DNU: del control al obstruccionismo

Para las 17 de este miércoles, han sido convocadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados para analizar un temario que contiene una decena y media de proyectos para modificar el régimen de los DNU. Son, en su amplia mayoría, iniciativas opositoras y su objetivo es impedir que el actual Gobierno siga usando esa herramienta legal.
De conseguir la oposición su propósito, la gestión presidencial se verá en riesgo, en especial la económica. Ese es el objetivo principal de los opositores que ven con alarma como las variables macro se van alineando.
Hasta ahora la oposición había cumplido su rol de control que le cabe en el Legislativo, votando en contra de medidas del Presidente o aprobando leyes que Javier Milei se vio en el trance de vetar. Pero como eso no dio resultado, amaga con quitarle una herramienta fundamental para la gobernabilidad. Se prepara para el obstruccionismo liso y llano.
Es una conducta con agravantes. El primero, que se da en el marco de una crisis económica generada por los ahora opositores. El segundo, que la reforma que impulsa la oposición forma parte de una larga y lamentable trayectoria de manipulación institucional que se ha dado en torno de los DNU.
Esos decretos fueron incluidos en la Constitución en la reforma del 94 que, según uno de sus impugnadores en el Congreso, el entonces senador Alberto Rodríguez Saá, fue un “mamarracho” institucional. En realidad fue consecuencia de un pacto en las sombras entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem cuyo objetivo no era ni de lejos la modernización constitucional.
Se trató de un toma y daca en el que la UCR recibió cargos como el tercer senador o la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cambio de la reelección presidencial para Menem. Se arguyó que se instalaba un sistema semiparlamentario, pero el resultado fue el contrario: entre 1853 y 1983 los presidentes habían promulgado 25 decretos de ese tipo. En 10 años Carlos Menem dictó 545. A pesar de que controlaba las dos Cámaras gobernó a decretazo limpio.
Para que la burla al Congreso fuera mayor, la reglamentación de los DNU demoró 12 años. La autora de la ley reglamentaria, Cristina Kirchner, hizo una pirueta memorable en el Senado. Cuando la Alianza era gobierno impulsó un proyecto (octubre del 2000, TP 162, expediente 6876) según el cual, si no eran confirmados por las dos Cámaras en 30 días, los DNU perdían vigencia. En 2006, con su marido presidente, impulsó el criterio opuesto que rige actualmente: si las dos Cámaras no los rechazan de manera expresa, los DNU tienen pleno efecto legal. En el debate parlamentario de 2006 el entonces senador radical Rodolfo Terragno hizo notar esa contradicción y para destacarla adoptó como propio el primer proyecto de CFK.
Javier Milei es al único presidente al que el Congreso le rechazó un DNU. Los que durante 30 años admitieron ser atropellados por el Poder Ejecutivo, tratan de debilitar al actual presidente, socavando la gobernabilidad. El objetivo último es derrumbar el plan económico que sostiene al Gobierno y, de mantenerse, le asegura una buena elección el año próximo. Los escrúpulos institucionales tardíos suenan inevitablemente falsos.