El presidente Alberto Fernández anunció hoy la intervención de la empresa agroindustrial Vicentin, cuya deuda ronda los US$ 1.350 millones, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla "de utilidad pública y expropiación".
El 80% de la deuda financiera de Vicentin está en poder del Banco Nación, que le otorgó los préstamos durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno anterior.
El Gobierno designó como interventor de esa productora de alimentos al experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad CEMA y economista del INTA.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Presidente indicó: "Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación de Grupo Vicentin para que el Estado Nacional se haga cargo".
"Todos los activos serán parte de un Fondo Fiduciario. Le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro", indicó el jefe de Estado.
Explicó que se dispusieron "medidas para rescatar a esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino, con el propósito de que continúe y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos".
Acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández sostuvo que el objetivo es "rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia, como es el mercado de granos y de cereales".
"Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional. Haciéndonos cargo, a través de una empresa mixta como YPF, para llevar adelante una actividad que para nosotros tendrá post pandemia una relevancia singular, que es toda la actividad dedicada a la producción de alimentos", insistió.
Además, el jefe de Estado afirmó que "se trata de una operación de rescate a una empresa de magnitud en el mercado agrícola", y aseguró que era una "demanda" que recibieron "de muchos sectores santafesinos, una preocupación del Gobierno de Santa Fe".
"Que haya una empresa como el Grupo Vicentin que siga funcionando, que sea gestionada por YPF Agro, que tenga al frente de la gestión cotidiana a un experto de las características de Gabriel Delgado, son una prueba de que lo que queremos es aportar a ese mercado", aseguró.
Respecto de la ley de expropiación que enviará al Congreso, detalló: "Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que además se dedica a la producción de alimentos en un momento en donde la post pandemia tiene una relevancia singular".
"Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa de que continuarán en sus puestos de trabajo. También a los 2.600 productores, porque ellos son una fuerza muy importante para el desarrollo del Grupo Vicentin. Podrán contar con la empresa para seguir operando a través de ella y vendiendo sus granos a través de ella", señaló.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos US$ 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos -sobre todo del Nación- y el resto a productores y empresas del sector agrícola.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal, dijo Fernández.
Fernández prometió que "se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa".
Vicentin entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos a fines del 2019.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova).
Además, tiene una textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.