El llamado a indagatoria de Amado Boudou ahonda la crisis del gobierno. En los hechos había sido alejado del poder y reducido a una función que con benevolencia se podría llamar decorativa. Pero como ocupa el primer lugar en el orden de sucesión presidencial en momentos en que aumentan las dudas a cerca de que la presidenta llegue al fin de su mandato, su situación penal tendrá fuerte impacto en un kirchnerismo en plena retirada.
Puede alegarse que las instituciones tienen una importancia relativa -por no decir nula- en épocas de crisis y que el poder real es el que cuenta, pero el brutal golpe que recibió Boudou proyecta una imagen de decadencia acelerada del poder presidencial y del kirchnerismo.
El fallo, de todas maneras, tuvo diversas interpretaciones. La diputada Elisa Carrió, por ejemplo, opinó que tanto el peronismo como el gobierno quieren "liberarse" del vicepresidente por lo que estarían buscando su inminente destitución.
Es decir que le soltaron la mano. A diferencia de lo que había ocurrido dos años atrás, cuando el apoyo de la presidenta hizo saltar por las aires jueces, fiscales y hasta el procurador general, Esteban Righi, en defensa del vice cantor. Hoy nadie derrama una lágrima por él. El silencio "K" fue desolador.
Aquel gobierno era mucho más fuerte que este y la presidenta exhibía un liderazgo sin mella. En aquella época tampoco había crisis cambiaria, falta de reservas, enfermedad presidencial, ni derrota electoral abrumadora. Esas novedades pesaron sin duda en el giro judicial que ha dejado a Boudou a tiro de procesamiento.
En el Senado la situación del vice fue seguida con atención durante los últimos días. Se anticiparon las típicas "maniobras" en torno a la designación del presidente provisional del cuerpo, que saltará al primer lugar de la sucesión si no hay vicepresidente.
Hay candidatos "K" y "peronistas" para el cargo. Hasta ahora las "maniobras" se limitaron al envío de mensajes por los medios del Congreso a la Casa Rosada y viceversa. Pero ahora el tironeo se acelerará. Será un test de gran importancia para medir el poder efectivo que conserva la presidenta Cristina Fernández.
Debe imponer su voluntad sin lugar a una sombra de duda, de lo contrario, la crisis política se acelerará como en 2001 cuando el justicialista Ramón Puerta desplazó al radical Mario Losada a pocos días de la caída de Fernando de la Rúa.