La diputada Elisa Carrió (CC- ARI) se presentó hoy ante el Juzgado de Ariel Lijo para ampliar una denuncia contra el directorio de Repsol-YPF y los síndicos nombrados por el Estado en la empresa con el fin de que se investigue las supuestas maniobras de "vaciamiento" así como conductas "depredatorias" en perjuicio de las reservas de gas y petróleo.
"Tanto el representante del Estado argentino en el directorio Roberto Baratta, como los Síndicos por el Estado (SIGEN) avalaron los estados contables, memorias y plan de inversiones por unanimidad hasta el ejercicio 2011", sostiene Carrió en la presentación realizada esta mañana.
La diputada afirmó que quienes representaron al Estado en la empresa desde su privatización "en ningún momento objetaron la política general de la compañía hasta principios de 2012".
Explica en la presentación que al tener el Estado la llamada "acción de oro" el Estado, a través de su director representante y su síndico, "puede plantear objeciones a decisiones de la empresa, como el reparto de dividendos entre acciones en lugar de incrementar sus inversiones".
Además, Carrió precisa que "el Estado argentino avaló un reparto de utilidades del 90 por ciento y que deje (Repsol-YPF) de liquidar en el país hasta el 70 por ciento de lo obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la empresa" y señala que "no sancionó la manipulación de las reservas, lo que provocó una maniobra financiera denunciada y sancionada por distintos países y por la SEC".
En la presentación, Carrió pide también que se indague en la "manipulación" del valor de sus acciones efectuada a los fines de provocar "movidas financieras".
En el comunicado de prensa, ARI-CC recordó que en 2006 Carrió junto a otros diputados nacionales solicitaron a la Comisión Nacional Valores que iniciara una investigación respecto de la firma Repsol-YPF en relación a que se había informado la baja en las reservas totales de la empresa en un 25 por ciento y declarado ante la Security Exchange Commission (SEC) reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en realidad deberían haberlo hecho solo de las probadas.
Se indica al respecto que "en nuestra denuncia advertimos que, de acuerdo a información que ya había tomado estado público, se podía concluir que a través de los años, las reservas de la República Argentina han sufrido una importante disminución sin que esto responda a ningún parámetro objetivo de medición que lo justifique".