Al asumir Javier Milei optó por una estrategia económica de shock y una estrategia política gradualista. El éxito de la primera aceleró la segunda.
El ajuste sin anestesia no sólo bajó la inflación, estabilizó el dólar, resucitó el crédito y mejoró las expectativas, sino que también le dio un fuerte impulso político. Las encuestas coinciden en que su gestión tiene el 50% de aprobación.
El gradualismo político tuvo etapas. La primera fue neutralizar al Congreso. Lo logró con el apoyo de los antikirchneristas: el PRO, la UCR antiperonista y la Coalición Cívica, aunque los “lilitos” pusieron reparos crecientes, porque Elisa Carrió nunca digirió el haber perdido el protagonismo de la pelea con Cristina Kirchner a manos de un recién venido que la desprecia.
El éxito de esta primera etapa quedó a la vista con el cierre del período de sesiones ordinarias sin que fueran aprobadas iniciativas que amenazasen la disciplina fiscal. Todos los intentos del peronismo en ese sentido fracasaron.
En ese logro del Gobierno resultaron determinantes los gobernadores, en particular los peronistas Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalaqua; el radical Sadir, más el PRO y los radicales no K.
El alineamiento de los gobernadores peronistas tuvo dos causas: el giro de fondos desde el Ejecutivo y la aversión que los caciques provinciales le tienen a Cristina.
La segunda etapa de la estrategia gradualista se está desarrollando ante nuestros ojos y consiste en la jubilación de Mauricio Macri (lo que Rodríguez Larreta, Vidal y Carrió no lograron en 2019). El disparo de largada fue el escándalo en los medios -alimentado por Macri- en torno al proyecto de Ficha Limpia.
Milei ejerce el poder sin misericordia y sabe esperar. Puede tirar por la ventana decenas de funcionarios que no funcionan o fulminar a su vice sin inmutarse. Ahora le toca el turno a Mauricio Macri con quien comparte electorado, pero con quien no quiere compartir poder. Así como el peronismo intentó dañarlo con el aumento a jubilados o a los empleados de las universidades, el expresidente quiere desgastarlo con denuncias sobre un pacto con el kirchnerismo. Su objetivo es que pierda votos anticorrupción (sinónimo de antiK) y reclamar para sí el monopolio de la pureza institucional.
Pero el proyecto que la diputada Lospenatto quiso aprobar la semana pasada no garantiza que Cristina Kirchner quede impedida de ser candidata el año próximo. Primero, porque no se sabe qué ocurrirá en el Senado con 33 bancas controladas por el kirchnerismo y, segundo, porque de convertirse en ley, sería cuestionada ante la Justicia y no resultaría aplicable para 2025.
En realidad, el conflicto Macri-Milei no fue por una ley sino por el liderazgo del antiperonismo. Se anticipó, lo que al Presidente en alguna medida le conviene, porque el Congreso está cerrado. En tanto a Macri le convendría recalcular el nivel de las presiones porque sus bloques van camino a la ruptura.