronista, ha sido elegido por los que de verdad reclaman justicia en la Argentina como el Día Nacional de Homenaje a las Víctimas por el Terrorismo. El peronismo, increíblemente, oculta a los que se jugaron por ellos y reivindica a los atacantes. Hace apenas unas semanas el ministro de Defensa, el peronista Agustín Rossi, le ordenó al jefe del Ejército borrar un modestísimo tuit en el que homenajeaba al subteniente Berdina y al soldado Maldonado, (muertos por el ERP en el año 1975). ¡Ni un mísero twitter de dos líneas! Así pagan…
* Miembro del Centro de Estudios Salta.