Desde hace más de quince años, el periodista y escritor José D"Angelo Rodríguez viene escarbando en una de las piedras angulares del setentismo: los 30.000 desaparecidos por la represión ilegal del Estado durante el último gobierno militar en la Argentina. Su primera investigación se tradujo en un libro de elocuente título, Mentirás tus muertos, dicho así, como un mandamiento que busca sostener el relato izquierdista. Ese libro, que va por su tercera edición, puso en evidencia el primer engaño, el de la falsificación de casos de desaparecidos, cuyo número no deja de desinflarse con el paso de los años. Desde entonces D"Angelo se abocó a profundizar en ese engaño y el resultado es La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones (El Tatú Ediciones), libro donde expone la existencia de falsas víctimas de la represión estatal que, además, recibieron indemnizaciones pagadas por el Estado, sin control, por 3 mil millones de dólares.

D"Angelo (Mendoza, 1956) tomó diez casos testigo para denunciar cómo desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación se adulteraron historias y se modificaron documentos públicos para el pago fraudulento de esas indemnizaciones, y cómo los funcionarios impiden hasta hoy el acceso a esa información.

Entre los casos retratados aparecen muertes y heridas causadas por la propia guerrilla; atacantes y criminales abatidos en enfrentamientos; mutilados por manipulación de explosivos; terroristas asesinados por sus compañeros obedeciendo a los Juicios Revolucionarios; todos estos, victimarios, devenidos en víctimas.

D"Angelo explica en una entrevista con La Prensa que cuando escribió su primer libro, Mentirás tus muertos, no tenía "el dato del pago de las indemnizaciones" que ahora sí tiene, "obtenido por izquierda" por su labor periodística, porque el Estado no lo informa.

"Si uno pide el listado de quienes cobraron indemnizaciones -cuenta el autor- el Estado no permite acceder a esa información. Lo cual es un contrasentido absoluto. No solo porque hay una ley que dice que hay que indemnizarlos. Sino porque esas personas son puestas como arquetipos a la sociedad. No hay nada que ocultar teóricamente. Entonces, ¿por qué no dicen cuáles son?".

Pese a que esa información debería ser pública, "eso no sucede con la información de la Secretaría de Derechos Humanos", advierte el autor. "La ley los obliga a confeccionar un legajo de cada una de las personas a las que les pagaron indemnizaciones. Y no permiten acceder no solamente al legajo sino tampoco a saber si se les pagó o no", remarca.

TRANSPARENCIA

"Deberían abrir los legajos. Sería una forma de transparentar y de aclarar de verdad la cantidad de desaparecidos", indica. "Si uno conociera ese legajo, podría darse cuenta de si está bien pagado, en orden a la ley 24.411".

"Por ejemplo -argumenta el autor-, mi entrenador de rugby cuando yo era chico, Pablo Córdoba, es una persona desaparecida. Y su madre, que es amiga mía, de toda la vida, la Beba Córdoba, cobró la indemnización y está bien cobrada. ¿Se comprende? Entonces no se entiende qué es lo que se oculta, por qué no permiten acceder a esa información".

Sobre si este nuevo libro puede considerarse una continuidad del anterior, D"Angelo responde que hay una gran diferencia. "El otro libro podría llamarse testimonial. Este, en cambio, tiene el objetivo de denunciar, porque está acompañado de una denuncia penal".

"Este nuevo libro contiene los casos denunciados penalmente en los tribunales porteños de Comodoro Py. La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Nro. 4, cuyo titular es el doctor Ariel Lijo, que la tiene a resolución desde noviembre de 2019, hace ya dos años. Yo hice una ampliación de la denuncia con más casos. Podría hacer muchísimos más", precisa, para luego considerar que esto es apenas "la punta del iceberg".

"Uno de esos casos es el de Atilio del Rosario Santillán, un dirigente de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar", revela D"Angelo, quien recuerda que el gremio azucarero tiene su fuerte en el norte del país. "Santillán venía siendo reelecto desde hace muchos años", dice. "Dos días antes del golpe militar, el 22 de marzo de 1976, los diarios titulan en tapa "Asesinaron a Atilio Santillán", e informan que un comando entró a sus oficinas de la Avenida Rivadavia, en el centro porteño, y lo acribillaron antes de irse. Hay una mujer participante del hecho", apunta.

"A los pocos días, la revista Estrella Roja, del ERP, en la contratapa, se hace cargo de la muerte de Santillán. Dice en un parte de guerra que en cumplimiento de una orden del Estado Mayor Central ejecutaron al "traidor" y "agente de los servicios de información militar" Atilio Santillán", aclara.
"Cuando tomo contacto con ese caso -dice D"Angelo-, me acuerdo de quién era Santillán, busco en los diarios y me pregunto: ¿a ver si lo denunciaron como víctima del Estado? Victima falsa, por supuesto, porque ya estaba claro que lo había matado el ERP. Entonces reviso uno por uno los tres informes de desaparecidos (el de 1984, el de 2006 y el de 2015) y no lo encuentro. No lo habían puesto como víctima del Estado en forma fraudulenta. Pero voy a mi planilla de pagos y ahí sí está".

PAGO IGUAL

"Esto es gravísimo. Porque no está registrado como víctima del Estado en ninguno de los informes. No lo tiene registrado la secretaría de Derechos Humanos. Pero esa misma secretaría autorizó que se pague igual una indemnización, como si hubiera sido asesinado por agentes estatales", prosigue.

"En el año 2007, el periodista Pablo Ansaldi, autor de Los años setenta a fondo, entrevistó a Arnold Kremer, alias Luis Matini. Kremer fue el que reemplazó a Mario Roberto Santucho como jefe del ERP cuando éste fue asesinado por el Ejército, y es el que ordena finalmente la disolución de la banda. Kremer dice en ese reportaje: "Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de asesinar a Santillán. No había muchas pruebas, pero se decía que era un buchón del Ejército. Santucho dio la orden, fue un comando del ERP y lo mató".

"La pregunta, señor juez, es: ¿a cuántos Juan Pérez, que no conocemos, ni conoceremos, se les pagó indemnización, sin siquiera hacerlos figurar en los registros oficiales de víctimas?", pregunta D"Angelo.

"Se han pagado cerca de 250 mil millones de pesos en indemnizaciones sin control. En trámite administrativo, ejecutado solamente por la secretaría de Derechos Humanos", abunda.

Entre los diez casos que figuran en el libro se encuentra el de Pedro Alberto Sabao, de 26 años, militante de la CGT y las 62 asesinado a tiros en Rosario el 28 de noviembre de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sabao fue ejecutado en un ataque con ametralladoras y fusiles FAL en el que fue herido de gravedad su hermano Carlos Raimundo, de 25.

EJECUCION

Días después del hecho, reportado por los diarios, los montoneros se adjudicaron el ataque. D"Angelo recuerda que en la revista Evita Montonera, Año II, número 10, se informó que "un pelotón de combate de Montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná". Nada se dijo allí de las heridas graves de su hermano Carlos.

Pedro Sabao fue incluido como "víctima del Estado" en los registros oficiales de la secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 y, por ello se pagó una indemnización de 18 millones de pesos, como si a Sabao lo hubieran matado agentes estatales. Años después, el gobierno de Cristina Kirchner lo eliminó de esos registros, pero su nombre se conserva en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado levantado en el Parque de la Memoria y "créase o no, está la placa que también nos dice que Carlos es otra víctima del Estado de 1975, cuando murió en 2016 en un geriátrico".

Otro caso que figura en el libro es el de la joven Adriana Lidia Kornbliht, de 15 años, muerta mientras intentaba poner una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, Quilmes, el 31 de marzo de 1977. Su muerte fue por impericia en el manejo de explosivos, no por agentes estatales. Pero el gobierno de Néstor Kirchner la registró como asesinada por el Estado y se pagó por ella una indemnización varias veces millonaria. Luego el gobierno de Cristina Fernández la eliminó de los registros oficiales.

"Nadie pide explicaciones por este tipo de manejos, y cuando se piden, no se dan", comenta D"Angelo. El autor decidió entonces denunciar penalmente a los funcionarios públicos de distintas administraciones, y a los particulares que hubieran actuado como autores o cómplices, por los delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Esto -continúa el autor- tiene mucho que ver con la polémica sobre los 30.000 desaparecidos, que ellos dicen que es un símbolo. No se entiende muy bien qué significa eso. Claro, ellos son cultores de la posverdad. Pueden decir cualquier cosa".

Con el paso del tiempo, sin embargo, lejos de acercarnos a la cifra de 30.000, D"Angelo hace notar que estamos más lejos. "En el último registro de víctimas hay menor cantidad que al principio", subraya.

"Hay tres registros: el de la Conadep de 1984, el de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, con Néstor Kirchner como presidente, y el de Cristina Kirchner de 2015, conocido como Ruvte (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo Estatal). El último, que es la última versión de ese listado, elaborado 35 años después del informe de la Conadep de Alfonsín, tiene menos desaparecidos que el de 1984. El actual tiene 7.018 desaparecidos", precisa el escritor, quien afirma que por eso está pidiendo que se abran los archivos.

MITO

Para elaborar la presente investigación, D"Angelo -un militar con aptitud de comando que participó de la recuperación de los cuarteles de La Tablada antes de que se dispusiera su retiro obligatorio- consiguió el listado de pagos y contrastó esa nómina con los tres informes oficiales de víctimas, con lo publicado en las revistas propias de los combatientes y en libros sobre aquella época, además de alguna entrevista con familiares. "Mis fuentes son todas de izquierda", aclara.

El autor cree que algo ha cambiado en la forma en que se escribe sobre la década del setenta. Dice que en los últimos años el relato por lo menos ya no encontró un campo allanado para avanzar libremente. "Hay escritores que han puesto de su parte para que, delante de ese relato falso, se plantee una reconstrucción de la historia desde los hechos verdaderos", opina.

"El hecho de que esta izquierda revolucionaria, derrotada en los setenta en su intento de asaltar el poder por las armas, insista hoy con consignas como "son 30 mil", significa que ese mito está tocado y que buena parte de la opinión pública no lo cree más", prosigue. Pero eso no significa, en su opinión, que la mirada sobre aquella época se haya balanceado.

"Es muy difícil hablar de balance cuando del otro lado hay una maquinaria tremenda, aceitada, con recursos del Estado. Acá el Estado es parte de esto. Acá es el Estado sosteniendo el relato. La intención de esta denuncia es advertirles: "el relato no te va a salir gratis. Vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia"", advierte.

D"Angelo ya hizo una ampliación de la denuncia ante el juez Lijo y admite que podría seguir con varias secuelas de este libro, pero en cambio está preparando dos nuevos libros sobre los años setenta.

Uno es sobre los "números verdaderos" de aquellos años en la Argentina, un libro que busca precisar cuántos combatientes tuvieron las organizaciones armadas ("algo que pocos saben") para tomar conciencia sobre el desafío que representaban, y el otro es un trabajo de investigación sobre los niños apropiados.

Sobre el primer tema hace notar que "ETA, en su momento de auge, tuvo entre 1.000 y 1.500 combatientes y que al Estado español le llevó cincuenta años derrotarlos", mientras que, "acá, Roberto Perdía, segundo jefe de Montoneros, admite que los militantes, combatientes y simpatizantes, eran unas 100 mil personas. Y que, de ellas, 7.000 a 10.000 eran combatientes. Algo similar al ERP, que en un informe reconoció que llegó a contar con 12.000, entre oficiales y aspirantes".

"Pero lo cierto -apunta D"Angelo- es que un aspirante cualquiera de las organizaciones podía colocarte un explosivo, como hizo Adriana Korenbliht con solo 15 años, cuyo caso trato en el libro. Ella también era una combatiente".