El Gobierno y la “guerra contra la clase media”

El altercado entre el Gobierno y las mayores entidades de medicina prepaga se inició cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, disparó en público un severo diagnóstico: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Lo dijo comentando los aumentos que esas instituciones vienen aplicando a sus asociados desde diciembre. Es decir, desde que el Gobierno, con el DNU 70/83, les dio vía libre para fijar precios sin pasar por el filtro del Estado, específicamente, de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Antes de ese decreto las cuotas de las prepagas no estaban congeladas, mes a mes introducían aumentos que el Estado, tomando en cuenta sus costos y la evolución de los salarios, permitía (y eventualmente compensaba los retrasos con indulgencias en materia impositiva). El DNU 70/23 deshizo ese mecanismo y facilitó la “guerra” que, más de tres meses más tarde, Caputo detectó.
Mucho antes que el ministro, se enteraron miles de asociados a las prepagas, que reaccionaron rápidamente al comprender que en las nuevas circunstancias estaban siendo empujados a una situación que no podrían afrontar con sus ingresos (sueldos y jubilaciones pisados por decisión estatal) y que finalmente los expulsaría de una cobertura médica que venían sosteniendo con esfuerzo durante años.
Un gran número de esos afectados recurrió a la Justicia, y una proporción creciente de quienes lo hicieron fue amparada cautelarmente por los jueces, que determinaron sustanciales rebajas en las cuotas retroactivas al mes de diciembre y también la reparación y devolución de las cifras cobradas en exceso durante los meses transcurridos.

LA OBERTURA DE CAPUTO
Cuando Caputo dijo, brava si bien morosamente, “nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media” estaba, si se quiere, atendiendo a los efectos sin aludir a la causa.
Y a través de él, el Gobierno libertario reaccionaba frente al hecho de que los miles de perjudicados ya actuaban con autonomía, se agrupaban en redes para defenderse jurídicamente, difundían sus reclamos y conseguían un creciente eco en los medios; pero también respondía al creciente protagonismo de los jueces en la defensa de esos sectores.
La prensa y la Justicia, dos asiduos blancos de las andanadas libertarias, aparecían como aliados virtuosos de esa clase media a la que el oficialismo contempla como un componente central de su base de apoyo. Otro dato concurrente: la Coalición Cívica que orienta Elisa Carrió –otro blanco habitual de las furias oficiales- denunció judicialmente a las prepagas por cartelización ya dos meses atrás.
La inesperada agresividad oficial contra las mayores prepagas (no sólo la obertura de Caputo: el propio Presidente llegó a compartir en las redes exabruptos escatológicos sobre Claudio Belocopitt) es probablemente un recurso calculado para recuperar terreno en el relato anticasta que alimenta el oficialismo y para mostrar al gobierno como el escudo contra la casta.
De paso, la rebaja forzada hasta junio de las cuotas de las prepagas le permite a Economía pisar uno de los factores que más inciden (una quinta parte) sobre la tasa de inflación justo en los meses en que se sentirán brutalmente los aumentos en las tarias de energía y gas. Caputo tiene la esperanza de mostrar el mes próximo que la inflación continúa descendiendo y celebraría enormemente si el índice fuera menor que 10. Así, la escaramuza con las prepagas es redituable en varios tableros.

¿UN CHIVO EXPIATORIO?
Convertido personalmente en encarnación de la “guerra contra la clase media”, Belocopitt decidió renunciar a la presidencia de la Unión Argentina por la Salud UAS, la entidad que agrupa a las prepagas. Fue, en rigor, durante su gestión en esa corporación que se decidieron los aumentos en las cuotas que Carrió, otros críticos y ahora el gobierno consideraron cartelizados.
En cualquier caso, el dueño de Swiss Medical (y accionista de otros emprendimientos del rubro) se rebeló ante el papel de chivo expiatorio en el que fue colocado y, liberado de la conducción de la UAS dijo algunas cosas plausibles.
Preguntó, por ejemplo, “¿Se nos fue la mano a nosotros o a la inflación?”. Y señaló, además: “Hablan de que la salud es un oligopolio y yo pregunto, ¿Hay algún sector de la economía que tenga tantos actores como el de la salud? ¿Por qué no miramos todos los otros sectores de la economía? En esos sectores, pasa lo mismo que ocurre acá. En materia de combustible, si Shell sube los precios, a los cinco minutos YPF hace lo mismo. Un escenario similar ocurre con la leche. Si vamos a la industria del neumático, que tiene como principal insumo al caucho, y sube el valor de este último, cuando uno va a ver el incremento de las cubiertas, va a entender que el aumento tiene franjas similares”.
En defensa de su sector, Belocopitt apunta a muchos otros presuntamente autores del mismo pecado. No es un “arrepentido”, aunque en cierto sentido podría considerárselo un colaborador de la Justicia, en caso de que esta decida “mirar a todos los sectores de la economía” y termine confirmando que “pasa lo mismo que acá”.
En cualquier caso, las culpas de los otros no absuelven a cada pecador de la propia. Por otra parte, Belocopitt discute el concepto de “oligopolio” aplicado al sector de la salud y alega invocando la cantidad de actores que intervienen en el rubro.
Pero nadie acusa de oligopolio aquí, sino de cartelización, es decir de un acuerdo de precios entre partes que supuestamente son competidores.
El acuerdo podría darse entre muchos o entre pocos suficientemente decisivos. La tutela que dictó el ente en defensa de la competencia, se limitó a un listado de cinco empresas, basándose en la información primitivamente aportada a la Justicia por legisladores de la oposición;las cinco empresas que cita esa lista suman el 75 por ciento del mercado. Sólo a ellas se les impone –desde el Ejecutivo- la rebaja de sus facturas.

¿DESIGUALDAD ANTE LA LEY?
Los pacientes asociados a otras grandes entidades no incluidas en aquella nómina , más allá de que muchos han emprendido su defensa ante la Justicia por medios propios, se preguntan por qué el Poder Ejecutivo los discriminó, generando un caso flagrante de desigualdad ante la Ley.
La respuesta es sencilla: se trata de otro caso de impericia en un gobierno que, a cuatro meses de haber asumido, todavía no ha llenado todos los casilleros (en muchos casos los llenó y casi de inmediato los vació), que no encuentra demasiados funcionarios que aprueben simultáneamente las exigencias de idoneidad y de confianza (personal, política, ideológica) que requieren las funciones a ocupar y el paladar de los (muy escasos) decisores finales del reclutamiento.
Así, los funcionarios aprenden sobre la marcha, cometen errores (y son muy reticentes a reconocerlos por su debilidad política) y tienden a encubrir los fallos con relato. Un pecado que puede reiterarse, no importa cuál sea el gobierno.
El de Milei, que parece avanzar en sus objetivos económicos (así sea transgrediendo aquí y allá las rigideces del credo ideológico que profesa) y también parece ir anudando los hilos que pueden enlazar el Pacto de Mayo y la convergencia con los gobernadores y el Congreso, desanda a menudo con su precipitación, sus desprolijidades, su desorden y sus desbordes los avances logrados con voluntad y buena fortuna.
La pelea actual contra las prepagas es la corrección tardía de un error de precipitación: el afán de resolver de un plumazo (de un decretazo, el 70/23) el desmantelamiento del Estado confiando casi religiosamente en la buena conducta del “mercado”. La cartelización es una consecuencia. Como dijo alguien: “el hombre es bueno y mejora mucho si se lo vigila”.