En un afónico, paternalista, inaceptable, intragable, inconstitucional, libreteado, actuado y ensayado discurso, ayer el presidente Fernández cerró el país. En algún punto cabe hacerlo. Hay numerosas razones para cerrar las puertas y colgar el ominoso cartelito de “Cerrado por duelo”, con el que antaño los negocios que existían en esa época explicaban esas clausuras por la muerte del dueño o de algún familiar cercano.
Lo primero que terminó de matar Fernández es el derecho. Primerear a la Corte antes de que se expidiese sobre su DNU que vencía anoche y que sepultaba la educación de CABA es un recurso de carancho de tribunales, harto conocido: cambiar el instrumento jurídico para que el fallo deje de tener validez y obligar a un nuevo amparo y a un lento nuevo fallo del máximo tribunal. El nuevo DNU puente es más alevoso e irrespetuoso que el anterior, porque de paso, para embarrar el terreno, amenaza con hacer una ley del Congreso que le otorgue todavía más carta blanca. Un modo de paralizar a la Corte y de usar el mismo recurso dudosamente legal que usó de modo permanente Cristina Kirchner en todos sus mandatos: el de alguna clase de emergencia, real o inventada. El peronismo ama la autocracia y odia el control republicano. Por algo se autodefine como movimiento, lo que le da comodidad ideológica y de conducta.
Dentro de los derechos muertos está preeminentemente el elemental y casi sobreentendido derecho a la libertad. El mandatario se arroga la potestad -que él presenta como un acto de bondad, como tantos tiranos providenciales- de decidir sobre el patrimonio, la educación, el comportamiento, el bienestar y la vida de los ciudadanos. Aún el nefasto artículo 76 de la Constitución manoseada por Alfonsín y Menem y luego gamberreada por Cristina excluyen esa potestad de la canallesca excepción prevista para limitar el contundente artículo 29 de la Carta Magna, que impide al Congreso, en defensa de la república, delegar poderes a cualquier dictador, que de eso se trata.
También se arroga, y se adueña de, la defensa de la sanidad y la salud. O se escuda en ella. Y ahí, como acostumbra el Frente de Todos y antes lo hacían sus diferentes primos y entenados, cae en la contradicción, la falacia, la complicidad, la corrupción y la mentira. Porque semejante atropello dudosamente legal debería, para tener visos de legitimidad, ir acompañado de un mea culpa, de la aceptación y la condena a un ministro presospechado de horrores sanitarios, que además se manejó con incompetencia y displicencia antes y durante la pandemia, que dirigió el proceso decisional de la compra de vacunas –habrá que llamarle de algún modo– que descartó al proveedor de vacunas más exitoso y seguro, que toleró la acción política de otros incompetentes del gobierno de amantes, que aún no ha explicado la epopeya de la compra y producción de insumos, ni la falta de coordinación con los gobiernos provinciales, ni la falta de testeos, ni el acuerdo con Hugo Sigman y Astrazeneca, publicitado como el gol del triunfo en un Mundial, que tanto demoró la reacción del país, además de costarle un 60% de un anticipo cuyo monto se ignora, encerrado en el secreto que suele ser el condimento clave de toda corrupción. O condimiento. A menos que el ministro haya cumplido órdenes superiores. Lo que sería peor.
Tampoco se ha explicado el acuerdo para fabricar localmente (dando crédito provisoriamente a lo informado) de la vacuna rusa, proceso que no se sabe cómo ha sido adjudicado, cuándo se dispondrá de los viales, en medio de nuevos cuestionamientos a la Sputnik-V y si se han comprometido erogaciones del estado con cualquier propósito y de quién es en serio la empresa. Como no se habló mas del capricho de negarse a tratar con Pfizer, casi un atentado contra la sociedad. Tampoco se habla de los cientos de acomodos, arreglos, incompetencias, excesos en cuanto sector o sectorcito de la administración se levante una piedra, bajo la cual se encuentra mugre de toda índole de gente lenta de entendederas, pero rápidas para el retorno.
Para resumir el punto, por todo eso el gobierno no tiene vacunas. Y no las tiene por su culpa, su error o su negligencia, para ser generosos. La desesperación por ese hecho, que no se atreve a aceptar, que pondría en evidencia todas las tramas, incapacidades y corrupciones, se advierte claramente en las medidas oficiales, más allá del falso tono intimista y radioteatrero de Fernández. La misma desesperación que lo lleva ahora a arrodillarse frente a un capitalismo que despreció a los gritos. (Gritos en español, obvio) Las muertes por esa causa, más las producidas por los vacunatorios VIP, que sustrajeron más de cien mil vacunas de los hombros de quienes las necesitaban imperiosamente, pesa ya para siempre sobre otros hombros: los de los y las acomodados/as que se robaron esas dosis, o esas vidas, como se guste.
Desbrozando la hojarasca discursiva, la salud de la sociedad está a la deriva. El cierre de Fernández y Kicillof es apenas una defensa política, no un mecanismo sanitario.
También se ha asesinado el derecho de propiedad. Y con él a la economía. Al impedir toda interacción humana, o limitarla hasta el malabarismo imposible, ser el dueño de una empresa, de un negocito, de un restaurant, un bar, de una pyme o un monotributista, un profesional o un independiente, ha pasado a ser un delito y un imposible. El ahorro, el capital, el esfuerzo, el prestigio acumulado, la clientela, han ido desfalleciendo día a día hasta morir, como ocurre ahora. Lo que presagia un futuro todavía peor, con millones dependiendo más y más de la limosna del Estado, prácticamente la desaparición del sector privado. Salvo que se trate de amigos o socios del kirchnerismo. La economía privada sufre un golpe de gracia que se vino ensayando en otros gobiernos peronistas, cuerpos del delito que están en las morgues del juzgado de Preska o del CIADI. Otros, ocultos en alguna causa local que nunca se destapará para evitar el mal olor multipartidario. Ahora, cuando el ahogado llegaba apenas a la orilla a brazadas desesperadas, este decreto lo empuja de nuevo hacia la vorágine.
Otra víctima fatal de la pieza discursiva y sus medidas desesperadas es la poca credibilidad que aún podía inspirar el gobierno, y cualquier vestigio de seguridad jurídica. Sólo un irresponsable o un tramposo podría invertir en Argentina, y en este último caso, con crédito o subsidio del Estado, como bien se conoce. Es fácil comprender que en esta heroica epopeya destructiva también se fueron la educación privada y el sistema de medicina prepaga verdadero, (no el de cómplices gubernamentales) que ya no volverán, y que, si volvieran, serían apenas zombies.
Aunque resulte obvio y reiterativo, también se vuelve a matar a la República, en una especie de necesidad de rematarla varias veces, para que no haya posibilidad alguna de que resucite semejante enemigo de los tiranos. La justicia, la independencia de los legisladores, el manejo arbitrario del reglamento interno de las cámaras, el escamoteo legislativo para forzar a que las leyes no necesiten mayoría alguna y que sean bulas presidenciales, se vuelven a esgrimir contra la sociedad. Y para rematar, nuevamente el intento de paralizar cualquier fallo de la Corte con todo tipo de artilugios y ataques.
Detrás de este paquete de DNU-Ley de apuro se está preparando un camino que la columna ya anticipó en otra entrega: la postergación indefinida de las PASO primero y de las elecciones de medio término después. Que en algún momento pareció una exageración de los opositores. Y que ahora, como tantos sospechaban que ocurriría, está a un paso de justificarse y de llevarse a la práctica en nombre de la emergencia, seguramente con la anuencia de la inocencia reiterada y sospechosa de la oposición.
Y entre los cadáveres, habría que contar las chances del Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, que se perdieron en la claudicación disimulada de ayer a la tarde, luego de su discurso en el que terminó apoyando y sometiendo a la Ciudad al arbitrio presidencial. Preocupado seguramente por defender la salud de sus votantes, (algo de apuro) terminó apoyando a regañadientes las mismas medidas que hace 10 días cuestionaba, de lo que parece que sus fans no se dieron cuenta. (Sólo lo notan después, como el pescado que muerde el anzuelo) Tal vez la preocupación sanitaria le hace olvidar que su primera obligación es defender la autonomía, y no sólo con un recurso ante la Corte. A la vez que pierde la gran oportunidad de mostrar un liderazgo que la ciudadanía del país espera para enfrentarse a la autocracia. Su plan de usar a los porteros y administradores para espiar a sus empleadores, los consorcios, merece ser peronista. Acaban de morir un liderazgo y una oportunidad antes de nacer. También es procedente el duelo por esa causa.
El Presidente, en este discurso y en otras ocasiones, se manifestó en contra de toda grieta, de toda división entre argentinos. Pocas decisiones han colaborado más con la grieta infranqueable que las explicitadas ayer a la mañana. No solamente por la brecha creada con la ciudad a la que desprecia el oficialismo sector Cristina -Kicillof, sino por el ataque devastador sobre la vida familiar, la escolaridad, la economía de la calle, la vocación de trabajar o de sobrevivir sin depender de una limosna.
Por esas paradojas del comportamiento de los pueblos, aunque el aumento de los casos y las muertes le den un argumento, el gobierno paga ahora el precio del manejo irresponsable de los insumos de la pandemia, y toda su incompetencia e improvisación en las cuarentenas, incluyendo la politización y el relato en que se incurrió.
Fernández no cesa de repetir, con un estilo de golpeador que crispa los nervios, que todo lo que hace es por el bien de todos, para cuidarlos y protegerlos. Y que quiere dialogar. Pues no se dialoga por DNU, una prepotencia antijurídica. Y en estos temas, ni siquiera por leyes amañadas de la mayoría simple. ¿O esperan que se dialogue con Cristina?
A la espera de alguna vacuna salvadora que llegue por casualidad, limosna o lástima, el gobierno cierra otra vez todo. Manden al chico nuevo a hacer el cartelito con letras negras para colgar en la puerta.