Por Mauricio Ortín (*)
El 27 de junio de 1973, a poco más de un mes de asumido el gobierno del Frente Justicialista de Liberación, del presidente Héctor Cámpora, Mario Santucho, el jefe de la banda terrorista ERP, ofrecía una conferencia de prensa clandestina. Ante la requisitoria periodística sobre si dejaría de actuar militarmente contestó que daría una tregua al gobierno, siempre y cuando éste no atacara a las organizaciones guerrilleras; no obstante, agregó, las acciones armadas contra el Ejército y los empresarios (secuestros extorsivos, asesinatos, etc.) continuarían.
A nadie que estuviera avisado sorprendió la respuesta. Al jefe del ERP, fiel a su credo marxista-leninista, el Estado de derecho no le importaba como un bien en sí mismo sino solo como instrumento de uso circunstancial en su lucha por el poder. En este caso, Santucho se arrogaba el ``derecho a matar'' pero exigía que el Estado no lo reprimiera por ello.
Depuesto Cámpora, Perón, ya presidente, le respondió al líder terrorista con la Triple A. Su viuda y sucesora, la presidente María Martínez de Perón, en la misma línea, ordenó a las Fuerzas Armadas ``aniquilar'' a los subversivos. El gobierno militar que surgió del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no cambió un ápice la política de aniquilamiento peronista.
Hacia 1980 la guerra civil en la que nos metieron las bandas terroristas y el régimen criminal de Cuba parecía haber terminado. Pero las guerras concluyen solo cuando uno de los bandos se rinde y este no es el caso.
En 1983, recuperada la democracia, los sobrevivientes del ERP y Montoneros, encontraron una playa donde desembarcar y hacerse fuertes: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de las provincias y de los municipios.
Desde allí, retorciendo los principios del derecho universal y violando flagrantemente la Constitución, embistieron otra vez contra sus enemigos de siempre: las Fuerzas Armadas y los empresarios. Pero había que cambiar el justificativo.
Argumentar que lo hacían porque para ellos la guerra no había terminado hubiese sido un error que no habría cuajado en la sociedad y en los estrados judiciales. Mucho más inteligente y perverso fue lo que urdieron e instalaron. Esto es, el relato cínicamente falso de que no hubo una guerra, y que, por el contrario, la Argentina se ensangrentó porque los empresarios y las Fuerzas Armadas (la burguesía y su brazo armado) montaron desde el Estado una política de genocidio contra los jóvenes idealistas que defendían la democracia. Este falso y cínico relato caló en una sociedad adormecida.
Tanto, que ocultarla o tergiversarla parecía una empresa imposible. Había que ocultar miles de pruebas que la refutaban. Revistas, periódicos, videos y grabaciones, donde los terroristas, a los cuatro vientos, declaraban la guerra contra el Estado nacional burgués (gobernado por el peronismo) y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
A través de sus propios pasquines publicitaban sus actos de guerra tales como: toma de cuarteles, secuestros extorsivos, homicidios, ocupación de pueblos, atraco de bancos, etc. Y sin embargo la mentira se convirtió en verdad. Será por eso que decía el nazi Goebbels: ``Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad''.
Pero eso puede valer en un régimen de terror como el nazi o el comunista. No en una democracia donde una mentira, como la que nos ocupa, no resiste la consulta más elemental en Internet. Mentira que el Tribunal de la causa 13 (Juicio a las Juntas militares) rebatió radicalmente al reconocer que se trató de una guerra revolucionaria iniciada por las bandas subversivas.
Algo más debe haber para que jueces, periodistas, políticos, intelectuales, curas y ciudadanos comunes, por comisión u omisión, se hagan cómplices de la mentira.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, habilitó el camino para que los empresarios de la firma Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Se los acusa de haber prestado vehículos que se usaron para secuestrar personas durante el hecho conocido como Apagón de Ledesma.
Más allá de que los imputados niegan la acusación y de que, en caso de que fuera cierto (el préstamo) habría que probar que sabían en que se utilizarían, nos enteramos que para la Corte prestar vehículos es un crimen infinitamente más grave que atentar con una bomba en un comedor matando a 23 comensales y mutilando a otros tantos.
No por casualidad, el acusado por este atentado, el ex jefe de Inteligencia de Montoneros, Horacio Verbitsky, es el principal gurú del relato. Al punto que funge como presidente de la principal ONG de derechos humanos de la Argentina: el CELS.
Paula Litvachky, directora del CELS, en relación al fallo de la Corte, dijo: ``Es una buena noticia con algo de sabor amargo'' (por lo tardío de la medida). Del enjuiciamiento de su jefe por los 23 muertos, mutis por el foro. A su vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tildó a los acusados de ``responsables económicos de la dictadura'' (¿por prestar un vehículo o porque así lo dice el marxismo?).
La empresa Ledesma, es una de las principales contribuyentes al fisco, generadora de riqueza y empleadora del país. En su zona de influencia, la provincia de Jujuy, ha contribuido con la construcción de hospitales, escuelas, complejos deportivos, caminos, etc. Por el contrario, de Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Roberto Perdía, Gorriarán Merlo y compañía, ninguna acción a favor del prójimo se conoce. Lo suyo pasaba por la toma del poder.
La injusticia funcional se impone. Jueces y fiscales, sistemáticamente, hacen realidad la demanda de Santucho expresada en esa conferencia de prensa: eliminar a los empresarios y a los militares.
(*) Vicepresidente del Centro de Estudios Salta.