Por Diego Barovero *
Hace cincuenta años, el 12 de octubre de 1963, Arturo Umberto Illia asumía la Presidencia de la Nación junto a su vicepresidente, Carlos Perette. También asumieron los ministros de Interior Juan Palmero, de Relaciones Exteriores Miguel Angel Zavala Ortiz, de Defensa Leopoldo Suárez, de Economía Eugenio Blanco, de Justicia y Educación Carlos Alconada Aramburú, de Obras Públicas Miguel Ferrando, de Salud Pública Arturo Oñativia y de Trabajo Fernando Solá.
Meses antes, el 7 de julio la fórmula de la Unión Civica Radical del Pueblo Illia-Perette ganaba las elecciones presidenciales; no obstante el falso relato acerca de que Illia llegó al Presidencia de la República en forma ilegítima, por una supuesta proscripción del peronismo y con menos votos de los que verdaderamente obtuvo.
El proceso electoral -consecuencia del derrocamiento del presidente Arturo Frondizi- fue confuso y enredado. Regían prohibiciones parciales para que el peronismo -en tanto así se denominara- y su líder participaran de los comicios. Sin embargo desde 1962 el movimiento fundado por Juan Domingo Perón que se hallaba forzosamente exiliado desde su derrocamiento en 1955, había encontrado formas alternativas de participación electoral mediante otras denominaciones y la formación de frentes. De hecho, tras el triunfo militar del sector Azul del Ejército en la crisis castrense reciente, existía en medios militares la voluntad de permitir que el justicialismo compitiera en los comicios convocados por el presidente interino José María Guido para mediados de 1963.
Todos los partidos políticos organizados conforme al régimen legal vigente participaron de los comicios y aceptaron las reglas de juego. Incluso el peronismo -o los peronismos, porque había varias fracciones incluso enemistadas entre si- encolumnándose con la propuesta militar oficial de conformar un Frente Nacional y Popular que podría presentar una fórmula integrada por un alto jefe militar o por un importante empresario de la burguesía nacional.
Frustradas ambas posibilidades y con el explícito apoyo de Perón desde el exterior, la fórmula quedó integrada por el dirigente conservador Vicente Solano Lima y el ucrista Carlos Sylvestre Begnis. Otros dirigentes peronistas intentaron sin suerte formar un frente desde el Partido Demócrata Cristiano.
PROCESO TUMULTUOSO
En un proceso tumultuoso y a pocos días de la elección y por diversos motivos los candidatos mencionados renunciaron, vale decir que por los plazos del calendario electoral no podía proclamarse otra fórmula distinta. Así, se resolvió salvar la crisis interna (tanto del Ejército que influía desembozadamente para que el gobierno interino apoyara la opción frentista, como del propio peronismo) acusando la famosa "proscripción" y difundiendo un disco con la orden de Perón de votar en blanco porque en realidad no quedaba otra opción. Todos los demás partidos continuaron con su campaña y ninguno denunció que los comicios fueran a ser ilegítimos.
El domingo 7 de julio la boleta de los candidatos radicales Illia y Perette obtuvo el 34% del total de los votos afirmativos válidos emitidos, que representaba el 25,1% del total del padrón electoral. Es lógico porque los votos en blanco y nulos no se contabilizan para la distribución de escaños en los colegios electorales (En los que Illia superó ampliamente el 50%, porque la elección presidencial era indirecta en virtud del sistema de la Constitución Nacional de 1853) y en las Cámaras del Congreso.
Sin embargo siempre se remarcó este último porcentaje (25%) por ser menor, como forma de deslegitimar a Illia que no era el candidato del poder y que de hecho sería derrocado por una conjunción de intereses económicos y políticos nacionales y extranjeros tres años más tarde.
Pero la UCR obtuvo una cifra claramente superior al 18.8 % de votos en blanco (seguramente seguidores del peronismo) y el 16. 4 % de la UCRI de Oscar Alende y poco más del 14% de Pedro Aramburu.
LA GESTION
Desde el Gobierno, el Presidente Illia se atuvo estrictamente a la Plataforma electoral del programa radical de Avellaneda de 1945. Para Illia el cumplimiento fiel del contrato electoral con la ciudadanía era un principio esencial del sistema democrático. "Esta es la hora de la gran Revolución Democrática, la única que el Pueblo quiere y espera, pacífica, si, pero profunda, etica y vivificante", dijo en su discurso de investidura.
Su gobierno aplicó una política internacional independiente. Se opuso a la intervención armada de Estados Unidos en la República Dominicana. Obtuvo el apoyo de la ONU a través de la Resolución Nº 2065, que obligaba a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en las Islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.
Decretó la nulidad absoluta de los contratos de concesión de explotación y comercialización del petróleo por vicios de legalidad y por ser dañosos a los derechos e intereses de los argentinos. Instauró y aplicó el salario mínimo vital y móvil, y reguló los precios del consumo popular, ordenando el Comercio Interior con la Ley de Abastecimiento que se dictó durante su gobierno. Con esa política de precios y salarios se obtuvo un notorio incremento de la participación real de los trabajadores en la distribución del Ingreso Nacional.
No aceptó negociación alguna con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que su gobierno directamente no tuvo relación. Sin embargo, su política gradualista en materia monetaria posibilitó la virtual eliminación de la deuda externa argentina.
La inflación estuvo prolijamente controlada sin ajustes recesivos, y no superó el promedio del 6 % anual. Hubo plena ocupación, con índices de desempleo que no pasaron nunca del 4 %. El producto bruto interno creció a un ritmo de mas del seis por ciento promedio. Fue impulsor del Plan Nacional de Desarrollo, un riguroso modelo de transformación democrática de las estructuras económicas y sociales.
En materia agraria, prorrogó los arrendamientos y aparcerías rurales, permitiendo el acceso a la propiedad a los productores desalojados o excluidos de las prórrogas, creó el Consejo Agrario Nacional con la finalidad de elaborar un plan de reforma agraria integral y condonó las deudas de las cooperativas agrarias.
Llevó adelante un exitoso plan de alfabetización, la defensa y promoción de la Educación Popular, y elevó a casi el 25 % ciento el presupuesto educativo. Fortaleció la autonomía universitaria, y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después. Aplicó una reforma del Hospital Público y dictó la ley de Medicamentos, que al propio tiempo que promovía la industria de los laboratorios nacionales, disminuyó drásticamente el costo de los remedios medicinales, considerados un bien social.
Durante su gestión, no existió un solo acto de corrupción en la Administración Pública. Sin embargo, promovió la modificación del Código Penal para que en casos de sospecha sobre funcionarios por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, se invirtiera la carga de la prueba, como una forma de proteger el erario.
EL DERROCAMIENTO
En las elecciones de renovación del Congreso de 1965, el Gobierno de Illia había ya levantado gradualmente las proscripciones que pesaban sobre el peronismo que obtuvo más votos que el radicalismo y los demás partidos.
El Golpe de Estado del 28 de junio de 1966, que derrocó al gobierno constitucional, fue uno de los actos más perjudiciales para la continuidad institucional y el auténtico desarrollo socioeconómico de la Argentina.
Obedeció a varias causas: el enfrentamiento de la administración de Illia con los capitales petroleros y las empresas multinacionales farmacéuticas, el posible retorno al poder del peronismo, la extraordinaria campaña de acción psicológica a través de todos los medios de comunicación atribuyendo lentitud e ineficacia al gobierno que las cifras objetivas y estadísticas desmienten; y una nueva coalición entre las jerarquías sindicales y los mandos militares e inspirados en la doctrina de la Seguridad Nacional.
Después de su caída en 1966 y hasta su muerte en 1983, Arturo Illia fue el símbolo de la decencia política, de la recuperación democrática, de la formación de la conciencia nacional y la preservación del patrimonio común de la Nación.
* Abogado e Historiador. Vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano