La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal acaba de resolver que es imprescriptible uno de los tantos crímenes aberrantes cometidos por Montoneros. Se trata del asesinato de más de veinte personas, cometido por medio de una bomba colocada por uno de sus agentes en el comedor del Departamento Central de Policía, allá por julio de 1976.
Al fallar así, la Cámara revocó lo decidido por la jueza María Servini de Cubría, la más veterana del deplorable cuadro de magistrados que ofrece ese fuero, quien había considerado que ese delito se hallaba prescripto.
El tribunal estimó que lo sucedido en ese comedor “…y lo acontecido luego con la omisión de la investigación para su esclarecimiento constituyen una grave violación de los derechos humanos”, resolviendo, en consecuencia, “…revocar la extinción de la acción penal por prescripción oportunamente dispuesta y los consecuentes sobreseimientos dictados en este sentido en este sentido”.
Dispuso, asimismo, llamar a indagatoria al jefe de ese grupo marxista con careta de peronismo, Mario Firmenich, hoy burócrata asalariado de la dictadura que sufre Nicaragua.
El título de estas líneas se debe al sesgado –o decididamente canallesco– rumbo seguido por nuestros jueces, casi sin excepciones, en cuanto a la violencia de los años setenta. Porque atiborran las cárceles militares inculpados por testimonios de testimonios o por algún testigo que dice recordar su voz, aunque fuera imposible que la oyera en el lugar y en el momento en el que se les endilga haber estado.
Para ellos, la Justicia ha entendido que sus crímenes no se purgan por prescripción; criterio que, incomprensiblemente, no aplica, hasta este fallo, a los cometidos por la guerrilla. Ello, aunque el Estatuto de Roma, que instaura la Corte Penal Internacional, es claro en cuanto a que son imprescriptibles los actos de terrorismo realizados “…de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos para promover esa política” (arts. 7 y 29). Actos de terror que Montoneros, ERP y otros prodigaron con generosidad.
Pues bien, tal vez este fallo sea el comienzo de una tardía pero más equilibrada manera de ver las cosas. Que las torturas infligidas al coronel Igarzábal -acribillado cuando ya pesaba sólo 35 kilos- que los crímenes cometidos contra soldados conscriptos en Formosa, Azul, el Arsenal Domingo Viejobueno y La Tablada y que los asesinatos de las hijas del capitán Viola o del almirante Lambruschini hayan sido errores de jóvenes equivocados pero idealistas, perdonables por el paso del tiempo, clama al cielo.
Una reflexión colateral: el juez preopinante, Dr. Llorens, desliza en su voto que, de todos modos, los crímenes cometidos por el gobierno militar son más graves que los que cometió la guerrilla. Opinión bastante difundida dentro de lo políticamente correcto. Por cierto, que un Estado no debe reprimir al margen de la ley. Pero también es cierto que el gobierno que asumió tras el golpe del 76, no nos trajo la subversión. En toda guerra alguien dispara el primer tiro. Y fueron los guerrilleros, matando a mansalva y placer, quienes provocaron ese golpe. A raíz del cual todos, no sólo ellos, perdimos nuestros derechos cívicos.
Bien. Vuelvo al fallo. Aunque llega con demora, es de esperar que se comiencen a enfocar los crímenes de la subversión con el lente que en él se emplea. Porque fueron, claramente, de lesa humanidad.