El Gobierno monitorea el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que inician hoy un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos.
Al respecto, desde la Casa Rosada anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
En ese sentido, se anticipó que se rechazará el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus antiguos lugares de trabajo.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. "Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias", remarcó.
"Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos", puntualizó el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que "no va a dejar pasar" la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión.
"Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo", contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos y prometió judicializar cada caso. "Es válido que lo hagan y están en su derecho", se expresaron en las filas de la administración pública.
"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", contó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de "provocar cesantías masivas en el Estado" e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".