El 1 de marzo se cumplirán cuarenta años de la recuperación de la democracia en la vecina República Oriental del Uruguay. Aquel día del año 1985, José María Sanguinetti asumió la conducción del país, por la voluntad ciudadana que lo había consagrado presidente, junto a Antonio Tarigo como vicepresidente, elegido en noviembre del año anterior. Así terminaron doce oscuros años de dictadura cívico-militar.
La otrora llamada ‘Suiza de América’, que supo sostener una estabilidad política e institucional que la diferenciaba del resto de los países latinoamericanos, había interrumpido esta trayectoria en 1973 cuando las FF.AA. presionaron al presidente José María Bordaberry para que clausurara el Congreso Nacional y gobernara de facto. Si bien es cierto que no fue la primera vez que algo similar les ocurría a nuestros vecinos, sí en esta oportunidad sufrirían una larga dictadura durante la cual la violación de los Derechos Humanos fue una constante.
Ya en 1876, el general Lorenzo Latorre había presionado al presidente Pedro Varela para que abandonara la presidencia y asumió el poder con el título de ‘Gobernador Provisorio’. El hasta entonces prestigioso militar contaba al momento sólo 31 años. En 1879, Latorre se convirtió en presidente constitucional, representando al Partido Colorado pero los límites que le impuso el orden constitucional lo llevaron a renunciar al año siguiente.
Latorre modernizó el Uruguay, sin duda alguna. Mejoró al Ejército, a la Educación Pública y llevó adelante obras de infraestructura en la esfera pública. Sin embargo, a su tiempo se lo conoce como la etapa del “militarismo”. No fue una figura política ejemplar, de hecho, murió exiliado en la Argentina en 1916 y sus restos fueron repatriados recién en 1975 por los militares, quienes pretendieron darle otra impronta al controvertido general.
En 1933, el presidente Gabriel Terra, también del Partido Colorado, disolvió el Parlamento e impuso un régimen dictatorial hasta el año siguiente en que convocó a elecciones bajo la protección de una nueva Constitución que disolvió la forma colegiada de gobierno y retornó al presidencialismo. El sucesor de Terra, el colorado Alfredo Baldomir, también cerró el Poder Legislativo en 1942.
Estas interrupciones al orden constitucional fueron consecuencias de crisis económicas y políticas que las élites de los partidos políticos tradicionales, el Colorado y el Nacional o Blanco, no pudieron resolver dentro del marco legal y apelaron a la fuerza; no fueron por presión de los militares exactamente, como lo va a ser en 1973. Los políticos uruguayos conservaron el poder hasta ese año en que sí, esta vez, los militares van a ser los árbitros de la política.
DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA
En la década de los sesenta, el Uruguay fue entrando lentamente en un período de descomposición política y de crisis de la economía basada, mayormente en la exportación de carnes y en un sector público que comenzó a quedar ciertamente obsoleto. Las vacas gordas empezaron a adelgazar.
Los conflictos políticos se agudizaron y el reclamo social fue creciendo. Consideremos que el país tenía una larga cultura cívica de luchas populares y sólidas tradiciones políticas. Huelgas y manifestaciones fueron en aumento.
En 1965 se constituyó el Movimiento Nacional Tupamaros, con diversos sectores provenientes de la izquierda oriental, aunque también contó con algunos miembros de las estructuras tradicionales. Los Tupamaros adhirieron a los ideales de la Revolución Cubana y a la estrategia de la lucha armada, en plena Guerra Fría. Comenzaron con asaltos y robos de armas pero en 1968 secuestraron al administrador de la comunicaciones nacionales, Ulysses Pereira Reberbel.
Los asaltos fueron cada vez de mayor envergadura. Le tocó el turno al Casino de Carrasco y al de Punta del Este. Coparon Radio Sarandí y en 1970 secuestraron y mataron al agente norteamericano en Montevideo, Dan Mitrione. Un año más tarde secuestraron al embajador británico, Geoffre Jackson, y lo mantuvieron cautivo durante tres meses.
Mientras tanto, la política uruguaya seguía su ritmo. Las elecciones de presidente y vice de 1966, consagraron al general de aviación Oscar Gestido y al periodista Jorge Pacheco Areco, ambos del Partido Colorado. Pero el 6 de diciembre de 1967, a pocos meses de haber asumido, Gestido falleció.
Pacheco Areco completó el mandato presidencial, a la vez que aumentaba la violencia política de los Tupamaros y del Estado.
SE CIERRA EL CIRCULO DEMOCRATICO
En 1971, en una controversial elección que dio por ganador al colorado José María Bordaberry, en desmedro del candidato del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, el círculo democrático se fue cerrando. Bordaberry, que había hecho buena parte de su carrera política con los blancos hasta que se pasó a los colorados y fue ministro de Ganadería y Agricultura de Pacheco, aplicó fuertes medidas represivas, que acompañaron a escuadrones de la muerte de orientación de extrema derecha.
El 12 de febrero de 1973, Bordaberry y los jefes de las FF.AA. firmaron el Acuerdo de Boiso Lanza en que establecieron la paz entre ellos, dando así por terminado el desconocimiento de los altos mandos militares del ministro de Defensa, Antonio Francese, además de ocupar la Ciudad Vieja de Montevideo por parte del cuerpo de Fusileros de la Marina de Guerra. El Acuerdo firmado en la Base Aérea de Boiso Lanza estableció la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), órgano asesor del Poder Ejecutivo. También los militares tomaron intervención en la designación del nuevo gabinete ministerial.
Así las cosas, las presiones militares fueron en aumento, y Bordaberry accedía en resguardo de su propia autoridad. El 27 de junio de 1973, los altos mandos exigieron que Bordaberry clausurara el Congreso Nacional y fuera reemplazado por un Consejo de Estado. Se suprimieron las libertades cívicas y se disolvieron los partidos políticos. Se impuso una férrea censura a los medios de comunicación y se encarcelaron a numerosos opositores. El presidente aceptó convertirse en dictador.