Esta historia no es real, la transcribo aquí porque imagino que bien pudo haber ocurrido. Una señora de aspecto humilde, apoyada en el mostrador, pide dos kilos y medio de asado. El carnicero con la intención de ser gracioso le dice "Qué suerte tenés que podés comer asado". La mujer, sin inmutarse, comienza el siguiente relato: "Si tengo suerte y mucha. Mirá, este mes nomás, cobré 2.300 de escolaridad porque tengo cinco hijos; 15 mil de asignación del mes pasado y 15 mil de este mes; 10 mil del bono y 12 mil de la tarjeta (alimentaria). Una de mis hijas que vive conmigo cobró los 10 mil del bono, 5 mil de asignación y 8 mil de tarjeta. Y ahora mi marido fue a cobrar su bono. ¿Por qué no voy a poder comer asado?". No lo sume querido lector, ya lo hice yo, la señora recibió este mes del Estado, 87.300 pesos.
Todo ese dinero sin ninguna contraprestación de su parte. Quiero que se me entienda bien, no estoy negándome a la ayuda social, pero debería ser coherente, controlada, pedir algo a cambio, como por ejemplo unas horas de trabajo comunal. Entonces podrían los municipios tener mano de obra útil para pintar colegios, arreglar y cuidar plazas, por ejemplo. Sé que al final de esta columna llegarán los epítetos tachándome de facho y esas cosas, me da igual, en mi vida periodística fui de todo, se lo juro, de todo. Yo tengo hijos que tienen hijos y trabajan y se ganan la vida decentemente, alguno de ellos no puede comer asado, le prometo que es así, no puede darse "ese lujo" y se va a trabajar a las siete de la mañana y vuelve a su casa a las ocho de la noche. Y esta semana ya le dijeron que le pagarán la mitad. Mientras a los que trabajan le reducen el salario, a los que no trabajan los premian con bonos.
¿Cuál es la coherencia del sistema? Ya sabemos que los planes sociales son, básicamente votos cautivos, pero cada uno de esos votos es la negación de un futuro mejor para el país. Seguimos generando una sociedad que ignora la cultura del trabajo y se pone en la acera de enfrente de la educación porque nadie los anima y les dice de su importancia. ¿Hasta cuándo? Para que usted tenga una idea estos son los planes que pagamos todos los argentinos: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria; Plan Nacional de protección social; Plan Nacional de Primera Infancia; Becas Progresar; Tarifa social energía eléctrica y gas natural; Programa Hogar; Sumar; Incluir Salud; PNC Madres de 7 o más hijos; PNC graciables y leyes especiales; Hacemos; Proyectos productivos comunitarios (Salario social complementario): Planes nacionales de empleo;
Pensión universal adulto mayor (PUAM); Asignación universal para protección social (hijo e hijo con discapacidad); Asignación embarazo para protección social; Asignación familiar prenatal. Son 21 millones de argentinos que cobran uno o más de estos planes de los cuales cuatro millones son niños.
En los primeros días de su mandato, Alberto Fernández anunció un proyecto junto a los ministros de Economía y Trabajo que modificaría la prestación de los planes que serían otorgados contra una prestación laboral. Era obvio que el proyecto no fructificaría, los sectores más radicales del oficialismo no quieren semejante propuesta que pueda fastidiar a sus tan fieles electores. "Si los mandamos a trabajar no nos votan más", parece que fue la frase utilizada para desarticular el proyecto. La economía está destrozada y el coronavirus la pone al borde del colapso total y seguir sosteniendo este costo puede ser una especie de suicidio. La clase media mientras tanto, conocedora de estas políticas, se pregunta, ¿a quién le van a sacar la plata que se necesita? Hay 21 millones a los que no y sería justo si todos ellos estuvieran censados y se conociera de verdad su situación social. Seguramente el muestreo arrojaría una realidad muy distinta a la que se supone que estamos pagando. Pero así a ciegas, adjudicadas las ayudas a través de punteros políticos, sistemas barriales manejados por militantes que en su gran mayoría viven como la clase media acomodada y se dan el lujo de repartir tarjetas alimentarias a sus amigos que van con sus coches a los supermercados sin disimular su miserable accionar, no podemos seguir. Hay que terminar con esta supuesta "justicia" injusta, que permite ganar elecciones pero también nos reaviva el vicio de la dádiva fácil, de generar la ausencia absoluta de la cultura del trabajo. Tal vez el censo nacional que debía realizarse este año se posponga, pero cuando se haga, sería muy bueno que se llevara a cabo un relevamiento real de la situación de la gente que recibe planes de ayuda. Limpiar las listas, dar de baja las injusticias y entonces poder brindar la ayuda necesaria a quienes de verdad la necesitan. Justicia social no es asegurar voluntades, es otra cosa muy distinta, aunque en su nombre, se alimenten verdaderas organizaciones políticas destinadas a asegurar el caudal de votos necesarios. Ya sabemos que nada cambiará, pero hay que decirlo para que el ciudadano esté advertido. Ya hubo síntomas, le quitaron poder adquisitivo a los jubilados que aportaron toda su vida laboral pero le aumentaron los planes a muchos que no lo merecen o abusan de los mismos. Igual, la señora se comerá su asado, y los abuelos deberán esperar.
V. CORDERO