En otra derrota del gobierno de Javier Milei a manos de una alianza “de facto” entre legisladores peronistas y radicales, el Senado convirtió en ley un proyecto con sanción de Diputados que dispone un aumento de las jubilaciones con un costo fiscal estimado en un 0,4% del PBI para 2024 y del 0,8% para 2025.
Poco antes de que el Senado votara en su contra el presidente Javier Milei prometió vetar la norma para impedir que destruya el superávit fiscal alcanzado desde comienzos de su mandato. Pero como la norma fue sancionada en ambas Cámaras con una mayoría de dos tercios, quedó en evidencia que los bloques mayoritarios disponen del poder suficiente para rechazar el veto y dejar firme la ley. Solo algunos senadores del PRO acompañaron a los de LLA en el rechazo de los artículos más controvertidos.
La iniciativa dispone que los haberes jubilatorios se actualicen mensualmente de acuerdo con la inflación, medida que ya está en vigencia por un DNU promulgado por el actual gobierno. Incorpora además una compensación de un 8,1% para cubrir la pérdida sufrida por los beneficiarios del sistema a causa de la inflación de enero. Ese mes el índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 20,6%, mientras el Gobierno otorgó un 12,5% de incremento.
El Ejecutivo, que se mostraba inicialmente dispuesto a aceptar el nuevo “empalme”, pretendía que no fuera retroactivo, pero la oposición estableció que deberá cobrarse a partir del mes de abril.
Pero el proyecto aprobado no se limita a las actualizaciones, en su artículo 2 dispone un aumento adicional en el mes de marzo de cada año calculado a partir de un 50% de variación del RIPTE (índice salarial) por sobre la variación del IPC. Si los salarios no aumentaran más que los precios, el aumento seguirá siendo definido por el IPC. La idea es que el índice de precios no sea el techo de los aumentos, criterio que el gobierno rechaza por su alto costo fiscal.
Por otro artículo se establece el haber mínimo no podrá ser inferior al valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09.
Por último se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas. Ese beneficio incluye a las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Esas deudas son multibillonarias (con b).
Fundó el dictamen de mayoría que daba luz verde a la sanción de Diputados el kirchnerista Mariano Recalde quien sostuvo que los problemas de los jubilados no habían comenzado hace 20 años como se dice frecuentemente, sino en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri. Fustigó también la “privatización” del sistema provisional con las AFJP en 1994.
Acto seguido Martín Lousteau -que firmó el dictamen kirchnerista- intentó tomar distancia de Recalde señalando que fue un gobierno peronista el que impuso las AFJ y le pidió que se hiciera cargo de su historia. También destacó que un senador sentado a su lado -en alusión a Oscar Parrilli-- había defendido activamente las privatizaciones durante la década menemista.
Una amplia mayoría de los oradores no hizo referencia al costo fiscal de la ley que aprobaron.