Por Fernando Rodríguez *
La madrugada del sábado 5 de abril fue testigo de una tragedia que dejó al país sumido en el dolor y la reflexión. Cinco jóvenes perdieron la vida y uno resultó gravemente herido durante el vuelco de un vehículo en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Pilar. El conductor del automóvil, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, sobrevivió y hoy su estado de salud es crítico.
Más allá del dramatismo de los hechos, no se trató de un accidente inevitable. Fue el resultado de una sucesión de decisiones imprudentes que, lamentablemente, se repiten con alarmante frecuencia. Jóvenes de entre 18 y 25 años, alcohol, velocidad y una peligrosa sensación de invulnerabilidad conforman un patrón tristemente conocido.
El impacto de estos siniestros excede lo estrictamente personal: es emocional, social y también económico. Las familias quedan atravesadas por un duelo perpetuo, mientras que el sistema —en especial el sanitario, judicial y asegurador— absorbe consecuencias profundas y costosas.
Uno de los factores estructurales que continúa en deuda es la educación vial. Según datos recientes, el 80% de los jóvenes conductores no recuerda haber recibido formación específica en seguridad vial durante su etapa escolar. En muchos casos, su primer contacto real con las normas de tránsito ocurre cuando estas ya han sido infringidas. A ello se suma una cultura social que, lejos de desalentar la conducta temeraria, muchas veces la celebra: se exalta al que evade controles, al que acelera en la autopista, al que minimiza el consumo de alcohol antes de conducir.
La fiscalización, por su parte, enfrenta serias limitaciones. Los controles de alcoholemia, cuando existen, suelen ser esporádicos y hasta previsibles. Resulta urgente asumir que el alcohol al volante no es una infracción menor, sino un riesgo tangible y letal, comparable a portar un arma cargada.
Las estadísticas reafirman la gravedad del problema. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 se registraron más de 5.500 muertes por siniestros viales en el país. Detrás de cada número hay una historia truncada y, en la mayoría de los casos, una cadena de decisiones evitables.
El sector asegurador cumple un rol clave en la reparación económica, pero sus límites son evidentes: ninguna póliza puede devolver la vida ni consolar a quienes quedan. Tampoco puede saldar la deuda moral que como sociedad seguimos acumulando.
Es tiempo de un cambio cultural profundo. De dejar de glorificar la imprudencia y comenzar a valorar la responsabilidad. En el tránsito, como en la vida, los errores no corregidos a tiempo se convierten en tragedias imposibles de revertir.
*Especialista en Derecho del Seguro.