POR DANIEL ARTANA *
Los primeros pasos del gobierno que asumió el 10 de diciembre han sido vertiginosos. La estrategia parece ser resolver rápido el problema fiscal, corregir algunos de los desequilibrios de precios relativos heredados, licuar parcialmente los pasivos en pesos del BCRA y avanzar con reformas estructurales.
Los tres primeros son requisitos previos para lanzar un programa de estabilización. No es posible reducir la inflación si antes no se elimina una de las fuentes principales de emisión, que es el desequilibrio de un gobierno que carece de financiamiento genuino. Sin embargo, el paquete anunciado por el equivalente a 5% del PIB tiene algo de rusticidad y depende parcialmente de la aprobación del Congreso.
La combinación de impuesto PAÍS a las importaciones y retenciones a las exportaciones genera un sesgo antiexportador porque se paga un tipo de cambio efectivo superior en las compras de insumos o bienes de capital que el que se percibe por las ventas al exterior. La posibilidad de vender el 20% en el CCL morigera el sesgo, pero no lo elimina.
Además, algunas de las reducciones previstas de gastos requieren de una licuación adicional a la ya observada durante el año 2023, que son más difíciles de sostener en el tiempo que las reducciones de cantidades.
LEY OMNIBUS
En el proyecto de Ley enviado al Congreso a finales de año se incluyó el aumento de retenciones, una moratoria, un blanqueo y la reducción y adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales. En caso de ser aprobadas, estas medidas aportarían casi 1% del PIB.
No se incluyó la reversión del aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que representaría para el gobierno nacional alrededor de 0,4% del PIB adicionales, que sería presentada en un proyecto aparte. Del lado del gasto, el proyecto prevé la suspensión en la
actualización de la fórmula previsional, pero el “ahorro” previsto para 2024 no requeriría de una reducción adicional en el poder adquisitivo de los que perciben haberes superiores a la mínima, sino mantener los niveles ya licuados de finales de 2023.
Además, se incluye una ambiciosa reforma de la administración nacional, como así también de los fondos fiduciarios, cuyo impacto fiscal es difícil de cuantificar. Finalmente, se pide una autorización para privatizar todas las empresas del Estado.
No es fácil estimar ahorros de gastos o ingresos porque el elevado costo del capital reduce el valor de las compañías y algunas no parecen tener un precio positivo, aun cuando mejoren su eficiencia.
Los ajustes de precios relativos se han circunscripto al salto en el tipo de cambio oficial (con dudas acerca de cómo evitar una apreciación importante en un contexto de altísima inflación, al menos durante los próximos tres meses), y la liberación de precios contenidos por la discrecionalidad de los acuerdos con empresas o la falta de actualización en las prepagas.
No se ha avanzado en reducir los subsidios a la energía y el transporte, a la espera de las audiencias públicas que lo habiliten. En el frente monetario, el BCRA incentiva a las entidades financieras a cambiar letras propias por deuda del Tesoro. Y, además, fijó la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación esperada, lo que reduce el valor real de los agregados monetarios.
Se cambia déficit cuasifiscal por fiscal y se puede ganar la opción de hacer política monetaria tradicional en el futuro sin que espiralicen los pasivos del BCRA, pero se aumenta la magnitud del desequilibrio del Tesoro a resolver, al mismo tiempo que se corre algún riesgo de disminución adicional en la demanda de dinero.
Los avances en las reformas estructurales son muy importantes. Se modifican normas en los mercados de factores y de bienes que deberían reducir los sobrecostos e ineficiencias que crean las regulaciones excesivas.
Por ejemplo, se desregulan varios mercados, entre otros: aéreo, alquileres, combustibles, seguros, tarjetas, varios agropecuarios, pesca, obras sociales, provisión de internet.
También se reducen sustancialmente los costos excesivos de las indemnizaciones por despido al mismo tiempo que se mejoran los ingresos de los trabajadores al sacar la obligatoriedad de aportar la cuota sindical y dejar de retener un porcentaje del aporte transferido de una obra social a una prepaga, y además se extiende el período de prueba.
Se reducen los costos de insumos y bienes finales al eliminar las restricciones no cuantitativas a las importaciones que, de todos modos, siguen muy protegidas por aranceles, derecho de estadística e impuesto PAÍS; se liberan exportaciones al eliminar cupos y se suprimen algunos incentivos fiscales que ya no estarían vigentes, aunque se mantiene sin cambios el régimen de Tierra del Fuego.
Aparecen algunas dificultades que habrá que sortear en los próximos meses. La primera, es la legalidad del DNU, cuestionada en la justicia, y la capacidad del gobierno de lograr acuerdos para la mayoría de las reformas incluidas en el proyecto de Ley. La segunda, es seguir recuperando reservas en el BCRA cuando, dentro de 120 días, haya un flujo normal de importaciones y, antes, cuando se vea si el Bopreal permite limpiar las deudas acumuladas por importaciones de bienes y servicios sin que en ese proceso se afecte la brecha cambiaria.
La tercera, es la caída estacional en la demanda de dinero que se da a fines de enero. La cuarta, es lograr plasmar en los números los ahorros fiscales previstos y mejorar la gestión del Estado. La quinta, es lanzar un plan de estabilización que reduzca sustancialmente la tasa de inflación.
Los desafíos son enormes, pero la pesada herencia recibida y el desencanto de la mayoría de la población con el fracaso del populismo K da una esperanza de que el cambio, esta vez, sea duradero.
* Economista de FIEL.